«Este 1° de Mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores, se esperaba al menos un mensaje, aunque fuera hipócrita, del presidente de la Nación en reconocimiento a la clase trabajadora. Sin embargo, esa esperanza fue vana. En lugar de eso, el discurso oficial se inundó nuevamente de insultos dirigidos a supuestos enemigos, sean reales o fabricados, y a una larga enumeración de datos económicos que difícilmente resisten un mínimo análisis de veracidad. La jerarquía del Ejecutivo reafirmó aquella vieja costumbre de mostrar un claro desprecio hacia quienes construyen el país con su trabajo diario», comienza diciendo el comunicado de esta semana emitido por la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilad@s y Pensionad@s de Argentina.
Funcionarios, legisladores propios y aliados políticos afines y comunicadores sociales complacientes, reforzaron la narrativa presidencial con la visible intención de generar más confusión. «De ese mar de declaraciones se puede extraer, no obstante, un dato clave: el apuro del Gobierno por aprobar una reforma jubilatoria que responde a las demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI)», sostienen desde la Mesa Coordinadora.
En efecto, el proyecto oficial, que será tratado próximamente en el Congreso Nacional, plantea un endurecimiento evidente en los requisitos para acceder a la jubilación. También propone elevar la edad para retirarse, eliminar las moratorias previsionales que, en su gran mayoría, han permitido a sectores vulnerables acceder a este derecho e implementar una pensión mínima para quienes no cumplan con un número determinado de años aportados, con un aumento en la edad para acceder a la misma y un pago proporcional al tiempo trabajado. Esta reforma no es un simple ajuste, sino un propósito claro de convertir la jubilación en un mero subsidio con carácter asistencial, encaminando al país hacia un sistema privado de pensiones similar a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que en los años ’90 fomentaron profundos recortes en los derechos previsionales.
Esta no es la primera vez que se anuncia una ofensiva contra el sistema de seguridad social; en esta oportunidad, la embestida parece estar más afianzada al estar acompañada no sólo por las fuerzas políticas que sostienen la presidencia de Milei, sino también por los grupos económicos que históricamente han considerado a la clase trabajadora un obstáculo para sus ganancias.
«La lucha que se avecina no es sectorial ni exclusiva de un grupo particular, sino que encarna una nueva etapa del conflicto de clases en Argentina. Por un lado, un poder económico nacional y transnacional que busca consolidar su dominio, debilitando los derechos laborales y previsionales que costaron décadas de lucha y sacrificio; y por el otro, una clase trabajadora unida con jubilados, que se mantiene firme en defensa de sus legítimos derechos adquiridos», analizan los integrantes de la Mesa.
En este escenario, la batalla por el sistema previsional es decisiva para el futuro del país y la suerte de éste depende de la participación activa y unificada de las organizaciones sindicales y sociales, de los movimientos territoriales, culturales y estudiantiles, así como de las fuerzas políticas comprometidas con la justicia social. «No se trata sólo de detener la ofensiva neoliberal sino de construir una alternativa estratégica, que dé paso a una sociedad más justa, democrática e igualitaria, donde el trabajo y la seguridad social sean pilares inquebrantables», destaca la Mesa Coordinadora Nacional que, junto a otras entidades, impulsa un proyecto de ley para establecer un sistema previsional público, de reparto, solidario, asistido e intergeneracional.
La propuesta fundamental es que el sistema previsional esté conducido y administrado mayoritariamente por los propios trabajadores activos y jubilados, con una participación estatal minoritaria encargada únicamente de garantizar su correcto funcionamiento, tal como lo establece la Constitución Nacional.