MUJERES REFUGIADAS EN ARGENTINA

El “Diálogo entre Mujeres Refugiadas” incluyó a más de veinte mujeres mayores de 15 años, que viven mayoritariamente en barrios precarios, oriundas de países como Haití, Colombia, Perú, Chile, Rusia y Nigeria, y que abandonaron su país de origen por distintas circunstancias.

“Más que los informes, la mejor y más confiable manera de detectar los problemas de las mujeres refugiadas es el diálogo con ellas, porque participan identificando intereses y problemas concretos”, subrayó Valeria Picco, Consultora de Género de ACNUR, encargada de presentar a la prensa el informe junto con Juan Pablo Terminiello, Oficial Legal Asociado del organismo.

“En la ONU hay un marco de ley de protección a los refugiados que avanzó desde 1951, cuando se creó la legislación, ya que se ampliaron los sectores de protección, y se incluyen también en los criterios a las personas en situación de violencia de género”, destacó Terminiello.

Desde ACNUR también destacaron la legislación argentina vigente, ya que la ley de Protección Integral de las Mujeres “constituyó un fuerte impulso para que los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil redefinan las políticas nacionales en materia de prevención, protección y eliminación de la violencia contra las mujeres”, destacaron en el documento presentado a la prensa.

En el documento se sintetizan las principales problemáticas de estas mujeres, siendo la “central” la violencia sexual y basada en género, que surge principalmente en los ámbitos privados e intrafamiliar, aunque también en espacios públicos.

Otro tipo de violencia que sufran estas mujeres se relaciona con las cuestiones de salud, que son “fuente de preocupación y angustia permanente”, ya que ellas manifiestan “no tener o no conocer formas de acceso a la salud sexual y reproductiva, que existen actualmente en los servicios hospitalarios”.

La “violencia laboral y económica” es otra de las problemáticas que viven las mujeres refugiadas ya que “no encuentran posibilidades materiales de ejercer su autonomía”, fundamentalmente por la desigual distribución de tareas a nivel intrafamiliar, sesgadas por el género, y también por la explotación laboral que sufren algunas de ellas al desarrollar actividades al margen de la legalidad.

Por último, la dificultad de acceso a la “vivienda adecuada”; en el caso de algunas mujeres solteras, debido a la dificultad de pagar los alquileres; y en el caso de mujeres que han sido maltratadas por sus parejas, por la falta o desconocimiento sobre instituciones que brinden refugio temporal en situación de violencia.

Desde ACNUR concluyeron que, aunque la situación de vulnerabilidad de derechos y el riesgo que eso significa para estas mujeres es un hecho, “los actores gubernamentales y civiles están dispuestos a lograr un mejor entendimiento de las prioridades, capacidades y propuestas de las mujeres en materia de protección”.