CRISIS EDILICIA EN LUGANO

En el marco de un amparo impulsado por un grupo de vecinos en reclamo de soluciones a los problemas edilicios de la Torre I del barrio de Villa Lugano, la jueza porteña Elena Liberatori ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al IVC que adopten medidas ante los riesgos existentes en la instalación eléctrica y la ausencia de medidas de seguridad contra incendios. La resolución fue dispuesta luego que un relevamiento realizado por orden judicial por la Dirección General de Defensa Civil, donde se comprobaron las deficiencias en el estado del inmueble.

La titular del juzgado N° 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Elena Liberatori, ordenó al Gobierno porteño y al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) que “se adopten las medidas que correspondan a fin de solucionar el riesgo eléctrico y la provisión de los correspondientes matafuegos en el la Torre 1 de la Avenida Cafayate 5290″ del barrio de Villa Lugano. La resolución, firmada el pasado 10 de agosto, se enmarca en una acción de amparo impulsada por un conjunto de vecinos residentes del edificio en cuestión con el objeto de solucionar los problemas edilicios existentes, y fue dictada tras disponerse un relevamiento del estado del inmueble a cargo de la Dirección General de Defensa Civil.

La magistrada sostuvo que del informe brindado sobre el relevamiento dispuesto “se desprende que existe un riesgo eléctrico inminente” y que la Torre 1 de Lugano “no cuenta con medidas de seguridad contra incendios“, ya que según la respuesta de la Dirección General de Defensa Civil “la instalación eléctrica, cableado, llaves de luz y luminarias se encuentran fuera de toda normativa vigente”, también “se observan repetidas condiciones peligrosas que pueden terminar en un inminente accidente de consecuencias graves o fatales”, además que “el edificio está desprovisto totalmente de matafuegos”.

Ante el pedido efectuado por la Asesoría Tutelar para que se presente un plan respecto de las necesidades más urgentes respecto del mantenimiento de la torre, y “teniendo en cuenta las sucesivas reparaciones urgentes ordenadas en los presentes actuados y la situación de extremo peligro expuesta por la Dirección General de Defensa Civil“, la jueza Liberatori ordenó la adopción de medidas para solucionar el riesgo en materia eléctrica y de incendios, y convocó “a una mesa de trabajo en los estrados del Juzgado” integrada por el propietario a cargo del consorcio, la parte actora y sus abogados, la asesora tutelar Mabel López Oliva, la Procuración de la CABA y el Presidente del IVC, Emilio Basavilbaso o quien este designe, con facultades para tomar decisiones.