Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) en los primeros ocho meses de 2025 muestra un fuerte ajuste del gasto público, con una reducción real del 31% respecto a 2023.Este recorte, que reconfigura prioridades y programas en áreas sensibles del Estado, explica con cifras y porcentajes el deterioro en la calidad de vida que experimentan los argentinos.
Recorte generalizado con excepciones puntuales
La fotografía global deja ver una disminución transversal, aunque con ganadores y perdedores bien marcados. Entre las partidas que concentran mayores incrementos se encuentra la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de la Presidencia de la Nación, que registra un aumento del 23% respecto a 2023. En paralelo, los Servicios de Deuda Pública mantienen un peso significativo en la estructura del gasto: representan el 9% del total, lo que limita márgenes de maniobra para otras políticas.
Salud pública: Este sector emerge como uno de los más golpeados. La Superintendencia de Servicios de Salud sufre una disminución del 56% en la ejecución; los hospitales nacionales muestran ajustes que oscilan entre -30% y -38%; el Instituto Malbrán cae un 26% y la ANMAT un 27%. El Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte registra una caída del 35%. Un dato en contracorriente es el INCUCAI, que exhibe un aumento del 20% en su ejecución, pero resulta insuficiente para neutralizar la severidad de los recortes en servicios sanitarios esenciales.
En términos de programas de prevención y atención, algunos rubros aparecen virtualmente paralizados: Atención sanitaria en el territorio y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles muestran ejecuciones del -100%, mientras que otras áreas preventivas y de respuesta a patologías específicas registran caídas cercanas al -74% o -89%. La única excepción positiva en salud es el rubro “Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica”, con un aumento del 41%.
Ciencia y tecnología: Es otro de los sectores que sufre recortes generalizados y de gran magnitud. El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación cae un 83%; la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), un 40%; el CONICET retrocede un 29%; y organismos como el Servicio Geológico Minero Argentino (-32%), el Servicio Meteorológico Nacional (-23%), la Fundación Miguel Lillo (-26%) y la CONEAU (-27%) también ven reducida su ejecución. Este panorama sugiere una disminución en la inversión en capacidad científica y tecnológica a mediano y largo plazo.
Protección social y desarrollo: Los organismos vinculados a la seguridad social y al desarrollo muestran retrocesos notables. La ANSES presenta un recorte del 7%, mientras que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia cae un 72% y el INAES un 75%. Programas clave de Desarrollo Social sufren quitas drásticas: Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social registran ejecuciones cercanas al -100%. Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia cae un 89% y Comedores Comunitarios y Merenderos retroceden un 74%. Estas cifras ponen en tensión la capacidad del Estado para sostener redes de protección y políticas de inclusión en un contexto de menor gasto.
Producción, energía y transporte: En materia productiva e infraestructura, las restricciones son severas. La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo presenta un recorte del 76%; el INTA cae un 37% y el INTI un 44%. En el área energética, organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica retroceden un 39%, el ENRE un 24% y el ENARGAS un 26%. El salto hacia la contención del gasto se traduce en paralización de obras y proyectos estratégicos.
El transporte y la obra pública sufren ejecuciones extremadamente bajas: desde Infraestructura en Municipios y Rutas Nuevas hasta Obras de Pavimentación y Construcción de Túneles y Puentes Grandes, las caídas oscilan entre el -89% y el -100%. Proyectos de importancia para la conectividad y la mitigación de problemas urbanos, como la Cuenca Matanza-Riachuelo, muestran caídas próximas al -98%.
Seguridad y fuerzas armadas: Ambas áreas experimentan recortes sensibles: Policía Federal (-32%), Gendarmería (-29%), Prefectura Naval (-29%), Ejército (-17%), Armada (-20%) y Fuerza Aérea (-21%). Aunque se trata de reducciones dispares, el conjunto apunta a un recorte en el gasto asociado a seguridad interior y capacidades operativas.
Educación: Sector que presenta ejecuciones casi nulas en programas críticos vinculados a equidad y formación: Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente aparecen con ejecuciones del -100%; Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles cae un 88%; Becas y Gestión Estudiantil un 77%; Acciones de Formación Docente un 79%; Infraestructura y Equipamiento un 46% y Desarrollo de la Educación Superior un 30%. La magnitud de estas reducciones sugiere un retroceso en políticas orientadas a la inclusión digital, la formación docente y la infraestructura escolar.
Las transferencias a provincias y municipios registran fuertes ajustes: Asistencia Financiera y Técnica a Municipios (-98%), Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%), Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (-100%) y transferencias a entes de la Secretaría de Obras Públicas (-99%) y a la Secretaría de Energía (-83%). En paralelo, la partida “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional” cae 31%. Estos recortes impactan directamente en la capacidad fiscal y operativa de gobiernos subnacionales para ejecutar obras y políticas locales.
Lectura general y posibles implicancias:
- Reconfiguración de prioridades: La caída del 31% real del gasto total implica una reordenación de prioridades donde el servicio de la deuda conserva un peso importante y áreas estratégicas en salud, educación, ciencia, infraestructura y protección social sufren restricciones severas.
- Efectos concretos: Reducción de servicios, paralización de obras, disminución de capacidad operativa en ciencia y tecnología, y tensiones en la red de protección social y servicios públicos esenciales.
- Riesgos a mediano plazo: Desinversión en ciencia, salud y educación que puede traducirse en pérdida de capacidades técnicas, deterioro de calidad de servicios y aumento de vulnerabilidades sociales.
- Señales políticas: El aumento presupuestario de la Secretaría de Inteligencia y la continuidad del peso de la deuda pública marcan decisiones distributivas del gasto que tendrán impacto en el debate público sobre prioridades fiscales y sociales.
Los primeros ocho meses de 2025 muestran un ajuste presupuestario profundo en la APN que no se limita a una disminución agregada del gasto: implica recortes puntualizados que afectan programas y organismos clave para la salud pública, la educación, la ciencia, el desarrollo productivo y la asistencia social. La lectura de corto y mediano plazo exige observar cómo se traducen estas cifras en servicios concretos y en la vida cotidiana de la población, y qué decisiones políticas y fiscales se adoptan para atenuar o profundizar estas tendencias.