Se ha instalado en la Ciudad de Buenos Aires una preocupante situación que acarrea severas consecuencias para la infancia y adolescencia. Se trata del vaciamiento de las Defensorías Zonales del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA).
Así lo señala un informe elaborado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que revela, con datos y testimonios, el colapso progresivo de estas instituciones fundamentales en la protección integral de los derechos de los sectores más vulnerables. Esta crónica busca relatar con detalle la crisis institucional que atraviesa este sistema vital y las múltiples aristas que la configuran, para denunciar la emergencia social que implica y el llamado urgente a una respuesta sostenida y efectiva.
La Defensoría Zonal: pilar y paradoja del sistema de protección infantil
Constituidas bajo los lineamientos que dicta la Ley 114 del GCBA, las Defensorías Zonales han sido diseñadas para actuar como el primer espacio estatal de contacto con niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo social, asegurando atención, seguimiento y promoción de derechos. Sin embargo, en la actualidad, estas defensorías operan con solo el 30% de sus equipos completos, una situación alarmante que afecta, sobre todo, a las zonas más vulnerables de la ciudad, como el sur, donde cada equipo debe dar respuesta a 500 o hasta 700 casos activos.
Este desequilibrio entre la demanda y la capacidad de intervención se traduce en una atención fragmentada y muchas veces insuficiente. La precarización laboral que sufren quienes forman parte de estos equipos es una constante: cerca del 40% del personal está contratado bajo la modalidad de monotributo, percibiendo ingresos que no llegan ni a dos salarios mínimos vitales y móviles. Tal circunstancia no solo vulnera el derecho laboral de estos trabajadores, sino que también debilita la efectiva presencia territorial y el compromiso que exige la función de defender los derechos de la niñez.
Violencia laboral y desprotección interna forman un combo nocivo en este contexto. El informe destaca más de 40 renuncias en el último año, un dato que sintetiza el agotamiento y la desesperanza que atraviesan los equipos, además de evidenciar una preocupante ola de persecución interna que mina la confianza y cohesión institucional.
Las consecuencias invisibles: la niñez sin protección
Mientras los equipos sufren estas condiciones adversas, las niñas, niños y adolescentes enfrentan una realidad de desamparo y desprotección. La falta de insumos básicos para la atención, la ausencia de dispositivos adecuados para la intervención y la presión burocrática excesiva generan cuellos de botella que impiden prestar una respuesta efectiva. La articulación interinstitucional necesaria para un abordaje integral no se logra, y las familias en situación de vulnerabilidad quedan sin acceso a los recursos mínimos que garanticen su bienestar y desarrollo.
Un fenómeno particularmente crítico es la creciente judicialización de la pobreza infantil. Lejos de actuar como espacios preventivos y comunitarios, las defensorías son subordinadas a jueces que las utilizan como policías de familia, restringiendo su función original y transformándolas en instancias de control en lugar de atención. Esta judicialización expone a la niñez a procesos traumáticos y estigmatizantes que, lejos de solucionar, profundizan la exclusión social.
Reformas regresivas y amenazas a la autonomía
El informe de ATE Capital también pone en alerta sobre el uso político del estado de crisis para impulsar reformas regresivas a la Ley 114. Entre ellas, destacan los traspasos orgánicos propuestos que debilitarían la autonomía del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, disolviendo una estructura construida para garantizar políticas de protección específicas y diferenciadas.
Este desmantelamiento normativo evidencia un retroceso en materia de derechos, que apunta a debilitar el sistema de protección en lugar de reforzarlo, a la vez que naturaliza el desfinanciamiento estructural que pone a las defensorías al borde del colapso.
Trabajadoras y trabajadores en la cuerda floja
Quizás el eje más humano y doliente de esta situación es el interrogante que plantea el informe: “¿Quién cuida a quienes cuidan?” Los profesionales que conforman las defensorías enfrentan una doble carga. Además del desgaste emocional inherente al trabajo con poblaciones vulnerables, deben sobrellevar condiciones laborales precarias, salarios insuficientes y una sobreexigencia que los coloca en una situación de vulnerabilidad laboral y personal.
Este desgaste afecta directamente la calidad de la protección brindada y constituye una falla ética en el diseño del sistema, que no puede garantizar derechos plenos a quienes son el primer eslabón de la defensa institucional de la infancia.
El llamado urgente: fortalecer un derecho irrenunciable
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la jurisdicción con el Índice de Desarrollo Humano más alto del país. Este dato debería traducirse en una cobertura óptima y efectiva de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la realidad de las defensorías zonales muestra un cuadro opuesto: precarización, abandono y desfinanciamiento, que configuran una emergencia en materia de protección infantil.
La sociedad en su conjunto está llamada a tomar nota y exigir un compromiso político real y sostenido, que incluya financiamiento adecuado, la generación de condiciones laborales dignas y la consolidación de un sistema de protección integral, territorial y comunitario.
La niñez es el futuro, y defender sus derechos es una responsabilidad colectiva irrenunciable. Frente al vaciamiento y colapso del sistema de protección infantil en CABA, la respuesta del Estado y la participación activa de la sociedad civil no pueden seguir demorándose. La defensa de la infancia exige hoy más que nunca una acción urgente, decidida y consciente, que revierta esta crisis y garantice a todas las niñas, niños y adolescentes una vida digna, segura y libre de violencia.