A las 8.30 de mañana del 17 de mayo de 2013, fallecía el represor Jorge Rafael Videla, máximo exponente de la Dictadura Cívico-Militar más cruenta que vivió nuestro país. En el momento de su muerte, se encontraba detenido en penal bonaerense de Marcos Paz, donde cumplía condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Tenía de 87 años y, hacia tres días, se había negado a declarar, tres días en el juicio «Plan Cóndor» en el que estaba siendo juzgado junto a otros 25 imputados.
Videla encabezó el golpe militar del 24 de marzo de 1976 y ocupó la presidencia hasta 1981. Tras la recuperación de la democracia, en 1983, fue juzgado y condenado en 1985 a prisión perpetua y destitución del grado militar por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en el histórico juicio a las Juntas Militares. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal lo halló penalmente responsable de numerosos homicidios calificados, 504 privaciones ilegales de la libertad calificada, aplicaciones de tormentos, robos agravados, falsedades ideológicas de documento público, usurpaciones, reducciones a servidumbre, extorsión, secuestros extorsivos, supresión de documento, sustracciones de menores y tormentos seguidos de muerte.
Si bien el fallo fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1986, Videla cumplió sólo cinco años de prisión efectiva ya que en 1990, el entonces presidente Carlos Menem lo indultó y dictó su excarcelación. En 1998 regresó a prisión luego de que un juez dictaminara que las causas por robo de bebés a embarazadas en cautiverio en centros clandestinos de detención constituían un crimen de lesa humanidad, y por lo tanto eran imprescriptibles. Permaneció 38 días en la cárcel de Caseros hasta que se le concedió el derecho al arresto domiciliario en atención a su edad.
Diez años después, y con la decisión del gobierno nacional de promover los juicios por delitos de lesa humanidad, Videla perdió este beneficio y fue trasladado a la cárcel que funciona en Campo de Mayo.
En 2010 fue juzgado en Córdoba y el 22 de diciembre el Tribunal Oral Federal 1 lo sentenció a prisión perpetua a cumplirse en una cárcel común junto a Luciano Benjamín Menéndez.
En 2012, el 5 de julio en un histórico juicio, se lo sentenció a 50 años de prisión luego de que el tribunal lo encontrara culpable por el delito de «robo de bebés».