El 26 de junio de 2002 el gobierno del entonces presidente Eduardo Duhalde ordenó evitar que organizaciones sociales cortaran el puente sobre el Riachuelo que separa la Capital del sur de provincia de Buenos Aires.
Como consecuencia de esas directivas se desató una represión a cargo de la Policía bonaerense que luego se denominó como la «Masacre de Avellaneda», en la que murieron baleados por efectivos de esa fuerza Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, dos militantes del Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) de la zona sur del conurbano bonaerense.
Por esos hechos, fueron condenados en 2005 el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Costa, entre otros efectivos. Los familiares de las víctimas son querellantes desde 2002 y piden que se investigue la participación intelectual en el caso de Duhalde, el entonces gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, y Juan José Álvarez, que ejercía como secretario de Seguridad de la Nación, entre otros dirigentes.
Alberto Santillán, padre de Darío, considera que «Eduardo Duhalde y Felipe Solá tendrían que estar presos» por la muerte de su hijo y de Maximiliano Kosteki : «Desde hace 12 años el odio me carcome y cuando lo veo a Duhalde me da bronca, impotencia por la impunidad con la que se mueve, de tener que escucharlo presentarse como candidato, como garante de la democracia y la impotencia de escuchar que de su gobierno nunca hubo muertos», afirmó.
Santillán remarcó que «hay una complicidad, no hay voluntad, los policías actúan según el humor político, según las ordenes que ellos den. Más allá de la impotencia y el dolor como padre, no nos olvidamos de la muerte de Darío, pero tampoco nos olvidamos cómo vivió, eso es más importante».
«Esto ha sido una bisagra en la historia, Duhalde quería perpetrarse en el poder y después de este plan macabro que se llevó adelante tuvo que irse cobardemente», expresó y añadió: «no creo que la policía haya cambiado lo más mínimo. Los que estamos en las calles sabemos que tienen un método de extorsionarte, reprimir, mandar a robar a los pibes porque si no los meten presos, los cagan a palos o los hacen desaparecer como el caso de Luciano Arruga».
«En mi retina está la forma de cómo lo matan a mi hijo y no creo en la policía como tampoco cree la sociedad, porque hay policías muy corruptos y no es confiable», confió y enfatizó que «la muerte de Maxi y Darío no fue la locura de un comisario, sino un plan pergeñado por la Justicia y la policía».
«Estoy hablando puntualmente de Eduardo Duhalde, Mauricio Macri, Felipe Solá, que caminan libremente, se postulan, ocupan cargos amparados por la impunidad que les da la Justicia», subrayó.
Alberto Santillán señaló que el juez Lijo «puso preso rápidamente a Fernando Esteche, de Quebracho», y se preguntó ¿por qué no hace lo mismo con el asesinato de Maxi y Darío? No hace falta tener dos dedos de frente para ver que los intereses llevados adelante fueron un pacto político-policial».
En tanto, Vanina Kosteki -hermana de Maximiliano, asesinado junto a Dario Santillán- también, lamentó la impunidad de los responsables intelectuales de este crimen y cuestionó la actuación del juez federal Ariel Lijo: «Es lamentable que a doce años no tengamos justicia».
En declaraciones a radio Nacional Rock, la hermana Kosteki señaló: «Algunos dicen que se condenó a (Alfredo) Fanchiotti y (Alejandro) Acosta pero la condena no está firme; no hay condena que valga si no tiene condena firme. Parece que todo lo que hicimos no sirvió de nada porque cualquier tribunal de casación puede avalar el pedido de nulidad de juicio y quedar en libertad en cualquier momento».
Finalmente, se mostró preocupada por la decisión de Lijo de archivar la causa: «Según él no tiene pruebas suficientes. Y claro, si nunca llamó a declarar a nadie».