domingo, noviembre 28

LA LEGISLATURA PORTEÑA CREÓ EL FONDO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Durante la sesión del jueves 11 de noviembre, la Legislatura porteña aprobó  un proyecto de ley impulsado por el bloque oficialista Vamos Juntos (VJ) que crea el «Fondo para el Desarrollo Urbano Sostenible» (Fodus), iniciativa rechazada por el Frente de Todos (FdT) por considerar que se trata de una herramienta que otorga «discrecionalidad absoluta» al Ejecutivo local para su administración y «consolida» al mercado inmobiliario como planificador de la Ciudad.

En un sentido similar se expresaron los legisladores del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), al decir que el nuevo fondo es un «cheque en blanco» para el Gobierno de la Ciudad y «no toma en cuenta el derecho a la vivienda ni la crisis habitacional».

La nueva ley se establece como objetivo «promover el desarrollo urbano equitativo y sustentable de la Ciudad para facilitar el acceso a la vivienda y financiar proyectos públicos, privados o mixtos de construcción, adecuación o puesta en valor de equipamientos urbanos, espacios públicos, y regeneración sostenible de áreas específicas».

Al respecto, se manifestó el autor del proyecto, Diego García Vilas (VJ), y dijo que el Fodus «establece cuáles son los objetivos de lo recaudado en determinadas áreas prioritarias, como el micro y el macrocentro, donde existe casi una uniformidad de usos, con una gran cantidad de oficinas y comercios específicos en función de esas oficinas, por lo que después de las seis de la tarde, prácticamente no hay circulación de personas».

«Buscamos recursos para una transformación paulatina hacia la mixtura de usos, ayudar a desarrollos nuevos, a la adquisición de espacios públicos y que las oficinas vacías se transformen en viviendas», añadió.

De acuerdo a la nueva ley, el fondo estará integrado por «lo recaudado mediante el pago del Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable del Código Fiscal» y «los bienes que reciba la Ciudad provenientes de aquellos Convenios Urbanísticos que determine el Poder Ejecutivo».

También recibirá «donaciones y legados», «aportes o transferencias» del Estado Nacional o «cualquier otro aporte que establezca el Poder Ejecutivo» local.

Además, se establece que será administrado por la «autoridad de aplicación», que aún no está definida y será designada por el Gobierno de la Ciudad.

Al respecto, el diputado Javier Andrade (FdT) apuntó que en la Legislatura «se votaron 11 convenios y hay más de 100 en danza», y agregó que el dinero que IRSA dará al Ejecutivo porteño a cambio de poder construir en altura en la Costanera Sur «irá a mejorar la infraestructura del mismo predio donde se harán las torres».

El 19 de noviembre próximo comenzará en la Legislatura una audiencia pública donde los vecinos opinarán sobre los 11 convenios urbanísticos que firmó el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con empresas privadas para autorizar, mediante excepciones a la normativa de edificación vigente, la construcción de torres en varios barrios porteños, las cuales ya fueron aprobadas en primera lectura.

«Este proyecto viene a consolidar que el mercado inmobiliario siga planificando la ciudad y que no sea el Estado el que busque una ciudad en la que todos podamos vivir», continuó Andrade.

Luego, criticó que se da «discrecionalidad absoluta» al Ejecutivo local en el manejo de los recursos del Fodus y añadió que garantizar «el acceso a la vivienda no puede ser el objetivo de un fondo porque es una obligación del Estado consagrada en la Constitución» porteña.

Su compañera de bloque María Rosa Muiños dijo a su turno que «no fueron escuchadas las modificaciones» solicitadas por el FdT y advirtió que con el Fodus «permitirá vender bienes» que pertenecen al Estado porteño.

Desde el FIT-Unidad se manifestó la diputada Amanda Martín, quien dijo que, por ser «tan impreciso», el nuevo fondo es un «cheque en blanco» para el Ejecutivo local.

«Para poner en contexto, en las sesiones anteriores solo se trataron convenios urbanísticos para la construcción de torres que encarecen la vivienda a través de la especulación inmobiliaria. Esta Legislatura beneficia a las grandes constructoras y no debate ninguna política para trabajadores y trabajadoras que no pueden acceder a un crédito hipotecario ni pagar el alquiler», fundamentó Martín.

Su compañera de bancada Mercedes de Mendieta evaluó que el proyecto sancionado no apunta a una «urbanización real de los barrios populares o a planes que resuelvan la crisis habitacional».

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