La desocupación en CABA alcanzó el 7,8% como consecuencia de las políticas recesivas del gobierno de Milei, que conllevan una pronunciada falta de inversiones. Paradójicamente, pese a la destrucción de miles de empleos, los beneficios económicos para empresarios y corporaciones han tenido un repunte extraordinario.
Según un informe del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad (IDECBA), la desocupación en el primer trimestre de 2025 aumentó tres puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024, alcanzando un 7,5%. Esto implica un agravamiento de la situación laboral y las condiciones de vida de los trabajadores. Vale recordar que la ciudad de Buenos Aires concentra gran parte de la actividad económica del país y ofrece mejores oportunidades laborales, incluso en medio de una disminución general del empleo, especialmente en el empleo registrado en comparación con el trabajo informal. Esto se agrava aún más en el sur de la ciudad, alcanzando un 10,9% de desempleo en barrios pobres habitados por familias de clase trabajadora. Estas familias están siendo desplazadas hacia el conurbano debido a los negocios inmobiliarios promovidos por el macrismo (y apoyados por los partidos de la oposición en la legislatura), los altos precios de las propiedades y la falta de empleo, además de la persecución de Macri a vendedores ambulantes y trabajadores informales.
El informe presenta, además, un panorama preocupante sobre la situación laboral en la CABA: evidenciando que un 11,8% de la población ocupada está en búsqueda de otro empleo. Dentro de este grupo, un alarmante 30,9% vive en condiciones precarias, caracterizadas por la subocupación horaria, es decir, jornadas laborales inferiores a las 35 horas semanales. Esta condición revela una problemática estructural en la oferta de empleo, que se agrava con el aumento de la tasa de subocupados dispuestos a trabajar más horas, la cual creció 1,2 puntos porcentuales para alcanzar un 8,7%. Este dato es indicativo de una caída en la generación de trabajo estable. Por otra parte, el informe señala que solo el 74,5% de los ocupados son asalariados, y de ellos, únicamente el 74,6% cuenta con aportes jubilatorios, lo que deja a más de un 25% de los asalariados sin acceso a cobertura previsional, una situación que refleja la informalidad y precarización laboral.
Estos datos dejan en evidencia que las políticas públicas aplicadas por la actual gestión de gobierno han facilitado la flexibilización y la explotación laboral a partir de la puesta en marcha de la Ley de Bases y los decretos que limitan derechos fundamentales como el derecho a huelga y las garantías laborales. Contrariamente a lo que se esperaría, el empleo no ha crecido y el Estado ha sido protagonista de despidos masivos en sectores clave como Salud, investigaciones y derechos humanos, afectando gravemente la estabilidad laboral de miles de trabajadores. Desde el punto de vista económico, se critica la continuidad de la llamada «bicicleta financiera», una estrategia que prioriza especulaciones financieras sin generar empleo y que resulta recesiva. Además, se alertan los efectos negativos de las políticas de control inflacionario que, al congelar salarios, jubilaciones e ingresos populares, restringen el consumo y profundizan la recesión, lo que termina por destruir puestos de trabajo, como en el caso de los metalúrgicos y otros empleados en Tierra del Fuego. En suma, el informe advierte que, bajo esta administración, el empleo está en declive, y frente a los límites impuestos a las negociaciones salariales, se plantea la necesidad urgente de movilizaciones como la huelga general y la implementación de un programa económico y social orientado a garantizar empleo digno, mejores condiciones laborales y salariales para los trabajadores.