El reciente informe anual de Human Rights Watch (HRW) reaviva el debate sobre los límites del poder en Argentina. La organización volvió a colocar a la Argentina en el centro de la discusión internacional. La organización advirtió sobre un “deterioro institucional” durante la gestión de Javier Milei y señaló tensiones crecientes entre el programa económico del Gobierno y el respeto a los derechos fundamentales. Las observaciones coincidieron, además, con un fuerte reclamo interno del sector periodístico contra la derogación del Estatuto del Periodista, lo que amplificó el debate sobre el rumbo democrático del país.
El informe plantea que existe un patrón de decisiones oficiales que presiona los límites del Estado de derecho. Según HRW, el Ejecutivo nacional ha intentado eludir controles constitucionales, restringir la protesta social y adoptar una retórica hostil hacia la prensa. En este sentido, el informe subraya que el deterioro institucional no es un efecto colateral del ajuste económico, sino un fenómeno que se desarrolla en paralelo a él.
El protocolo antipiquetes aparece como uno de los puntos más críticos. Mientras que para el Gobierno argentino, se trata de una herramienta necesaria para garantizar el orden público. HRW considera que esta normativa criminaliza la protesta y habilita un uso desproporcionado de la fuerza. Citando a manera de ejemplo la represión de la marcha de jubilados del 12 de marzo de 2025, donde hubo más de 20 personas heridas, entre ellas el fotorreportero Pablo Grillo, que recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. El caso expone un dilema central: ¿hasta qué punto la pretendida estabilidad económica puede justificar restricciones a derechos fundamentales?
El informe también cuestiona la relación del Gobierno con la prensa. HRW señala que declaraciones presidenciales y de funcionarios contribuyeron a un clima de estigmatización hacia periodistas y medios críticos. En paralelo, la decisión judicial que prohibió difundir audios vinculados a la secretaria general de la Presidencia fue interpretada como una restricción indebida a la libertad de expresión. Este conflicto se intensificó el miércoles de la semana pasada, cuando más de 3.000 periodistas presentaron en el Senado un petitorio contra la derogación del Estatuto del Periodista, incluida en la Reforma Laboral. Para el sector, la eliminación de esa norma histórica implicaría un retroceso en las garantías laborales y profesionales que sostienen el ejercicio del periodismo.
La coincidencia entre las advertencias de HRW y el reclamo del sector periodístico revela un telón de fondo sobre la discusión sobre los límites del poder en un contexto de reformas aceleradas. El Gobierno sostiene que su programa requiere decisiones rápidas y contundentes; organismos internacionales, sindicatos y sectores políticos advierten que esa velocidad puede tener un costo institucional elevado.
Para HRW existen en nuestro país una serie de vacíos estructurales que se arrastran desde hace décadas, calificados como problemas crónicos del sistema institucional argentino. Entre los que señala: la ausencia de un Defensor del Pueblo desde 2009, la falta de más de 300 jueces en el Poder Judicial y las controversias en torno a las facultades de inteligencia del Estado. Estos déficits estructurales, advierte la organización, generan un terreno fértil para que cualquier administración —incluida la actual— avance sobre controles y equilibrios democráticos debilitados.
El informe menciona además el escaso avance de la investigación judicial del caso Libra, en el que una comisión parlamentaria señaló un presunto rol clave del Presidente y su entorno. Aunque la causa sigue abierta, la referencia es significativa: tensiona la narrativa oficial que presenta al Gobierno como ajeno a las prácticas de la “casta” política.
La pregunta que emerge es si la Argentina puede sostener simultáneamente un proceso de transformación económica profunda y el pleno respeto a sus garantías democráticas. El debate está abierto y, a juzgar por las reacciones recientes, lejos de resolverse.