El PAMI, la obra social más grande de Latinoamérica que nuclea a jubilados y pensionados de todo el país, enfrenta una nueva oleada de escándalos que pone al desnudo una red de corrupción e irregularidades que funciona dentro de este organismo. Un entramado que involucra a funcionarios designados por el gobierno de Javier Milei, varios provenientes del peronismo, estalló tras denuncias de exfuncionarios sobre regalías para La Libertad Avanza, sobreprecios, intervenciones y tratamientos falsos, y negociados con laboratorios. A la sombra de este negociado, se relega a jubilados y pensionados a una situación desesperante: recortes en medicamentos, en la atención médica, en insumos esenciales y en tratamientos.
Desde hace 45 años, el PAMI se encuentra bajo la lupa constante por diferentes formas de corrupción, que abarcan desde manejos poco claros de sus fondos hasta el fraude en servicios e insumos. Sin embargo, lo que ahora surge gracias a denuncias de exfuncionarios y sectores críticos es un escándalo de magnitudes enormes que involucra directamente a la actual administración. El gobierno de Milei ha colocado a sus propios cuadros en todos los niveles de la estructura del PAMI, pero esta estrategia no ha evitado que muchos funcionarios vinculados al peronismo mantengan cargos estratégicos. Esta convivencia incómoda genera un escenario idóneo para negocios oscuros que se ciernen sobre los recursos de esta institución, de la cual dependen millones de jubilados y pensionados en todo el país.
Uno de los aspectos más alarmantes es la existencia de “diezmos” –o comisiones ilegales– que van directamente a la caja del partido gobernante, Libertad Avanza. Además de estas prácticas, se denuncian sobreprecios en insumos y medicamentos, cirugías fraudulentas (no realizadas o facturadas indebidamente) y acuerdos opacos con laboratorios que comprometen la salud de los afiliados y las finanzas del instituto. Se trata de mecanismos que no solo redundan en la fuga de recursos públicos, sino que impactan directamente en la calidad del servicio, dejando a los jubilados en una posición de total abandono.
La crisis no se limita a los hechos de corrupción. En paralelo, se cristaliza un vaciamiento estructural que afecta a miles de afiliados. La supresión de 177 medicamentos con descuento del 100% ha dejado a gran parte de los jubilados sin acceso a fármacos esenciales para su tratamiento cotidiano, lo que agrava sus condiciones de salud y aumenta la dependencia de compras particulares o la ausencia total de remedios. A esto se suman los despidos masivos, cierres y recortes en oficinas y clínicas del PAMI en distintas provincias, que provocan un deterioro flagrante en la capacidad de atención primaria, la entrega de insumos y la realización de tratamientos necesarios.
Así, la obra social que debería garantizar el derecho a la salud de los sectores más vulnerables está en un franco retroceso, afectando al núcleo familiar de millones de trabajadores jubilados y pensionados, quienes mantienen con sus aportes el sostenimiento del instituto.
Ante esta grave situación, jubilados y jubiladas han comenzado a organizarse en rechazo a la política implementada en el PAMI. El fracaso en garantizar el acceso a los medicamentos y la atención médica ha despertado una fuerte movilización social que no se ve desde hace años. Exigen el fin de la intervención y la normalización mediante elecciones democráticas de directivos por trabajadores y jubilados, así como la apertura de los libros contables para su control por los afiliados. Desde el Plenario de Trabajadores Jubilados que impulsa estas iniciativas, remarcan que sólo una gestión transparente, participativa y comprometida con las necesidades reales podrá devolverle al PAMI su razón de ser.
Lo que está en juego no es solo la administración interna del PAMI. Es el derecho básico a la salud de quienes dedicaron su vida al trabajo y hoy requieren de un sistema de protección social eficiente y digno. El escándalo que golpea a la obra social más grande de la región es una radiografía de la corrupción enquistada en parte de la política argentina y de los mecanismos que desangran los fondos públicos bajo la excusa de una “intervención” que, lejos de limpiar, profundiza el daño.