La vulnerabilidad y el derecho a no ser olvidadas
En el día que se conmemora a las personas mayores, la voz de las instituciones regionales resuena con un llamado urgente: la emergencia climática no es una abstracción técnica, es un riesgo real y presente que golpea con mayor dureza a quienes ya enfrentan barreras sociales, económicas y físicas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) recuerdan con datos, relatos y exigencias claras: los Estados deben tomar medidas de prevención, atención y protección que reconozcan a las personas mayores como sujetos plenos de derecho.
En un barrio costero afectado por inundaciones recientes —escenario repetido en varias partes de la región— se ven imágenes que resumen la advertencia institucional: rampas inadecuadas hacia los albergues, caminos anegados que impiden el traslado, y clínicas con interrupciones en suministros y tratamientos. REDESCA ha documentado que, en desastres hídricos, la carencia de refugios accesibles y la falta de continuidad en la atención sanitaria agravan la situación de las personas mayores. Cuando el fuego avanza y el aire se vuelve tóxico, las estadísticas muestran un patrón similar: mayor incidencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares por inhalación de humo y contaminación, acompañadas de la escasez de agua potable y servicios básicos.
Detrás de cada cifra hay rostros y trayectorias: una mujer que depende de medicamentos crónicos y no puede llegar al centro de salud porque las vías están cortadas; un hombre con movilidad reducida cuya vivienda queda aislada y sin auxilio; comunidades enteras de adultos mayores que deben desplazarse sin información adaptada a sus necesidades. Estas escenas, que se repiten en territorios diversos, evidencian que la emergencia climática no crea vulnerabilidades ex nihilo, sino que profundiza las ya existentes y, con demasiada frecuencia, las convierte en tragedias evitables.
La CIDH no lo plantea como una cuestión solamente de gestión de riesgos: lo sitúa en el terreno de los derechos humanos. El reconocimiento de la emergencia climática como amenaza a la vida y al ejercicio de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales obliga a los Estados a actuar con diligencia. La Corte Interamericana ha subrayado que todos los poderes del Estado deben articularse para proteger estos derechos y destinar el máximo de recursos disponibles para amparar a quienes, por su condición, están expuestos a impactos especialmente graves. En otras palabras: no se trata solo de auxilios temporales, sino de políticas consistentes, presupuestadas y diseñadas con perspectiva de derechos.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores añade otro eje necesario: la obligación de adoptar todas las medidas para garantizar la integridad y atender las necesidades de las personas mayores en los procesos de preparación, prevención, reconstrucción y recuperación ante emergencias y desastres. Es una exigencia que va más allá del lenguaje técnico: implica accesibilidad real en refugios y centros de atención, continuidad de tratamientos farmacológicos y de soporte vital, información comprensible y mecanismos de participación efectiva de las propias personas mayores en la elaboración de respuestas.
Incorporar a las personas mayores en las políticas climáticas no es solamente una práctica de justicia social; es una estrategia eficaz para reducir daños. Además, tiene una dimensión simbólica y cultural: combatir el edadismo —la discriminación por edad—, reconocer la dignidad de la vejez y promover el empoderamiento de quienes han sido históricamente marginados. La participación activa de las personas mayores en la construcción de políticas públicas enriquece las respuestas con conocimiento local, memoria histórica y perspectivas que muchas veces quedan ausentes en los diseños técnicos.
Aún así, las recomendaciones no siempre se traducen en adhesiones y acciones concretas. Por eso la CIDH insta a los Estados que aún no lo han hecho a adherirse a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y a desarrollar respuestas integrales frente al cambio climático. La invitación tiene un doble propósito: formalizar compromisos jurídicos y movilizar recursos y capacidades para proteger vidas en contextos de riesgo.
En la práctica, esto exige varios cambios concretos: incorporar criterios de accesibilidad universal en los albergues y rutas de evacuación; garantizar la disponibilidad y continuidad de medicamentos y servicios de salud durante emergencias; diseñar planes de comunicación inclusiva que lleguen a quien no tiene acceso a internet o que requiere mensajes en formatos adaptados; priorizar la recuperación de servicios básicos en zonas donde habitan altas proporciones de personas mayores; y, sobre todo, crear mecanismos de participación que reconozcan a las personas mayores como protagonistas de las soluciones.
En el Día Internacional de las Personas Mayores, la pregunta es simple y directa: ¿las sociedades de la región están dispuestas a reconocer la vejez como asunto de derechos y a traducir esa voluntad en políticas climáticas que protejan a quienes más lo necesitan? La respuesta de los Estados, apuntan la CIDH y REDESCA, será determinante para no dejar atrás a quienes han construido —y siguen construyendo— el tejido social de nuestras comunidades.
La crónica cierra con una imagen que persiste: un grupo de vecinas y vecinos mayores, reunidos en un centro comunitario tras una riada, trazando con mapas y lápices las rutas seguras, señalando qué medicinas no deben faltar y pactando quién cuidará a quién en la siguiente emergencia. Esa escena resume la propuesta institucional y ética: la protección frente al cambio climático es más eficaz y más justa cuando quienes viven la vejez participan, son escuchados y sus derechos se colocan en el centro de las políticas públicas.