En medio de una crisis económica que afecta a los sectores sociales más vulnerables, las cooperadoras escolares en la Ciudad de Buenos Aires enfrentan un desafío cada vez más contundente: administrar un presupuesto limitado que apenas alcanza para cubrir lo básico en las escuelas públicas. La cifra oficial que reciben del Estado porteño se traduce en apenas 35 pesos por estudiante por día para todo el ciclo lectivo, una suma que, si bien ha aumentado respecto del año anterior (que fue de 25 pesos), sigue siendo insuficiente para satisfacer las necesidades educativas y de mantenimiento de las instituciones.
Esta cuantía se desprende de datos oficiales proporcionados por algunas asociaciones cooperadoras, que reflejan el monto transferido por la cartera de educación que dirige Mercedes Miguel. Los recursos provienen del Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE), cuya transferencia es responsabilidad del Poder Ejecutivo de la Ciudad y está regulada por la Ley 3372. En su artículo 5, esta ley especifica que los fondos recibidos deben destinarse exclusivamente a las actividades establecidas en el Plan Anual de cada escuela.
Sin embargo, la realidad supera la letra de la normativa. Con esos escasos 35 pesos por día y por alumno, las cooperadoras deben afrontar gastos esenciales que van mucho más allá de simples compras: deben adquirir desde productos de higiene y sanitización hasta libros de actas y los elementos simbólicos necesarios para actos relevantes, como la jura de la bandera. Esto implica un esfuerzo logístico y financiero gigante para estas organizaciones, formadas mayormente por padres, madres y alumnos que voluntariamente colaboran con la escuela.
Pero el problema no termina con el monto insuficiente. La demora en la transferencia del dinero es un golpe adicional: a pesar de que el ciclo lectivo comienza en febrero, las cooperadoras no suelen recibir el aporte del FUDE hasta mayo, cuando el primer cuatrimestre ya ha comenzado. Esto obliga a las cooperadoras a asumir con recursos propios y préstamos temporales la compra inicial de productos y materiales, lo que genera tensiones financieras y dificulta la planificación anual.
Otra arista preocupante es que esos 35 pesos diarios no alcanzan siquiera para cubrir un gasto mínimo por alumno, como un chicle o un refrigerio básico. El porcentaje del gasto escolar cubierto con estos fondos ronda apenas el 30%, lo que significa que la mayoría de las actividades, reparaciones y compras necesarias deben ser solventadas con el aporte voluntario de las familias.
Esta última condición agudiza las desigualdades internas entre escuelas. Existen cooperadoras con mayor solvencia económica, generalmente vinculadas a sectores sociales donde las familias pueden afrontar una cuota mensual regular. Pero la mayoría de las escuelas públicas, particularmente aquellas que atienden a sectores más vulnerables, no cuentan con ese respaldo familiar ni financiero, generando una brecha que afecta la calidad educativa y la igualdad de oportunidades.
En este contexto, la figura de la cooperadora escolar se convierte en un actor clave y de alta complejidad: con recursos limitados, grupos de voluntarios deben hacer milagros para sostener la infraestructura escolar, garantizar el acceso a materiales básicos y mantener el calendario de actividades, a pesar de vivir en un contexto macreconómico adverso donde la inflación y la crisis golpean con fuerza.
Queda claro que la política pública actual, con un aporte económico que difícilmente cubre la mitad de los costos, no sólo obliga a las cooperadoras a un esfuerzo desmesurado sino que además profundiza las desigualdades educativas, desdibujando uno de los principios fundacionales de la educación pública: la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de su origen social o económico.
La pregunta que surge inevitable es qué medidas podrían tomar las autoridades para revertir esta situación: mejorar la financiación, agilizar las transferencias, o redistribuir los recursos para que las escuelas más vulnerables reciban un apoyo directo y acorde a sus necesidades. Mientras tanto, las cooperadoras, con sus manos llenas de esfuerzo y compromiso, continúan sosteniendo una educación pública que merece mayor atención y recursos para poder cumplir con su función social y formativa en condiciones dignas.