El domingo, el Instituto Juan Domingo Perón en Recoleta fue desalojado en medio de una protesta liderada por un grupo de militantes que ocuparon estas instalaciones en rechazo al cierre de este emblemático espacio, como también del espacio cultural y gastronómico Un Café con Perón, que funciona desde hace más de diez en ese sitio.
El Gobierno justificó esta clausura argumentando austeridad y, sobre todo, la despolitización en el uso de bienes estatales. Para la Casa Rosada, el mantenimiento de este instituto que contaba con 24 empleados representaba un gasto anual de 400 millones de pesos.
Durante el desalojo, la Policía Federal utilizó gas pimienta y, por orden del presidente Milei, detuvo a Grabois junto a otro manifestante. En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó la acción como un éxito y afirmó que se recuperó un edificio tomado por militantes. Por su parte, el Gobierno aseguró que el inmueble no será vendido y que su colección histórica será distribuida entre la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación y el Museo Evita.
Para quienes se manifestaron contra el cierre del Instituto Juan Domingo Perón, esta medida representaba un ataque a la memoria histórica y al legado peronista. Juan Grabois denunció que el cierre del instituto es parte de una política de desmantelamiento de espacios culturales y de investigación histórica y calificó esta acción como un acto de «resistencia no violenta», afirmando que el instituto era un lugar de homenaje y referencia para personas de todas las ideologías.
Aunque desde el Gobierno se sostiene que la investigación sobre Perón continuará en universidades y centros académicos, algunos sectores intelectuales advierten que la desaparición del Instituto Juan Domingo Perón podría limitar el acceso a documentos, estudios especializados sobre el peronismo y podría hacer peligrar la preservación histórica de estos documentos.
Además, el instituto funcionaba como un espacio de difusión y formación sobre la historia política argentina, con archivos, conferencias y materiales educativos que ahora serán redistribuidos entre la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación y el Museo Evita. Si bien estos organismos tienen capacidad para conservar el acervo, algunos historiadores y docentes temen que la falta de un centro específico dificulte la consulta y el estudio sistemático de estos materiales.
El Gobierno ha mencionado la posibilidad de convertir el edificio en una biblioteca pública enfocada en niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad auditiva y visual. Esto podría representar una oportunidad para ampliar el acceso a la educación en otros sectores, aunque aún no hay detalles concretos sobre su implementación. Vale recordar que el edificio tiene un valor simbólico importante, ya que fue parte de la antigua residencia presidencial de Perón y Evita, por lo que transformarlo en una biblioteca podría reinterpretar su función dentro del patrimonio cultural argentino, pero también podría generar resistencia entre quienes consideran que su cierre es parte de una política de desmantelamiento de espacios históricos vinculados al peronismo.