La Legislatura porteña abrió hoy un nuevo período de sesiones ordinarias con un discurso de Jorge Macri que buscó marcar un rumbo claro, pero, sin embargo, plausible de ser escrutado. Desde el inicio, el jefe de Gobierno adoptó un tono firme, casi de advertencia, al afirmar que “la ciudad del caos y el desorden se terminó”.
De esta forma, buscó instalar un marco conceptual claro aludiendo al orden, la seguridad, la reducción del gasto público y la necesidad de hacer reformas legales. Esa narrativa, repetida en distintos tramos, funciona como justificación para un conjunto de medidas que avanzan sobre la vida urbana, el espacio público y la estructura del Estado porteño. El análisis del mensaje revela, sin embargo, una suerte de puntos ciegos frente a la experiencia cotidiana de los porteños.
Jorge Macri colocó la seguridad como eje rector. La reducción de delitos y la presencia policial reforzada fueron presentadas como logros de gestión. Sin embargo, el discurso se apoya en una interpretación unidimensional del espacio público, donde el conflicto urbano se explica casi exclusivamente por la presencia de manteros, piquetes o personas en situación de calle.
De forma que la narrativa oficial asume que el orden se establece mediante intervención policial y regulación estricta, sin considerar las causas económicas y sociales que alimentan la informalidad. La percepción ciudadana, en cambio, muestra una realidad más heterogénea: barrios donde la presencia policial no alcanza para frenar robos violentos, zonas donde el narcomenudeo persiste y espacios donde la conflictividad social responde a procesos más profundos que la mera “ocupación indebida”. El contraste entre estadísticas y vivencias no invalida los datos, pero sí evidencia que la seguridad urbana es un fenómeno más complejo que lo que el discurso admite.
El tramo más controvertido del discurso fue el pedido de una ley que prohíba residir en la vía pública y habilite intervenciones compulsivas. La propuesta revela una visión securitizada de la vulnerabilidad, donde la problemática se interpreta como un desorden a corregir más que como una falla estructural del sistema de cuidados, en tanto que coloca la cuestión social bajo un marco de orden público, no de derechos. La referencia a personas en situación de calle como un “problema de convivencia” y la propuesta de impedir que alguien viva en la vía pública muestran una orientación que prioriza la gestión del conflicto urbano por encima de la reducción de la vulnerabilidad.
Existen al menos tres tensiones estructurales relacionadas con esta problemática. En primer lugar, la idea de que quienes no aceptan ayuda deben ser obligados a hacerlo simplifica realidades atravesadas por salud mental, adicciones, rupturas familiares y precariedad laboral. En segundo término, una política social porteña orientada a programas muy específicos, con poca capacidad de absorber a nuevos sectores empobrecidos. La tercera cuestión radica en la desarticulación institucional, evidenciada por la reducción de personal estatal y la reorganización de áreas que debilitan la capacidad de respuesta en un momento en que la demanda de asistencia crece.
Por otra parte, el aumento de personas en situación de calle, el hacinamiento y la expulsión de familias del mercado de alquiler están directamente vinculados a la falta de políticas públicas en materia de vivienda social. La Ciudad atraviesa una crisis habitacional sostenida, que se materializa en alquileres en alza, déficit de vivienda social, vacancia estructural, ausencia de regulación. El titular del Ejecutivo porteño no hizo mención a herramienta alguna para equilibrar la relación entre propietarios e inquilinos, ni a incentivos para ampliar la oferta de alquiler permanente. La omisión no es menor: sin una política de vivienda, cualquier estrategia sobre personas en situación de calle queda reducida a gestión policial del síntoma, no a resolución de la causa. El discurso de Jorge Macri se apoya en la idea de orden, pero deja sin responder preguntas clave sobre cómo se reconstruyen las condiciones materiales de vida en un contexto de empobrecimiento urbano. Sin políticas de vivienda, sin una estrategia de empleo y con un enfoque social centrado en la coerción, la Ciudad corre el riesgo de profundizar desigualdades ya existentes.
Macri destacó reducciones impositivas y recortes del gasto público como señales de una administración eficiente. Sin embargo, el análisis muestra una tensión estructural, dado que estas rebajas fiscales tienen impacto acotado frente a aumentos en transporte, servicios y alquileres. Por otro lado, la caída del consumo y el cierre de empresas —mencionados tangencialmente— contradicen la idea de una economía porteña en recuperación. En tanto que la pretendida reducción del Estado convive con demandas crecientes de asistencia, lo que genera un desfasaje entre capacidad institucional y necesidades sociales. Si bien en el discurso Macri reconoció el cierre de empresas y la caída del consumo, no desarrolló ninguna estrategia de recuperación del empleo. La Ciudad, que históricamente se apoya en el comercio, los servicios y la economía del conocimiento, enfrenta un escenario donde pequeños comercios y pymes reducen personal o cierran por caída de ventas. Trabajadores informales pierden ingresos sin redes de protección suficientes. Sectores de servicios —gastronomía, turismo, cultura— muestran una recuperación desigual. El empleo público se reduce por recortes, lo que implica menos puestos y menos capacidad estatal. La eliminación de miles de contratos y la reorganización administrativa fueron presentadas como pasos hacia un Estado más moderno. La modernización aparece así como un relato de eficiencia, más que como un proceso evaluado por resultados concretos.
El mensaje de Jorge Macri es coherente con una visión de Ciudad basada en el control del espacio público, la reducción del Estado y la disciplina fiscal. Sin embargo, la realidad porteña —marcada por desigualdad creciente, tensiones habitacionales y percepciones de inseguridad persistentes— muestra que el orden que se proclama desde el atril convive con fracturas urbanas que el discurso no termina de abordar.