Un informe elaborado por el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA) en forma conjunta con el Observatorio Económico de la Ciudad y el Centro de Estudios para el Desarrollo del Área Metropolitana (CEDEAM) analiza la situación económica de la Ciudad de Buenos Aires durante el segundo trimestre de 2026, destacando debilidad en actividad, empleo, consumo y finanzas públicas.
Situación económica general
La economía porteña muestra debilidad con tendencias recesivas en actividad, empleo y cuentas públicas, señala el escrito que, si bien resalta que la actividad productiva creció 0,7% interanual en el primer trimestre, cayó 0,8% desestacionalizado respecto al cuarto trimestre de 2025.
Inflación y precios
Por otra parte, se señala que la inflación mensual en julio fue del 2,9% y la interanual alcanzó el 33,2%, interrumpiendo la tendencia a la baja. Los precios de alimentos, transporte, vivienda y servicios de hotelería aumentaron entre 0,9% y 5,3%.
Mercado laboral e ingresos
Se perdieron 88.052 empleos registrados desde noviembre de 2023, con una desocupación del 7,9%. Los ingresos salariales en la ciudad no lograron recuperarse y están 2,7 puntos porcentuales por debajo de noviembre de 2023.
Consumo y comercio
El consumo de energía cayó 12% en el primer trimestre respecto a 2023, con caídas en 7 de 9 ramas. Las ventas en supermercados bajaron 0,8%, mientras que los autoservicios mayoristas cayeron 21,2%. La actividad en restaurantes se redujo 20% respecto a 2023, con meses de caídas y solo algunos incrementos en enero y febrero.
Mercado inmobiliario y alquileres
Los precios de alquiler se estabilizaron, pero representan más del 30% de los ingresos familiares. La superficie ofertada aumentó por la caída del turismo y la apreciación cambiaria, con rentabilidad del alquiler triplicada en cinco años.
Recursos públicos y presupuesto
La recaudación propia cayó 7,1% en junio y los recursos nacionales se redujeron 62% en términos reales. La Ciudad no percibió $1,2 billones por cautela de la Corte Suprema en los últimos 12 meses. El gasto público en salud, educación y vivienda sufrió recortes, afectando programas sociales y de vivienda.