La brecha entre dos canastas de medición reaviva el debate sobre el IPC en pleno ciclo alcista.
La inflación de marzo, que alcanzó 3,4%, volvió a confirmar la tendencia en alza que domina los precios desde hace diez meses y reabrió un debate que el Gobierno intentó cerrar a comienzos de año, como la decisión de no actualizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pese a que estaba previsto incorporar los patrones de consumo relevados en la ENHo 2017-2018.
No se trata de una discusión técnica, sino de un dilema político y social. La elección de una canasta u otra modifica la lectura del fenómeno inflacionario y, con ello, la medición de la pobreza, de la indigencia y la pérdida de poder adquisitivo. Desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2026, la inflación acumulada, medida a partir de los patrones de consumo de 2004, asciende a 293%. Con la nueva canasta, en cambio, este porcentaje asciende al 434%.
El INDEC tenía previsto aplicar la nueva canasta a partir de 2026. Sin embargo, en enero el Gobierno resolvió mantener el IPC construido con patrones de consumo de 2004-2005, una estructura que ya no refleja el peso actual de los rubros servicios, vivienda, transporte y comunicación en el presupuesto de los hogares. La medida derivó en la renuncia del entonces titular del organismo, Marco Lavagna, quien había impulsado la actualización metodológica.
La diferencia entre ambas metodologías quedó expuesta en marzo, cuando fue de poco más de un punto porcentual: con el IPC vigente (canasta 2004-2005), la inflación fue del 3,4%. En cambio, si se hubiese aplicado el IPC actualizado (canasta 2017-2018), la inflación rondaría el 4,5%. La brecha del 35% entre ambos indicadores muestra cómo cada canasta capta de manera distinta la dinámica de precios. La vigente sobrerrepresenta rubros como alimentos, bebidas, indumentaria y salud. La nueva, en cambio, otorga mayor peso a los rubros, como comunicación, vivienda y transporte, sectores en los que los aumentos se aceleraron a partir de fines de 2023.
La diferencia se amplía si se observa el período completo desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2026, marcado por un salto inicial, una desaceleración pronunciada y un nuevo repunte en los últimos meses. Con la canasta de 2004, la inflación acumulada asciende a 293%. Mientras que con la canasta actualizada, el mismo período muestra un crecimiento del 434%.
La distancia entre ambas mediciones revela cómo la estructura de consumo de hace dos décadas subestima el peso de los servicios esenciales en la vida cotidiana actual.
Este fenómeno no comenzó en 2023. Tomando un período más amplio —de 2018 a diciembre de 2025—, la inflación acumulada llega al 8.087% con la canasta vigente y al 8.956% con la actualizada. La diferencia de 869 puntos porcentuales se explica, sobre todo, por los aumentos en los rubros servicios, transporte y comunicación desde fines de 2023. Sin embargo, ambas mediciones coinciden en un punto: la inflación se aceleró a un ritmo que pocos ingresos lograron acompañar.
La postergación de la nueva canasta sugiere que el Gobierno anticipa para el resto del año incrementos más fuertes en los rubros que la actualización pondera con mayor precisión: servicios, vivienda y transporte. En ese contexto, mantener la metodología de 2004 atenúa el impacto estadístico de esos aumentos.
El dato de marzo no solo confirma la continuidad del ciclo inflacionario: también expone la relevancia de la herramienta con la que se lo mide. En un país donde la inflación define los salarios, las jubilaciones, las tarifas y las políticas sociales, la elección de la canasta no es un detalle técnico. Es una definición de qué realidad se decide mostrar.