El Espacio Audiovisual Nacional (EAN) convocó este miércoles 4 de febrero a una conferencia de prensa para advertir sobre el alcance de dos artículos incluidos en el dictamen del proyecto denominado “Ley de Modernización Laboral”: los artículos 210 y 211. Para quienes trabajan en cine, radio y televisión, su eventual aprobación implicaría algo más que un cambio normativo: el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y un impacto en cadena sobre otros organismos culturales y sobre la producción nacional.
El evento se llevó a cabo en el anexo de la Cámara de Diputados, donde la presencia de legisladores de distintos espacios políticos escuchó a representantes de las entidades que integran el EAN, como también a trabajadores y trabajadoras del sector y a figuras reconocidas de la cultura. Como los directores Bruno Stagnaro, Marcelo Piñeyro y Juan Carlos Desanzo; las directoras Celina Murga y Lorena Muñoz; las actrices Mercedes Morán, Julieta Díaz, Alejandra Flechner y los actores Luis Ziembrowski y Diego Velázquez. Además, se anunció que en los próximos días circularán videos de adhesión de un amplio grupo de intérpretes —entre ellos Diego Peretti, Mara Bestelli y Marcelo Subiotto— que sumarán visibilidad a la protesta.
El núcleo de la preocupación es técnico y político a la vez. Según expusieron las y los oradores, el proyecto en debate propone eliminar la asignación específica de recursos destinados al INCAA, a la Televisión Pública y a Radio Nacional, así como suprimir el porcentaje que el INCAA percibe por el valor de las entradas y por el gravamen a los servicios de comunicación audiovisual. Para el EAN, esas modificaciones no son meramente administrativas: significarían la paralización del sistema de fomento que sostiene gran parte de la producción audiovisual nacional. El diagnóstico es concreto: menos producción local, pérdida de empleo, menor desarrollo económico federal y mayor dependencia de proyectos financiados por capitales privados o plataformas extranjeras.
Las intervenciones mezclaron datos y urgencia. Miguel Ángel Diani, presidente de ARGENTORES, criticó que los artículos cuestionados se hubieran incorporado en la etapa final del proyecto, lo que —advirtió— puede facilitar su aprobación sin un análisis pormenorizado de sus consecuencias. Por ello solicitó a los senadores el rechazo de ambos incisos. Daniel Pensa, al frente de la CAIC, apeló a la experiencia comparada: las industrias audiovisuales con producción relevante combinan financiamiento público con inversión privada, y el desfinanciamiento sería, dijo, de efectos irreversibles.
Desde cada una de las organizaciones se puntualizó las consecuencias concretas. Inés de Oliveira Cézar (DAC) subrayó la necesidad de planificación financiera a largo plazo para la producción audiovisual y alertó que la supresión del Fondo de Fomento impediría la continuidad del cine independiente. Amparo Aguilar (PCI) se centró en el impacto laboral y en la pérdida de oportunidades para las nuevas generaciones de realizadores, poniendo acento en la posible pérdida del prestigio internacional que el cine argentino ostenta. Alejandro Israel (CAIC) vinculó la política de fomento con la presencia en festivales internacionales y con la generación de divisas: debilitar el sector, sostuvo, es perder mercados y visibilidad. Vanesa Pagani, presidenta de APIMA, señaló un aspecto técnico clave: el sistema actual no depende del presupuesto general del Estado y la reforma, paradójicamente, acabaría con la autarquía financiera del organismo. Virna Molina (RDI) cerró el turno remarcando que “el proyecto coloca al cine argentino en una encrucijada”.
La discusión no se reduce a meros números; apunta al tipo de producción cultural que se quiere promover, quiénes la sostienen y cómo se distribuyen las oportunidades en un país con fuerte federalismo cultural. Los oradores insistieron en que la aprobación de los artículos 210 y 211 no sólo afectaría al INCAA, sino que tendrá un efecto dominó en empleos, en la circulación de obras y en la posibilidad de que el cine argentino siga siendo un referente en festivales y en el mercado internacional.
Las próximas jornadas legislativas serán observadas con atención por productores, realizadores y el conjunto de trabajadores culturales, que sostienen una industria que combina vocación artística con un aporte concreto a la economía y a la identidad nacional.
En ese sentido, el Espacio Audiovisual Nacional convocó a toda la comunidad a marchar el miércoles 11 de febrero a las 12 horas —día del tratamiento del proyecto de ley en la Cámara de Senadores— desde las puertas del Cine Gaumont para acompañar este reclamo en defensa del cine argentino.