Cada 25 de noviembre, la comunidad internacional se une en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Esta fecha, profundamente arraigada en la memoria del asesinato de las hermanas Mirabal en 1960, a manos del régimen opresor de Rafael Trujillo en República Dominicana, marca el inicio de 16 días de activismo global. Un período crucial que culmina el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, con un objetivo primordial: erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus manifestaciones.
A pesar de los esfuerzos y avances logrados, las cifras revelan una realidad alarmante. Según la Encuesta de Prevalencia de la Violencia contra Mujeres de Argentina, una de cada dos mujeres ha experimentado alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Sin embargo, la denuncia de estos actos sigue siendo una excepción, con solo dos de cada diez víctimas buscando ayuda. Los tipos de violencia más frecuentes identificados en la encuesta son la psicológica, la económica y patrimonial, la física y la sexual.
La violencia contra las mujeres, en sus diversas expresiones, tipos y modalidades, persiste como una práctica habitual y cotidiana en la sociedad, tanto en el ámbito privado como en la vida pública. Datos recientes del colectivo Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMalá) revelan que en Argentina una mujer es asesinada cada treinta horas a manos de un hombre. En los últimos 11 meses, se han registrado 254 femicidios en todo el territorio nacional, afectando principalmente a madres (57%) y dejando a 259 niños y niñas huérfanos. Un dato preocupante es que la mayoría de estos crímenes fueron cometidos por hombres del círculo íntimo de las víctimas, en sus propios hogares. Además, el 18% de las mujeres asesinadas habían realizado denuncias previas, y el 12% contaba con medidas de protección dictadas por la justicia, lo que evidencia la necesidad urgente de fortalecer las políticas de protección y asistencia a las víctimas.
La falta de políticas estatales efectivas para erradicar la violencia contra las mujeres, así como la falta de garantías para el derecho al trabajo, un salario digno, licencias laborales y equipos de atención integral, conduce a un disciplinamiento para la sumisión de nuestros cuerpos a base de violencia psicológica, verbal y física. El acoso, el abuso y la violación, de los cuales el Estado también es responsable.
El recorte presupuestario por parte del Gobierno hacia las políticas públicas para la erradicación, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres. La precarización laboral, la doble jornada laboral que se nos impone. La precarización de la vida, el ajuste económico, los tarifazos. La pobreza que nos golpea doblemente a nosotras de la mano de las políticas de recortes y ajuste, feminizando la pobreza». Un llamado urgente a la acción para construir una sociedad más justa e igualitaria, donde la vida y la dignidad de las mujeres sean respetadas y protegidas.