La comunidad universitaria, junto a trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan y otras organizaciones gremiales, convocó a una Marcha Federal para este miércoles a las 17 horas frente al Congreso Nacional. El motivo es claro y urgente: rechazar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica. La movilización, organizada por el Frente Sindical Universitario y apoyada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), pretende forzar a los diputados indecisos a votar contra los vetos presidenciales.
En la antesala del debate parlamentario, el clima que se respira en los pasillos universitarios y en los hospitales es de tensión y advertencia. “Está todo recontra justo. En principio, tendríamos 166 votos, y hoy por hoy ese número no nos serviría”, reconoció Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA y dirigente de CONADU, en referencia al cálculo de fuerzas en la Cámara de Diputados. Esa precariedad numérica alimenta la incertidumbre: los sindicatos hablan de una sesión “recontrajusta” en la que la ratificación parcial o total de los vetos podría definirse por márgenes mínimos.
El veto presidencial implica, según las organizaciones afectadas, una nueva arremetida contra dos pilares del sistema público: la educación superior y la salud pediátrica. La ley de Financiamiento Universitario buscaba recomponer partidas, actualizar salarios de docentes y no docentes y atenuar el deterioro operativo de las casas de estudio. Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica preveía, entre otras medidas, recomposiciones salariales y exenciones del Impuesto a las Ganancias por horas extra y guardias en el personal de salud, además de un aumento presupuestario destinado a garantizar el funcionamiento de hospitales pediátricos públicos.
Las reacciones confluyeron rápidamente. Rectores, centros de estudiantes, docentes y no docentes sellaron una alianza de hecho: paro convocado por los gremios para este viernes, movilizaciones masivas y una jornada nacional de protesta que, según la conducción de ATE, incluirá un Paro Nacional de Salud con movilización al Congreso el miércoles 17. Los gremios aclararon que durante las medidas sólo se garantizarán guardias mínimas, pero que las acciones se multiplicarán en todo el país con modalidades definidas por las conducciones partidarias de cada distrito.
Desde la Universidad de Buenos Aires, su rector Ricardo Gelpi sintetizó la postura institucional: “Estamos juntos luchando por el futuro de nuestro país. Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos”. Esa frase resume el diagnóstico que repiten en sedes, claustros y hospitales: no se trata de reivindicaciones particulares, sino de preservar derechos y prestaciones públicas que, aseguran, están en riesgo por decisiones presupuestarias y políticas del Gobierno nacional.
Los discursos sindicales ponen el acento en la gravedad social de los recortes. “No se puede ajustar sobre la Salud y la Educación. Recortes de esta naturaleza configuran un accionar criminal. Avanzamos hacia una Argentina en la que sólo los que tengan plata se podrán curar y estudiar, y los que no, morirán”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. Más allá del tono, la advertencia tiene un correlato tangible: hospitales con equipamiento insuficiente, universidades con cursos y carreras afectados por la falta de recursos, y personal que viene sosteniendo turnos y guardias con salarios que, sostienen, se desvalorizan frente a la inflación.
En el terreno político, la jornada de este miércoles adquiere doble lectura. Por un lado, es la oportunidad para que los diputados indecisos reciban una demostración pública de presión social; por otro, exhibe la fragilidad del oficialismo y sus posibles aliados para imponer la voluntad presidencial frente a la calle. Los gremios, además, anticipan que podría ratificarse el rechazo al veto de la Ley de Emergencia Pediátrica, mientras que la parte salarial de la ley de financiamiento universitario corre mayor riesgo de quedar sin aprobación. Esa eventualidad abriría un escenario de conflicto sostenido: sindicatos ya hablan de “alta conflictividad” si se consuma la ratificación parcial o el mantenimiento del veto.
En Diputados se oficializó una sesión para tratar los vetos, y en la práctica la definición podría quedar sujeta a pequeñas mayorías o ausencias. Si la ratificación no prospera, la respuesta de los sindicatos no se detendrá en una sola jornada: el paro y la sucesión de medidas que se vienen anunciando apuntan a convertir la derrota parlamentaria —si llegara a producirse— en un punto de inflexión para la protesta social.