GOBIERNO, INUNDACIONES Y COMUNAS

Las inundaciones registradas en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires han puesto de manifiesto, por un lado, la tremenda solidaridad horizontal – solidaridad entre iguales – del pueblo porteño y, por el otro, la no menos tremenda desconexión, ruptura o ausencia de solidaridad vertical entre quienes gobiernan y sus gobernados. Esta última, además, condimentada con las declaraciones hechas por los distintos funcionarios – empezando por el Jefe de Gobierno – para sacarse las responsabilidades de encima y echárselas, de ser posible, a otros o al clima, poniendo en claro que les preocupa mas cuidar su propia situación política, que resolver la trágica situación de miles de vecinos de la ciudad. Lamentable pero real.

El Movimiento Comunero, sin embargo, no tiene como estilo hacer leña del árbol caído ni regodearse en la crítica, sino hacer análisis y propuestas que nos permitan aprender de la experiencia, para no tropezar varias veces con la misma piedra, como viene sucediendo con las inundaciones; y luchar para que esas propuestas se conviertan en realidad.

Yendo al tema específico de las inundaciones, la cantidad de vecinos, asociaciones barriales, ONGs y demás, que no sólo vienen advirtiendo sobre su probable ocurrencia e incremento, sino que elaboraron propuestas concretas e impulsaron acciones específicas en cada barrio para prevenirlas, evitar sus daños etc. son muchísimas. Desde el conocido proyecto del Lago Pacífico en la Comuna 14, el proyecto de Emergencia Ambiental en la Comuna 13 o los lagos reguladores del Arroyo Cildañez en las Comunas 8 y 9, pasando por múltiples propuestas para la limpieza correcta y eficaz de sumideros y entubamientos, o la resistencia a la eliminación de adoquines y/o al levantamiento del nivel de las calles por encima de las veredas, o la persistente advertencia de que los famosos “sapitos” se convertirían en túneles acuáticos, cosa que se viene verificando en cada lluvia más o menos importante; y muchísimas más.

Sin embrago, estas iniciativas y advertencias cayeron y caen en saco roto, porque los funcionarios del gobierno de la ciudad, sentados en sus despachos del microcentro, ni conocen, ni se involucran, ni siquiera consideran válidas las experiencias y conocimientos producidos por la vida del vecino común en sus barrios. Pero, eso sí, siguen impulsando el desenfrenado aumento de las mega construcciones, el acelerado achicamiento de los espacios verdes, las plazas con más cemento que tierra absorbente, la impermeabilización creciente de los suelos y toda otra serie de acciones, favoreciendo de esa forma los negocios y políticas de los “desarrolladores urbanos”, que destruyen y alteran permanente y profundamente la vida barrial, sin considerar en lo más mínimo los intereses y deseos de sus legítimos dueños: los ciudadanos.

Es justamente la superación de esta distancia, de esta lejanía, de esta desconexión entre la realidad concreta del vecino y su barrio y el mundo de las autoridades del gobierno de la ciudad, lo que motivó a los constituyentes de Buenos Aires a crear las Comunas. Una institución similar en su forma a las intendencias o municipios de cualquier provincia, pero con una amplia y revolucionaria participación directa de los vecinos en la determinación y control de lo que se hace en sus barrios.

La ceguera, la necedad y la falta de voluntad política para superar esta distancia, es lo que hizo que los vecinos hayamos debido luchar diez años para que las Comunas se conviertan en una realidad institucional. Y lo que hace que miles de propuestas e iniciativas vecinales destinadas a superar los problemas y peligros que amenazan sus vidas, todavía – y vaya a saber por cuantos años más – no sean consideradas, ni escuchadas, ni atendidas por el ”funcionariato” de turno.

Decimos que no sabemos cuántos años más nos llevará lograr que las Comunas funcionen a pleno, aportando a través de sus Consejos Consultivos Comunales las propuestas vecinales, porque el Gobierno de Macri ha demostrado una clara voluntad política anticomunas; desde que asumió hasta la fecha. Con gravísimas consecuencias para la ciudad en general y para los habitantes de cada Comuna inundada en particular. Porque al impedir que estos gobiernos locales autónomos y cercanos a los vecinos, tengan la disposición, los recursos, los medios y las competencias para constituirse en la práctica como tales, les imposibilitan desarrollar políticas y acciones eficaces – adecuadas a cada realidad local con el aporte vecinal – antes durante y después de estas catástrofes.

Imaginemos por un momento que un intendente de un pueblo ante una inundación como la sufrida, en lugar de abrir las puertas de la intendencia, convocar a todos sus empleados a colaborar en la emergencia y realizar todas las acciones ante las autoridades provinciales y nacionales para atender a sus vecinos inundados, hiciera lo contrario: cerrar con llave la intendencia, no convocar a nadie y, encima, declarar a los habitantes de su pueblo que no puede hacer nada porque el gobernador no le dio la orden de hacerlo. Pues bien, esto es lo que hicieron algunos Presidentes de las Juntas Comunales – todos del PRO, les guste o no – ante la inundación de sus Comunas. No abrieron la sede comunal para atender a los damnificados, no convocaron a los empleados a trabajar en la emergencia, no relevaron ni coordinaron las acciones para satisfacer las necesidades más inmediatas de sus vecinos, ni reclamaron a las autoridades y organismos de la ciudad y de la nación acciones para solucionar los problemas inmediatos. Solo se limitaron a recibir órdenes del gobierno central de la Ciudad, como si fueran sus empleados, en lugar de ponerse al servicio de sus electores, asumiendo que fueron elegidos por el pueblo de su Comuna para ocuparse activamente de enfrentar y solucionar sus problemas.

Por eso el Movimiento Comunero denuncia una vez más la política anti comunas – ilegal e inconstitucional – del Gobierno de la Ciudad, con la complicidad de los juntistas comunales PRO. En consecuencia el Movimiento Comunero los hace responsables no solo de quitarles toda autonomía de acción a las Comunas, sino de impedir que el enorme potencial de conocimientos y propuestas solidarias vecinales, se conviertan en acciones y obras que den más seguridad y una mejor calidad de vida a sus habitantes.