La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) puso en números lo que en la vida cotidiana siente gran parte de la sociedad argentina: si se quitan las principales transferencias sociales, la indigencia en nuestro país prácticamente se duplicaría.
El informe, que expone los valores constantes de estas prestaciones a septiembre de 2025, sostiene que con la eliminación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Alimentar (antes Tarjeta Alimentar) y la quita del apoyo del Plan 1.000 Días, la tasa de indigencia se elevaría del 6,9% al 12,6% —un salto del 82%—.
Recordemos que estos programas alcanzan hoy a 7,4 millones de personas y representan cerca del 1% del PBI.
Los datos de la OPC exhiben, además, el papel estabilizador de la protección social frente a la volatilidad macroeconómica, comparando el poder de compra real de estas transferencias a lo largo de los últimos dos gobiernos y desde el arranque de la actual gestión libertaria. En este sentido, el informe esboza un panorama de pérdidas y recuperaciones: la AUH, columna vertebral del sistema no contributivo, tuvo su promedio real más bajo durante el gobierno del Frente de Todos (2019-2023), con $84.453 a valores de septiembre de 2025, y llegó a tocar un mínimo histórico a fines de 2023, por debajo de $60.000. En contraste, el período 2015-2019 (Cambiemos) registró el mayor promedio real de la AUH, con $105.312; mientras que la gestión actual se aproxima a ese nivel con un promedio de $104.752.
Esta recuperación de la AUH responde, según la OPC, a dos decisiones puntuales: un aumento discrecional del 100% a comienzos de 2024 y la modificación de la fórmula de actualización a una pauta mensual atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Ese cambio redujo el “efecto serrucho” —los vaivenes que erosionaban el ingreso real entre aumentos— y frenó la tendencia descendente observada entre 2019 y 2023.
Pero este mapa no es uniforme. La Prestación Alimentar vivió su “época dorada” en 2019, con un poder de compra promedio de $147.943. Durante la actual gestión, en cambio, su valor real retrocedió casi un 30% respecto del promedio de 2019-2023, ubicándose en torno a $101.577. El Plan 1.000 Días, por su parte, muestra una trayectoria preocupante: fue marginal durante el gobierno Alberto Fernández, con un promedio de apenas $9.513, y su escasa magnitud la dejó especialmente vulnerable a la erosión por inflación.
El reciente debate sobre el Presupuesto 2026 aportó una escena política tangible a estos números. El oficialismo propuso, en un capítulo que finalmente no prosperó, eliminar la actualización automática de las asignaciones familiares y de la AUH. El informe de la OPC releva el costo social de medidas de ese tipo: sin los instrumentos mencionados, la red de contención se estrecharía y el crecimiento de la indigencia sería abrupto.
Más allá de la aritmética, el diagnóstico que surge es claro: las transferencias sociales constituyen hoy un piso de estabilidad para amplios sectores atravesados por la volatilidad macroeconómica y las crisis recurrentes. Que alcancen a 7,4 millones de personas y representen cerca del 1% del PBI es el claro reflejo de la implementación de políticas económicas que amortiguan caídas, pero no generan ni empleo ni mejor calidad de vida para sus beneficiarios.
El gobierno actual ha optado por cambiar la composición de la canasta de asistencia social, reforzando la Asignación Universal por Hijo —un derecho garantizado por ley— en detrimento de los complementos alimentarios discrecionales.
Los datos desagregados publicados por Presidencia muestran que la protección social en Argentina no sigue una trayectoria lineal y ascendente, sino que funciona como un campo de batalla presupuestario donde cada administración decide qué instrumento priorizar y cuál relegar. Mientras los gobiernos de Cambiemos y de La Libertad Avanza privilegiaron mantener el poder adquisitivo real de la AUH, el Frente de Todos orientó su política hacia la Tarjeta Alimentar; en ese vaivén, los beneficiarios quedan expuestos a que la supuesta «lógica transicional» entre mandatos termine consolidando una trampa de pobreza permanente.