El miércoles 4 de junio de 2025 se vivió una jornada de movilización masiva en las inmediaciones del Congreso Nacional, donde jubilados, trabajadores del reconocido Hospital Garrahan, agrupaciones universitarias y diversas organizaciones sociales convergieron con una causa común bajo la consigna “Contra la crueldad, el hambre y el saqueo, ni una jubilada menos”. Esta convocatoria no solo reflejó una alianza inédita de sectores históricamente distintos, sino que también evidenció la profundidad de la crisis que atraviesan muchos argentinos en relación a la justicia social, los derechos laborales y la protección de los grupos más vulnerables.
La movilización tuvo un fuerte componente simbólico al sumarse el colectivo “Ni Una Menos”, que este año conmemoró una década desde su primera marcha contra los femicidios y la violencia de género. Esta coincidencia subrayó la interrelación entre diversos reclamos populares que van desde la defensa del derecho a una vejez digna hasta la exigencia de medidas para erradicar la violencia estructural contra las mujeres y disidencias, dimensionando un clima social tenso y la necesidad urgente de respuestas integrales.
En el centro de la protesta estuvieron los jubilados y jubiladas que tradicionalmente se movilizan cada miércoles para exigir mejores condiciones de vida, dado que la situación económica ha deteriorado considerablemente el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales. Este miércoles en particular, se sumaron trabajadores residentes del Hospital Garrahan, que se encuentran en conflicto con el gobierno de Javier Milei, reclamando mejoras salariales en el marco de un sistema de salud pública que enfrenta graves desafíos. Asimismo, participaron agrupaciones de alumnos, docentes universitarios e investigadores del Conicet, quienes manifestaron su preocupación por la falta de inversión suficiente para la educación superior y la ciencia, sectores vitales para el desarrollo del país y que han visto recortados sus presupuestos en los últimos años.
Sobre el escenario político, la Cámara de Diputados dio media sanción a dos proyectos de ley fundamentales que apuntan a mitigar la crisis: uno que incrementa las jubilaciones en un 7,2% y establece un bono extraordinario de 110 mil pesos, y otro que declara la Ley de Emergencia en Discapacidad, una medida crucial para proteger a un sector frecuentemente postergado. Sin embargo, a pesar del respaldo parlamentario, el Gobierno nacional anunció que vetará ambas leyes en caso de que sean aprobadas en el Senado, generando un clima de incertidumbre y malestar profundo entre los sectores movilizados.
Este rechazo anticipado del Ejecutivo ha sido interpretado por los convocantes como una muestra de indiferencia frente a las necesidades reales de millones de argentinos que dependen de estas medidas para garantizar su sustento básico y derechos fundamentales. La respuesta social se traduce en una creciente organización y unidad de los distintos sectores que, más allá de sus diferencias específicas, coinciden en la urgencia de frenar las políticas que profundizan la desigualdad, el hambre y la precarización laboral y social.
En suma, la movilización del 4 de junio simboliza un llamado a la acción múltiple para enfrentar no solo los síntomas visibles de la crisis, sino también los mecanismos estructurales que la sostienen. La presencia conjunta de jubilados, profesionales de la salud, académicos y activistas feministas refleja un panorama social complejo en el que la defensa de derechos es la prioridad máxima para una parte importante de la población que exige con firmeza políticas públicas inclusivas, justas y solidarias. El futuro inmediato mirará con atención la respuesta que dé el Senado y el Ejecutivo a este clamor ciudadano que se expresa con contundencia en las calles y plazas del país.