En un fallo que desnuda un fuerte conflicto institucional, el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 30, a cargo del juez Herman Mendel, dispuso la suspensión total del traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La medida cautelar, dictada el 17 de marzo, congela todos los efectos del Acuerdo de Transferencia incorporado en la Ley 27.802, conocida como Ley de Modernización Laboral, hasta que surja una sentencia definitiva sobre su constitucionalidad. La medida surge a raíz del amparo presentado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), en el que denuncia irregularidades en el proceso legislativo y riesgos concretos para la estabilidad laboral de más de 1.500 trabajadores del fuero.
En su resolución, Mendel sostiene que existen “indicios serios” de que el traspaso fue aprobado en violación de normas constitucionales y de procedimientos obligatorios. En primer lugar, porque el traspaso no figuraba entre los temas habilitados por el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias. Para el magistrado, su incorporación posterior vulneró el artículo 99, inciso 9, de la Constitución nacional, que exige que los asuntos tratados respondan a un interés excepcional y previamente definido.
La sentencia también apunta a la falta de intervención de la Comisión Bicameral. La Ley 24.588, que regula la transferencia de competencias de Nación a Ciudad, establece la obligatoriedad de la intervención de una Comisión Bicameral de Seguimiento. Según el fallo, ese paso no se cumplió.
Por último, el juez determinó que el denominado Acuerdo de Transferencia no formaba parte del texto enviado inicialmente al Congreso en diciembre de 2025. Su incorporación tardía, señala, afectó derechos laborales sin el debido debate parlamentario.
El gremio judicial celebró la medida y advirtió que el acuerdo aprobado por el Congreso dejaba en un “limbo jurídico” a los empleados del fuero laboral. Entre los riesgos señalados se destacan la ausencia de garantías de transferencia automática del personal; los posibles cambios en la jornada laboral, que podría pasar de 6 a 7 horas; la incertidumbre sobre escalas salariales y régimen de ascensos y el impacto sobre una estructura que administra más de 700.000 expedientes activos. Para el magistrado, avanzar con el traspaso en estas condiciones implicaba un “peligro en la demora” que podía generar daños irreparables tanto para los trabajadores como para los litigantes.
La decisión judicial fue celebrada por la UEJN y por la CGT, que consideraron el fallo “un freno necesario” a un proceso que calificaron como apresurado y sin consenso. En las últimas semanas, el conflicto había escalado con paros de 48 horas en el fuero laboral, movilizaciones frente a tribunales y la ocupación simbólica del edificio de Lavalle 1268.
Mientras que desde el Gobierno de la Ciudad aún no hubo respuesta formal, aunque fuentes cercanas al Ministerio de Justicia porteño anticiparon que se analiza apelar la medida.
El traspaso de competencias judiciales a la Ciudad es un tema histórico y complejo, atravesado por discusiones sobre autonomía, federalismo y financiamiento. La suspensión del proceso no implica su anulación, pero sí obliga a revisar los pasos dados y reabrir un debate que parecía cerrado. Por ahora, el fuero laboral seguirá funcionando bajo la órbita nacional. El futuro del traspaso dependerá de lo que resuelva la Justicia en el fondo del asunto y de la capacidad política para reconstruir un proceso que, según el fallo, nació con vicios de origen.