En un escenario político y judicial altamente controversial, gran parte de intelectuales, políticos y una gran mayoría del pueblo argentino expresó su rechazo y preocupación ante la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de Argentina. El triunvirato, integrado por los magistrados Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti, resolvió dejar firme la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la controvertida Causa Vialidad, un fallo que, según especialistas, “representa un hecho de gravedad institucional” capaz de afectar “todo el funcionamiento del sistema democrático”.
Los argumentos en este sentido no se limitan a un simple cuestionamiento de la decisión en sí, sino que profundizan en la vía procesal y en el contexto político que rodea la causa judicial. Para muchos expertos se trata de una causa viciada, dado el probado vínculo de los jueces con el expresidente Mauricio Macri, apuntado como instigador. Por lo que el fallo de la Corte pone en tela de juicio la legitimidad de ese Poder Judicial. Estas afirmaciones remiten a las denuncias por parcialidad y falta de independencia de ciertos miembros del sistema judicial, sobre todo en causas atravesadas por una fuerte carga política.
Para el diputado de Unión por la Patria, Carlos Heller, el fallo genera efectos contrarios a los buscados por quienes impulsaron la condena. “Creo que se equivocan políticamente”, señaló, “van a generar un fenómeno exactamente al revés del que quieren lograr”. En efecto, predijo un “real fortalecimiento de la unidad del espacio del campo popular”, fenómeno que, según su opinión, tendrá también consecuencias electorales de peso. En ese sentido, el legislador pareció interpretar este episodio como un punto de inflexión político capaz de unir a las diversas fuerzas y movimientos sociales nucleados alrededor del peronismo y afines.
Este espíritu de unidad quedó plasmado en el encuentro que tuvo lugar en la sede del Partido Justicialista esa misma tarde, donde se dio cita una multitud conformada por diputados, senadores, dirigentes partidarios, movimientos sociales, sindicalistas y representantes regionales, incluso a través de plataformas virtuales como Zoom. La presencia de gobernadores como Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja) confirmó el alcance territorial y político de la convocatoria. Heller calificó la reunión como “una reunión de enorme unidad” y la definió como “el punto de inflexión de un nuevo momento político”, que podría marcar la consolidación de una alianza fortalecida frente a la actual coyuntura.
No menos importante fue la lectura que hizo el dirigente acerca del impacto que la condena judicial tendrá en la construcción política y social. Lejos de debilitar al denominado “campo popular”, Heller considera que la medida puede acelerar la movilización y la cohesión de las fuerzas democráticas y populares: “Si suponen que metiendo presa a Cristina van a generar un debilitamiento del campo popular, creo que se equivocan, es más bien todo lo contrario”. Esta visión conecta con una estrategia política que busca capitalizar los episodios de aparente injusticia para ampliar la base social y política, fortaleciendo la resistencia y las alternativas democráticas.
El diputado también alertó sobre la emergencia de movilizaciones espontáneas en diferentes puntos del país, un fenómeno que merece la “debida atención”. Estas manifestaciones provienen de diversos sectores del territorio nacional que expresan solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner, rechazo a lo que interpretan como una persecución judicial y preocupación frente a la crisis institucional desatada.
Finalmente, Heller enmarcó este complejo episodio judicial dentro de una mirada más amplia de la realidad política argentina actual, referenciando la existencia de un “experimento anarcocapitalista que representa el gobierno de Javier Milei”. En esa dirección, consideró que la situación creada por la Corte “puede tener consecuencias desde el punto de vista de avanzar en la construcción de una alternativa democrática, popular, amplia”, capaz de frenar los desafíos que representan ciertas corrientes políticas y económicas radicales.
La controversia traspasó las fronteras nacionales y llegó al ámbito internacional. Evo Morales, expresidente boliviano y figura emblemática de los movimientos populares latinoamericanos, no tardó en pronunciarse. Condenó la sentencia y expresó una solidaridad profunda con Cristina, denunciando un “lawfare” encarnizado: un uso perverso del sistema judicial para proscribir a lideresas y líderes populares que representan una amenaza para las oligarquías y los poderes hegemónicos.
No es casual la preocupación de diversos sectores latinoamericanos y organizaciones mundiales. La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), junto a otros colectivos solidarios, se unieron al coro internacional contra lo que califican de injusticia flagrante, comparando una y otra vez el caso argentino con el emblemático ejemplo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Así como Lula fue condenado y luego rehabilitado tras comprobarse manipulaciones legales y mediáticas en su contra, muchos ven en esta condena un acto judicial selectivo diseñado para proscribir y deslegitimar a un actor político fundamental.
El Partido Obrero, al igual que el Frente de Izquierda, rechazó la proscripción política e inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner, señalando que «esta exclusión de opositores del proceso electoral atenta contra los principios democráticos».
En este sentido, sostiene que la Corte avala un proceso judicial selectivo, enfocado en condicionar la política y que ignora la corrupción generalizada que involucra a gobiernos y empresarios, evidenciada en casos como la «causa de los cuadernos», el fraude de Macri con Correo Argentino y el soterramiento del Tren Sarmiento.
«Cristina Fernández de Kirchner es responsable de irregularidades en la obra pública durante su gobierno. Sin embargo, el Poder Judicial actúa bajo intereses políticos y presiones de grupos capitalistas, en un contexto de disputas entre La Libertad Avanza y el PRO. Los derechos del electorado son sacrificados en estas maniobras», sentencia la izquierda en un comunicado y advierte que los sindicatos y sindicalistas deberían enfocar su lucha contra los despidos, cierres de fábricas, paritarias a la baja y el decretazo antihuelga. Sugiriendo que «el rechazo a la proscripción política debe integrarse a un plan de lucha más amplio contra Milei, el FMI y los gobernadores».
En suma, la decisión de la Corte Suprema con respecto a la Causa Vialidad no solo ha generado un impacto jurídico y penal sobre una exmandataria de gran influencia, sino que ha desatado una compleja crisis institucional que pone en jaque la percepción de imparcialidad y legitimidad del Poder Judicial argentino. A raíz de esta situación, emergen nuevas dinámicas de movilización social y reorganización política que podrían transformar el equilibrio de poder en el país, reafirmando el rol central que la contestación política y la unidad del campo popular tendrán en los meses venideros. La gravedad institucional promete dejar huellas profundas en el entramado democrático y social argentino.