La transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires abrió un frente de debate que atraviesa al Gobierno porteño, a los gremios y a especialistas en derecho laboral.
El convenio de traspaso, aprobado en el Senado como parte de la reforma laboral, prevé que la Ciudad asuma la competencia y los recursos del fuero, en un proceso que tendrá que ser convalidado por la Legislatura porteña. La medida se inscribe en un largo proceso de “autonomización” judicial que cobró impulso tras el fallo de Levinas, en el que la Corte Suprema reconoció al Tribunal Superior de Justicia de CABA como instancia revisora en las causas de la justicia nacional ordinaria radicadas en la Ciudad.
Entre los sindicatos y los abogados laboralistas predomina la preocupación por el impacto que el traspaso podría tener en las indemnizaciones por despido. La reforma laboral aprobada por el Congreso establece que la base de cálculo quedará restringida al salario básico, la antigüedad y las sumas legales, excluyendo las horas extras, los plus y las gratificaciones extraordinarias. Este cambio normativo está documentado en el articulado de la Ley de Modernización Laboral, que ya generó litigios en otras provincias por su aplicación en causas en trámite.
A ello se suma que el Tribunal Superior de Justicia de CABA viene aplicando criterios más restrictivos en materia de intereses, una tendencia señalada por especialistas y vinculada al impacto del fallo Levinas. La diferencia entre las tasas históricamente utilizadas por la Justicia Nacional y las que aplica el TSJ puede traducirse en reducciones significativas del monto final que perciben los trabajadores, según coinciden análisis jurídicos publicados tras la sentencia de la Corte.
Otro punto en disputa es la aplicación estricta de los topes indemnizatorios establecidos por el Ministerio de Trabajo. En la Justicia Nacional, esos límites eran frecuentemente declarados inconstitucionales cuando se consideraba que perjudicaban al trabajador. Con el traspaso, los gremios temen que esa práctica pierda sustento; un planteo que forma parte de los argumentos esgrimidos por la CGT en los amparos contra la reforma laboral. Sin embargo, la Justicia rechazó las medidas cautelares que buscaban frenar el traspaso, al considerar que no se acreditó un “peligro en la demora” y que la discusión debe resolverse en el análisis de fondo del caso.
El traspaso también genera inquietud entre jueces, secretarios y empleados del fuero laboral. El convenio firmado entre Nación y Ciudad prevé que, a partir de los 180 días de su entrada en vigencia, la Justicia Nacional del Trabajo dejará de recibir nuevas causas y continuará tramitando únicamente las iniciadas antes de esa fecha, hasta su sentencia definitiva. Luego, la ejecución quedará en manos de los tribunales laborales porteños. El acuerdo también contempla el cierre progresivo de los juzgados nacionales y la creación de nuevos órganos locales, lo que abre interrogantes sobre el futuro del personal, su escalafón y su régimen previsional, actualmente regido por las normas del Poder Judicial de la Nación.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación sostiene que el traspaso podría afectar la estabilidad laboral y previsional del personal, además de concentrar en el poder político local la designación de magistrados y funcionarios, lo que —según el gremio— podría incidir en la orientación de los fallos. Estas objeciones forman parte de la estrategia judicial y política que la central obrera anunció que continuará, pese a los reveses iniciales en los tribunales federales.
Mientras avanza el cronograma de implementación y se multiplican las presentaciones judiciales, el traspaso del fuero laboral se perfila como uno de los debates más sensibles del escenario jurídico y político porteño. El proceso recién comienza, pero ya redefine el mapa de la justicia laboral en la Ciudad y anticipa un conflicto que promete extenderse en los próximos meses.