El jueves 3 de julio marcó un episodio significativo en la vida política de la Ciudad de Buenos Aires: luego de seis meses sin actividad parlamentaria, la Legislatura porteña celebró finalmente su primera sesión del año. Este reanudamiento de funciones, sin embargo, no estuvo exento de críticas y controversias, especialmente en torno a los privilegios económicos de los legisladores y la percepción de una desconexión con las demandas reales de la ciudadanía.
Según datos ofrecidos por los ediles del Frente de Izquierda, cada legislador/ra porteño/a percibe un salario mensual de aproximadamente seis millones de pesos, una cifra que quintuplica el sueldo de un médico residente. Esta disparidad ha generado un debate profundo sobre las prioridades y la ética en el ejercicio público, particularmente en un contexto socioeconómico complejo para gran parte de los habitantes de la ciudad.
La legisladora del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Andrea D’Atri, fue una de las voces más críticas en la sesión. Señaló con firmeza la falta de respuestas concretas a las problemáticas que enfrentan los ciudadanos, subrayando que, a pesar del prolongado receso, las cuestiones urgentes de los porteños permanecieron sin ser atendidas. En sus declaraciones, D’Atri acusó a la derecha política de priorizar sus privilegios y negocios sobre el bienestar común, y denunció que fueron capaces incluso de paralizar la Legislatura para mantener esos beneficios. Asimismo, cuestionó el rol de la oposición mayoritaria, a la que calificó de indiferente ante esta situación.
Este hecho puntual refleja tensiones latentes en el panorama político local. La larga inactividad parlamentaria, combinada con el elevado costo salarial de sus miembros, ha alimentado la percepción de un débil compromiso con la ciudadanía y ha abierto un debate sobre la necesidad de una mayor transparencia, responsabilidad y cercanía con las problemáticas sociales reales.
Mientras la Legislatura intenta recuperar su ritmo de trabajo, la expectativa de los porteños sigue siendo clara: que sus representantes legislen con sentido de urgencia, solidaridad y justicia social, poniendo por delante las necesidades de la población y no sus propios intereses.
En resumen, la sesión del 3 de julio no solo fue un reinicio formal, sino también un punto de inflexión que pone bajo la lupa el funcionamiento y las prioridades de la actual dirigencia política en la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, la Legislatura porteña aprobó la eliminación de tarifas en trámites del Gobierno y beneficios a clubes de barrio Los diputados de la Ciudad aprobaron la eliminación de tarifas en más de 60 trámites administrativos y se amplió el límite de eventos autorizados a los clubes de barrio.
Normativas aprobadas
Con 54 votos a favor y 3 abstenciones, se aprobó una modificación a la Ley Tarifaria N.º 6.806 para el ejercicio 2025, impulsada por el Poder Ejecutivo, que elimina o reduce a costo cero más de 60 trámites administrativos no tributarios en el Gobierno de la Ciudad. Esta medida busca disminuir la carga burocrática para vecinos, PyMEs, prestadores de servicios y empresas, beneficiando procedimientos como el registro de instalaciones (ascensores, térmicas, contra incendios), partidas del Registro Civil, habilitaciones comerciales y certificaciones diversas. Además, con 54 votos afirmativos se dio aprobación inicial a la ley que otorga a la Asociación Civil “Club Social, Deportivo y Cultural Español de la República Argentina” el permiso de uso precario de un predio situado entre las avenidas Santiago de Compostela, Asturias y Castañares, medida celebrada por sus simpatizantes. En paralelo, se aumentó el límite anual de eventos públicos que los clubes de barrio pueden realizar sin habilitación especial, pasando de 24 a 48 eventos, con condiciones para garantizar seguridad y cumplimiento normativo. Finalmente, con 44 votos a favor y 8 abstenciones, se prorrogó por dos años la exención impositiva para entidades deportivas sin fines de lucro registrada en el Registro Único de Instituciones Deportivas, eximiéndolas del pago de tributos relacionados con obras. Estas medidas reflejan un compromiso con la simplificación administrativa y el fortalecimiento del tejido social y deportivo de la ciudad.
Apoyo a trabajadores del Garrahan
Se aprobó también por amplia mayoría; el proyecto presentado por el Frente de Izquierda presentó un proyecto de apoyo a la lucha de las y los trabajadores del Hospital Garrahan. Los votos a favor provinieron de casi todos los bloques, excepto La Libertad Avanza y el PRO. Gabriel Solano, legislador del Partido Obrero, destacó la importancia de respaldar las demandas de los trabajadores con relación a salarios, condiciones laborales y la defensa de la salud pública. Denunció la grave situación en el servicio de oncología infantil, donde falta calefacción y mantas, obligando a las familias a llevar abrigo para sus hijos. Acusó al presidente y al gobierno de negligencia y de desinformar sobre el personal médico, y alertó sobre la destrucción progresiva del hospital, que no solo depende de la ciudad, sino que también atiende a niños de todo el país y la región. Finalmente, hizo un llamado a la movilización en defensa del hospital, sus trabajadores y los pacientes, especialmente ante medidas que descalifican a los residentes médicos, e invitó a participar de la concentración del 17 de julio de Congreso a Plaza de Mayo para exigir condiciones dignas para la salud pública.