La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) anunciada por la actual gestión de gobierno desencadenó una serie de debates y preocupaciones en torno a la gestión de los servicios públicos de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida, enmarcada en la Ley de Bases, anticipa un nuevo retroceso en la provisión de un servicio esencial.
Bajo el argumento de que AySA ha sido deficitaria desde su creación, el Gobierno nacional formalizó esta decisión mediante el Decreto 494/2025, que autoriza la venta total del 90% de las acciones estatales de la empresa, al tiempo que, de cara a su privatización, traza un nuevo marco regulatorio del servicio de agua y saneamiento que colisiona con el derecho humano al acceso al agua.
Uno de los puntos más controvertidos del nuevo marco regulatorio es la autorización para suspender el servicio a usuarios residenciales por falta de pago. Esta medida, que en contraposición a la concepción del agua como un derecho humano fundamental podría dejar a sectores vulnerables sin acceso a un recurso vital, representa un giro con respecto a la política anterior, que prohibía la suspensión del servicio por mora, especialmente en el caso de los hogares.
Adicionalmente, se elimina la obligación de la empresa privada de expandir el área de servicio a zonas carentes de agua y saneamiento. Esta disposición pone en riesgo la inclusión de comunidades marginadas, perpetuando desigualdades existentes y limitando el acceso a servicios básicos. La falta de inversión en expansión, motivada por la búsqueda de rentabilidad, podría resultar en una segmentación del servicio, donde solo las áreas privilegiadas reciben atención.
Otro aspecto relevante es la habilitación para que la concesionaria actualice las tarifas mensualmente, lo que podría generar aumentos significativos y dificultar aún más el acceso al servicio para familias de bajos ingresos. La extensión del plazo de prescripción de deudas de 2 a 5 años también representa una carga adicional para los usuarios con dificultades económicas.
La privatización de AySA en Argentina se enmarca en un contexto de desmantelamiento de instituciones estatales clave en la gestión del agua y el saneamiento. Previo a la privatización, el Estado contaba con organismos como el ENOHSA, encargado de la planificación, ejecución y administración de obras de agua y saneamiento a nivel nacional, así como de la financiación de infraestructuras e investigación en la materia. A su vez, el Instituto Nacional del Agua desempeñaba un rol fundamental en el control de la calidad del agua, la modelación hidráulica, el diseño de obras hidráulicas y el manejo de sistemas de alertas hidrológicas.
En un país donde millones de habitantes carecen de acceso a agua potable y cloacas, estas medidas profundizan aún más la desigualdad territorial y afectan directamente la salud pública, contribuyen al aumento de la mortalidad infantil, de la esperanza de vida y de la carga de trabajo no remunerado de las mujeres. La privatización, lejos de solucionar estos problemas, resultó en un retroceso en la cobertura de servicios, tarifas inasequibles y servicios de baja calidad, generando además importantes pasivos ambientales que persisten en la actualidad. En lugar de priorizar la rentabilidad, el debate debería centrarse en garantizar el acceso universal y gratuito al agua potable como una prioridad fundamental para el desarrollo y el bienestar de la población.
El anuncio de la privatización de AySA no ha estado exento de repercusiones sociales y políticas. Uno de los principales focos de preocupación reside en el potencial impacto negativo que la medida podría tener en los hogares vulnerables, particularmente en un contexto económico marcado por la inflación y la continua pérdida de poder adquisitivo. La posibilidad de cortes de suministro por falta de pago genera incertidumbre en aquellos sectores con mayores dificultades para afrontar los costos del servicio.
Desde el ámbito político, algunos sectores interpretan la privatización como una estrategia vinculada a disputas preexistentes, relacionándola con figuras del gobierno anterior y con proveedores históricos de AySA. Estas interpretaciones sugieren que la decisión podría estar motivada por intereses particulares y por la búsqueda de un cambio en el paradigma de gestión de los servicios públicos.
Finalmente, la posibilidad de que la empresa israelí Mekorot adquiera la concesión de AySA ha generado diversas especulaciones. La experiencia y el conocimiento de Mekorot en la gestión de recursos hídricos despiertan tanto expectativas positivas como interrogantes acerca de las prioridades y el enfoque que la empresa podría imprimir en la prestación del servicio en el AMBA. La concreción de esta adquisición podría marcar un nuevo capítulo en la historia de AySA y en la provisión de agua y saneamiento en la región.