por Gabriel Solano
Es probable que lo que vuelva especialmente significativo este nuevo aniversario del 24 de marzo no sea únicamente que se cumplan 50 años del golpe de Estado genocida, más allá de la carga simbólica que suelen tener las fechas redondas. Lo verdaderamente llamativo es que hoy tengamos en la Casa Rosada a un gobierno abiertamente negacionista, que ha hecho de la reivindicación del terrorismo de Estado uno de sus ejes políticos centrales. En esa línea, Milei eligió como compañera de fórmula a Victoria Villarruel, cuya trayectoria pública se ha concentrado casi exclusivamente en la defensa de los responsables de crímenes de lesa humanidad y en su rol actual como lobista de las Fuerzas Armadas.
Pero el fenómeno no se agota allí. El ecosistema libertario que acompañó a Milei desde sus inicios fue incluso más explícito que la propia Villarruel en su reivindicación de la dictadura. No faltaron quienes posaron sonrientes junto a un Falcon verde o diputados que realizaron visitas especiales a represores condenados. Para despejar cualquier duda de que se trataba de una línea política deliberada, la propia Casa Rosada difundió el último 24 de marzo un video protagonizado por un referente libertario de marcada orientación fascista —Agustín Laje— cuyo mensaje central consistía en negar la existencia de los 30.000 detenidos-desaparecidos.
La llegada al poder de una fuerza negacionista generó una conmoción en el movimiento popular. En particular, porque esta vez no se trató del resultado de un golpe de Estado, sino de un ballotage electoral en el que obtuvo el 56% de los votos. Los derrotados de esta contienda eluden su responsabilidad en este resultado y, en cambio, la emprenden contra la parte mayoritaria del pueblo que había votado por Milei. ¿Qué le pasa al pueblo argentino para que más de uno de cada dos vote por un defensor de los Videla y Massera? La falta de una respuesta correcta a esta pregunta derivó en situaciones distintas. Desde la desmoralización genuina de algunos, al aprovechamiento de otros, especialmente de la burocracia sindical y de sectores de la llamada oposición, que dijeron: “No podemos enfrentar al Gobierno pues tiene el apoyo popular”. Así, aceptaron paritarias a la baja, despidos masivos en el Estado y hasta votar el paquete de leyes reaccionarias de Milei en el Congreso. Esta inversión de la culpa presenta a los políticos opositores como víctimas de una voluntad popular que los impulsa a votar leyes que destruyen derechos fundamentales de las y los trabajadores.
Esta presentación elude la propia responsabilidad de las fuerzas políticas tradicionales en el ascenso de Milei. Es que, en materia de derechos humanos y reivindicación de la Dictadura, Milei no hizo otra cosa que llevar a cabo políticas y planteos que estuvieron presentes en la totalidad de los gobiernos constitucionales de 1983 a la fecha. Ya antes del final de la Dictadura, los partidos tradicionales de Argentina planteaban propuestas de impunidad para los genocidas. El peronismo, que había puesto a Ítalo Luder como su candidato a presidente, defendía abiertamente la autoamnistía que se había decretado la Dictadura. Raúl Alfonsín, en cambio, le proponía a las Fuerzas Armadas que se ´juzguen´ a sí mismas utilizando para ello la Justicia Militar, sabiendo de antemano que eso comportaba un beneficio evidente. Solo cuando las Fuerzas Armadas se negaron a ello, el gobierno radical decidió avanzar con los ya conocidos juicios a las Juntas Militares. Pero al hacerlo se cuidó muy bien de limitarlos a unas pocas figuras de la dictadura, dejando de lado a miles de responsables del genocidio perpetuado entre 1976-83. Y no solo eso: además impulsó que los juicios alcanzaran también a los dirigentes de Montoneros, siendo pionero así de la llamada “teoría de los dos demonios”. La historia posterior es conocida: el gobierno radical de Alfonsín dicta las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, para que no avancen los juicios contra el aparato represivo de la dictadura, y luego Carlos Menem con el apoyo de casi todo el peronismo emite los decretos de indulto para liberar al alto mando militar. La UCR y el PJ, que habían prestado un apoyo al gobierno militar suministrando parte importante de su funcionariado civil, en los sucesivos gobiernos constitucionales buscan consagrar la impunidad de los genocidas mediante leyes y decretos.
Fue necesario que se profundice la lucha del movimiento de los derechos humanos por el juicio y castigo, y que se produzcan grandes irrupciones populares como las del 2001, para que se revierta parcialmente esta política y se avance en los juicios contra el aparato represivo de la dictadura. Ante esta presión, la Corte Suprema, que había avalado los indultos, resolvió anularlos, mientras que el Congreso hizo lo propio con las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. La crisis generada por los pedidos de extradición de genocidas a otros países redujo la presión de las Fuerzas Armadas al comienzo de los juicios en la Argentina. Para el kirchnerismo la anulación de las leyes le dio la oportunidad de avanzar en la cooptación de los organismos de derechos humanos, transformando a varios de ellos en dependencias del Estado mientras muchos de sus integrantes se transformaban en funcionarios públicos. Antes de abandonar el poder, fue la propia Cristina Fernández de Kirchner la que quiso retomar una reinserción de las Fuerzas Armadas en la política nacional. La designación de César Milani, denunciado por su participación directa en el genocidio de la dictadura, tuvo ese propósito estratégico. La Cámpora comenzó a realizar operaciones con el Ejército, aprovechando la ayuda a sectores que sufrían inclemencias climáticas. Milani resumió este objetivo señalando que quería: “unas fuerzas armadas nacionales y populares”, es decir, adictas al Gobierno. Que no se trataba de un planteo de choque con el imperialismo lo dejó en claro la propia Cristina Fernández de Kirchner cuando decidió impulsar la aprobación de la “ley antiterrorista” reclamada por el Pentágono, que refuerza la capacidad represiva del Estado y el espionaje interno contra la oposición política y las organizaciones populares.
Este breve resumen expone la impostura de quienes presentan la llegada de Milei al poder como el quiebre de un “consenso democrático” que existió entre 1983 y 2023. La historia es muy distinta y relata la lucha permanente, de mayor o menor volumen, de las organizaciones populares contra un Estado y contra los sucesivos gobiernos que intentaron, por distintas vías, la impunidad del aparato represivo de la Dictadura. Milei ha utilizado un discurso más provocador que quienes lo presidieron en el Poder Ejecutivo, aunque por el momento no ha tomado ninguna medida del tenor del indulto o de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Esto no quiere decir que no pueda hacerlo. Hay que otorgarle credibilidad a las versiones que insinúan que Milei podría indultar por decreto a los genocidas de la Dictadura. Por más que la mayor parte de los condenados esté transcurriendo sus últimos años de vida, indultar a los genocidas tiene un valor simbólico hacia el futuro . Si el objetivo es que las FFAA vuelvan a cumplir un rol en la represión interna, eso debe ir acompañado de asegurarles impunidad por anticipado para los futuros crímenes que cometan.
Los vasos comunicantes entre Milei y las experiencias políticas pasadas están dictados por la clase social que se ha valido de todos los gobiernos para imponer sus intereses minoritarios en contra de la inmensa mayoría popular. Nos referimos, claro, a la clase capitalista que se las ha arreglado para moldear los distintos gobiernos en función de su propio beneficio. Lo ha hecho con los gobiernos constitucionales como también con la dictadura militar. El golpe de estado del 24 de marzo de 1976 fue, antes que nada, un golpe capitalista. Fue reclamado por todos los sectores empresariales mediante un lock out patronal de cumplimiento masivo realizado el 16 de febrero de 1976, donde se instó a los militares a tomar el poder. El propósito no era terminar con los grupos armados del tipo Montoneros o ERP, que ya estaban desmantelados, sino con la “guerrilla fabril” —tal como pidió el líder de la UCR Ricardo Balbín— en alusión al activismo obrero que luchaba en las fábricas y en los sindicatos. Fue justamente la clase obrera la que sufrió la parte más dura de la represión y quien de entrada nomás vio perder los derechos conquistados en décadas de lucha.
La clase capitalista logró conquistas enormes bajo la dictadura militar. A la eliminación física de una parte del activismo sindical, sumó la anulación del derecho laboral, la posibilidad de un endeudamiento descomunal transferido luego al Estado y la transformación de muchos grupos empresariales en contratistas del gobierno. El régimen constitucional, que se inauguró en 1983, intentó preservar el aparato represivo de la Dictadura e hizo otro tanto con las «conquistas» que la clase capitalista logró entre 1976 y 1983. La mayor parte de la ‘legislación’ de la dictadura quedó en pie, entre ellas la ley de entidades financieras, el código aduanero, el régimen penal juvenil. Para tener una idea de la magnitud de esta continuidad, es necesario saber que de las casi 4.500 leyes vigentes, 417 provienen de la Dictadura. A esto debe sumarse el reconocimiento de la deuda externa, en su mayoría contraída por empresarios locales y estatizada por el régimen militar. Este endeudamiento operó como la “acumulación originaria” de varios grupos económicos, que experimentaron crecimientos vertiginosos durante los años de plomo. Entre esos mecanismos de endeudamiento se destaca la deuda tomada con el Club de París, que en sus orígenes fue una deuda tomada por empresas privadas que luego fue estatizada por la dictadura. La historia se completa con el reconocimiento del monto total más punitivo que Axel Kicillof firmó siendo ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. El monto que se comprometió a pagar fue de 10.000 millones de dólares.
Los empresarios lograron imprimir a la Dictadura y a los gobiernos constitucionales posteriores, sus propios objetivos de clase. Esto vale tanto para la llamada ‘burguesía nacional’ de los Roca y Madanes Quintanilla como para el capital financiero internacional. Aun con choques y divisiones, estos sectores gobernaron con Videla, Alfonsín, Menem, los Kirchner, Macri y ahora con Milei. Esta comunidad de intereses explica las ‘trenzas y roscas’ que cotidianamente se plantean en el Congreso o entre el gobierno nacional y los gobernadores para avanzar en leyes como la reforma laboral o el régimen penal juvenil. ¿O la reforma laboral no reproduce en lo esencial las medidas antiobreras dispuestas desde el día 1 por la Dictadura, como la derogación de los convenios colectivos de trabajo o del derecho a huelga? ¿O este régimen penal juvenil no sigue siendo el mismo que el de la dictadura, incluso bajando la edad de imputabilidad a 14 años como lo habían dispuesto Videla y Massera?
La decadencia nacional que nadie niega, y se plasma en una pobreza espeluznante, una precariedad laboral que alcanza a casi la mitad de la fuerza de trabajo, una crisis habitacional nunca vista, un endeudamiento nacional récord, un retroceso productivo, una decadencia de la infraestructura, coloca en el banquillo de los acusados a todos los que nos han gobernado en estos 50 años y a la clase social que impuso sus intereses y moldeó el país a su imagen y semejanza.
Aunque resulte paradójico, Milei logró valerse del fracaso de esta Argentina capitalista y de los gobiernos democráticos para llegar al poder mediante el voto popular. Paradójico, decimos, porque lo hizo en nombre de un programa capitalista rabioso que, según prometía, convertiría al país en una potencia. Explotó con cierta habilidad la bronca legítima del pueblo con los gobiernos precedentes, que ocultaron sus verdaderos objetivos de clase detrás de un relato progresista que terminó desacreditando ante parte de la población derechos y reclamos legítimos. El “Estado presente”, por ejemplo, en vez de ofrecer un servicio de salud y educación de calidad, se convirtió en una cueva de ladrones que lucraban en alianza con la patria contratista. O se invocaba el extraordinario movimiento de la “marea verde” para formar un ministerio con una burocracia cooptada al Estado, mientras la situación real de las mujeres no dejaba de deteriorarse y crecía la influencia del clero en la educación ante la crisis del sistema educativo público. El odio merecido a la corrompida burocracia sindical también fue utilizado hábilmente para promover un rechazo a la organización colectiva de la clase obrera y a los derechos laborales.
Este fracaso de la democracia capitalista va más allá de la Argentina. Se trata de un fenómeno más general que explica el ascenso de los derechistas como Milei a nivel internacional. Esto no exculpa a quienes han gobernado la Argentina durante estas largas décadas, sino que los coloca en una perspectiva adecuada. Estamos en presencia del fracaso de un régimen social que quiere superar sus crisis y contradicciones insalvables mediante ajustes generalizados, xenofobia, proteccionismo imperialista, choques entre estados, militarismo y guerras crecientes. El centro de propagación de esta ola reaccionaria es nada y nada menos que EEUU, que era y aún es presentado como la democracia más importante del mundo. Pero el ascenso de Trump ha agudizado como nunca sus contradicciones internas, multiplicando choques sociales y políticos de alcance nunca vistos.
América Latina toda se ha transformado en un terreno de las disputas entre las potencias más importantes del planeta. La idea de que por nuestra posición geográfica estamos a salvo de las guerras crecientes que se multiplican a nivel internacional carece de todo sustento. El secuestro de Maduro, la conversión de Venezuela en un protectorado yanqui, la amenaza a Cuba sumergida en una crisis humanitaria desesperada, muestra que el imperialismo yanqui quiere recuperar el dominio de América Latina y desplazar la creciente influencia de China. El “corolario Trump” de la llamada Doctrina Monroe sintetiza la estrategia del imperialismo norteamericano en la región. Milei ha picado en punta alineándose con Trump y le ha dado el apoyo abierto a los planes belicistas en América Latina y en todo el mundo.
El golpe de Estado de 1976 fue precedido por la “crisis del petróleo” que comenzó, como ahora, por una guerra en Medio Oriente. Los “petro-dólares” que se crearon por el aumento del precio del barril dieron un impulso inusitado a las deudas externas, como sucedió con Argentina bajo la dictadura militar. En la actualidad la guerra en Medio Oriente forma parte de una tendencia creciente a una guerra mundial. Se combina con la guerra entre la Otan y Rusia en Ucrania, la masacre del pueblo palestino en Gaza y la anexión de Cisjordania, los choques armados entre Paquistán y Afganistán, el genocidio en Sudán del Sur y el crecimiento en todos los países de los presupuestos militares. El fenómeno Milei se inscribe en esta tendencia a la derechización de los regímenes políticos y a la guerra internacional.
La peculiaridad de este nuevo salto de las guerras, incluida la de Medio Oriente, es que se libran luego de la restauración del capital en el territorio que ocupaba la ex URSS, en Europa Oriental y China. Esta restauración del capital, consumada bajo la llamada “globalización”, fue acompañada por la promesa de un fortalecimiento de las democracias en el mundo y la superación de las rivalidades nacionales. La evidencia muestra que ha sucedido lo contrario. Lejos de ello, tenemos un avance de la ultraderecha, de la xenofobia, de los choques interestatales y de las guerras.
Esta caracterización es útil para dictar el programa con el que debemos intervenir en este aniversario 50 del golpe militar. No se trata de oponerle a Milei la defensa de una democracia capitalista caduca, porque es ella la que engendra a los Milei, Villaruel, Trump y Netanyahu. Se trata de luchar por una transformación social integral sobre bases socialistas a escala nacional e internacional. Después de todo, fue lo que se planteó el 24 de marzo de 1976, cuando la clase capitalista en su conjunto impulsó y respaldó a los Videla y Massera porque temían a una generación obrera y juvenil que luchaba por una verdadera transformación social de la Argentina y del mundo. Desde esta perspectiva vamos a la Plaza de Mayo diciendo “fuera Milei, fuera Trump, huelga general”.