
La llamada ley de modernización laboral obtuvo media sanción esta madrugada en el Senado. Tras una jornada que se caracterizó por un clima de negociaciones a último término, concesiones a los popes del sindicalismo vernáculo y una furibunda represión a trabajadores y manifestantes que expresaban el rechazo a este proyecto frente al Congreso.
Cuando el reloj marcó la una y media de la madrugada de hoy, tras más de catorce horas de sesión y un día entero de negociaciones a puertas cerradas, el tablero marcó 42 votos afirmativos y 30 negativos. La Libertad Avanza celebró un triunfo sostenido por aliados circunstanciales y por un operativo político que se extendió por despachos, pasillos y teléfonos encendidos hasta último momento.
Desde el mediodía, el Congreso estuvo rodeado por un fuerte operativo de seguridad. Las protestas, lejos de disiparse con la represión, coparon las redes sociales. La imagen del palacio legislativo vallado y la multitud intentando hacerse oír desde la plaza contrastaba con el hermetismo que dominaba adentro, donde el texto de la reforma seguía modificándose incluso minutos antes de la votación.
La Libertad Avanza aportó apenas veinte votos propios. El resto provino de un mosaico de bloques: la UCR, el PRO, legisladores cercanos a gobernadores de distintos signos políticos y representantes provinciales que se sumaron tras intensas conversaciones. En la vereda opuesta, el peronismo y algunos de sus aliados mantuvieron un rechazo cerrado, acompañados por los santiagueños y otros espacios provinciales.
El oficialismo llegó al recinto con un objetivo claro: asegurar los números. Para eso, cedió en puntos sensibles. Se retiró la reducción del impuesto a las ganancias para empresas —clave para los gobernadores—, se garantizó a la CGT que no se tocarían las cajas sindicales ni las obras sociales, y se preservó el monopolio bancario en el pago de haberes. También se ajustó el Fondo de Asistencia Laboral para atraer el apoyo de sectores empresarios y de PyMEs. Pero el cambio más polémico apareció a último momento con la modificación que reduce el pago por enfermedad al 75% o incluso al 50% del salario. La incorporación, atribuida a negociadores de la UCR, endureció aún más un proyecto ya cuestionado por su impacto sobre derechos laborales.
El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, recorrió el Senado durante toda la jornada, interviniendo en los puntos más frágiles de la negociación. Su presencia terminó de destrabar el acuerdo para incluir el inicio del traspaso de la justicia laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires, un reclamo histórico de grandes empresas y un gesto hacia el sector político porteño. Mientras tanto, la ahora senadora Patricia Bullrich se movió entre el recinto y los despachos, liderando conversaciones que, según admitieron algunos senadores, se mantuvieron en un nivel de reserva inusual incluso para los estándares del Congreso. Así, la Libertad Avanza consiguió el primer triunfo legislativo del año: la media sanción de una reforma que considera estratégica. Pero el precio fue alto. La sesión dejó la imagen de un gobierno que avanzó en silencio, negociando con múltiples actores y enfrentando un rechazo social visible en las calles.
Ahora, la discusión se traslada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo aspira a un trámite rápido: dictamen el 18 de febrero y sesión el 25. Si la madrugada del Senado fue un anticipo, el debate que viene promete ser igual de intenso.
