La Auditoría General de la Ciudad advierte sobre la falta de un inventario propio de aguas y el seguimiento deficiente de la calidad por parte de la Agencia de Protección Ambiental.
La Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) reveló deficiencias en la gestión del agua por parte de la Agencia de Protección Ambiental (APRA), encargada de supervisar la calidad de las aguas públicas. El informe de la AGCBA parte de una observación central: no existe un inventario completo y actualizado de las cuencas y cuerpos de agua de la Ciudad, un incumplimiento de la Ley 3.295 de Gestión Ambiental del Agua. Esa ausencia no es menor; se trata de un registro exhaustivo que funciona como mapa y punto de partida para cualquier política de monitoreo, control y remediación.
Frente a este cuestionamiento, APRA respondió que la confección de ese inventario no figura entre sus misiones y atribuyó la provisión de datos a la Dirección General Sistema Pluvial. La AGCBA, por su parte, detalla cómo se compone el universo a auditar: los dos ríos interjurisdiccionales (Río de la Plata y Riachuelo), 13 arroyos como Maldonado y Cildañez, nueve lagos en espacios verdes —entre ellos Lugano, Soldati y el Rosedal— y la laguna Los Coipos.
Más allá del listado, la auditoría observa que los procesos de monitoreo son parciales: APRA “no actúa sobre la totalidad del agua de dominio público de la Ciudad”, lo que choca con los principios del Acuerdo Federal del Agua. En los análisis remitidos, se examinaron 54 analitos —sustancias y compuestos cuya presencia y concentración permiten evaluar la calidad—, pero sólo 39 cuentan con regulación vigente. Los 15 restantes carecen de valores de referencia que permitan decidir si sus niveles son admisibles; según el informe, APRA no realiza tareas de investigación y desarrollo para establecer esos umbrales.
La ausencia de normas y de un abordaje integral tiene efectos concretos en la salud ambiental: la auditoría consignó porcentajes de analitos que exceden los límites admisibles en ciertos cuerpos de agua. El Lago Lugano (comuna 8) aparece a la cabeza, con un 28,20% de analitos fuera de norma; le siguen el Arroyo Cildañez (comunas 8 y 9) con 25,64% y el Arroyo Ugarteche (comuna 12) con 20,50%. Esos números subrayan no solo la presencia de contaminantes, sino también la necesidad de acciones de gestión claras y efectivas.
La Ley 3.295 obliga a la APRA a intervenir en actividades, proyectos u obras que puedan afectar la calidad del agua y a ejecutar acciones de remediación a través de la Dirección General Control Ambiental (DGCONTA). Sin embargo, cuando la auditoría solicitó información sobre medidas concretas, la DGCONTA respondió que sus funciones no incluyen acciones de saneamiento. La tensión entre las atribuciones formales y las prácticas reales deja un vacío operativo: la norma exige intervención, pero las áreas responsables declaran límites en sus competencias.
Otro punto crítico señalado por la AGCBA es la falta de procesos de participación ciudadana adecuados. La ley exige fijar y actualizar los usos prioritarios y los estándares de calidad con la participación de los interesados; la auditoría concluye que APRA no cumplió con las instancias de participación previstas. La participación no es un trámite administrativo: implica transparencia, consulta y construcción colectiva de prioridades que, en temas de agua, repercuten en la salud pública, el uso recreativo y la planificación urbana.
La investigación de la auditoría pone al descubierto un panorama de falencias técnicas y organizativas: un inventario incompleto, monitoreos parciales, lagunas regulatorias sobre analitos relevantes, cuerpos de agua con porcentajes preocupantes de sustancias fuera de norma y carencia de mecanismos efectivos de participación y remediación. Frente a ello se impone una pregunta política y técnica: si la Ciudad reconoce la obligación de proteger sus aguas. ¿Qué ajustes institucionales y recursos son necesarios para convertir la obligación legal en acciones concretas y verificables?
La gestión ambiental del agua reclama coordinación interjurisdiccional, definición y actualización de estándares, inversión en investigación aplicada y procesos de gobernanza que involucren a la sociedad. Sin esos elementos, los mapas parciales seguirán mostrando puntos críticos —como Lugano, Cildañez o Ugarteche— cuya solución exigirá decisión política y capacidad técnica.