El pulso se tensó entre la administración nacional y los trabajadores y las trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Tras la publicación de la Resolución 213/25, que desarticula funciones del Programa de Metrología Legal, se abrió una disputa que llevó a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a iniciar una acción judicial para dejar sin efecto la medida.
La metrología legal no es una oficina administrativa cualquiera: regula y verifica instrumentos tan cotidianos como los surtidores de combustible, las balanzas comerciales, los alcoholímetros y los cinemómetros. Los especialistas del programa certifican modelos, testean y calibran equipos, y emiten la aprobación que garantiza que un litro, un kilo o una lectura médica sean confiables y uniformes en todo el país. Con la resolución, el INTI cesa actividades clave como la aprobación de modelos y la certificación de correcto funcionamiento de estos instrumentos, lo que, según ATE, abre la puerta a un proceso de vaciamiento y eventual privatización.
“El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Para el sindicato, la decisión no sólo pone en riesgo los puestos de trabajo de 147 trabajadores distribuidos en todas las provincias, sino que también compromete la seguridad y los derechos básicos de los ciudadanos: “Parece increíble, nunca nos imaginamos que se llegaría al momento en el que un kilo ya no sea un kilo o que en los surtidores de nafta un litro no sea realmente un litro”, advirtió Aguiar. La frase sintetiza un temor concreto: sin controles públicos estandarizados, se abre la puerta a irregularidades que mutan en pérdidas económicas para consumidores y empresas, y en riesgo sanitario y vial cuando se trata de instrumentos médicos o de tránsito.
Detrás del conflicto late una discusión mayor sobre el rol del Estado en la regulación técnica. El Programa de Metrología Legal agrupa líneas de trabajo que van desde la metrología como ciencia hasta la operación del Servicio Argentino de Calibración. Su desarticulación implica no sólo la posible pérdida de experticia institucional, sino también la fragmentación de procesos críticos para la fiscalización. Para el sector sindical, la resolución es “llamativa” porque afecta de manera concentrada todas las funciones de control y fiscalización; para el Gobierno, en tanto, la medida fue publicada como una reorganización administrativa que —según fuentes oficiales consultadas por distintos medios— buscaría optimizar recursos (argumentos que, hasta ahora, no han logrado apaciguar la inquietud técnica ni la judicialización emprendida por ATE).
Las consecuencias prácticas son inmediatas y de amplio alcance. Empresas que dependen de certificaciones para comercializar productos o servicios pueden ver frenadas sus actividades; laboratorios y centros de calibración que requieren normativas y aprobaciones oficiales quedan en una situación de incertidumbre; y los consumidores pierden una garantía pública sobre la exactitud de mediciones que afectan el día a día: desde la cantidad de combustible en la estación de servicio hasta la precisión de una balanza en el mercado o la lectura de un dispositivo médico.
El escenario provoca también un efecto político y simbólico: la reacción sindical, con intimación judicial incluida, marca el inicio de una disputa que no será solo técnica. ATE prepara una batería de acciones sindicales, y la carta que le envió al Gobierno exige la derogación de la resolución. En la mesa quedan varias preguntas abiertas: qué sucede con los procesos de certificación ya iniciados, cómo se garantizará la continuidad de servicios esenciales si se avanza en la desarticulación y qué alternativas propone el Ejecutivo para asegurar los estándares de medición que resguardan a los consumidores.
Mientras la controversia trepa, los 147 trabajadores del programa permanecen en el centro del conflicto: su certeza laboral, su conocimiento técnico y la red de controles que sostienen dependen de la resolución. La crónica de estos días combina el sistema de reglas invisibles que hacen funcionar la vida cotidiana —los kilos, los litros, las mediciones— con la política concreta del poder: decisiones administrativas que, para muchos, significan una fractura en el entramado que garantiza equidad y seguridad.
Si de algo quedan pruebas claras en este episodio es de que la metrología, aun siendo materia aparentemente técnica y grisácea, no es ajena al interés público. Desactivarla o transferir sus funciones sin un debate público amplio puede acarrear no solo pérdida de empleo, sino un debilitamiento estructural de garantías que afectan a millones de ciudadanos. Hasta tanto la Justicia emita una respuesta o el Ejecutivo revierta la medida, la disputa por la Resolución 213/25 se mantiene en pie como un test sobre el rol del Estado en la regulación técnica y la defensa de derechos básicos del consumidor.