El sábado 2 de agosto, una multitud de cuerpos se congregó frente al Palacio de Aguas para abrazar a AySA. Este gesto que dista de ser simbólico para transformarse en acto urgente y grito colectivo contra los decretos 493 y 494, sancionados por el poder Ejecutivo, que habilitan la privatización del agua en el área metropolitana. La propuesta gubernamental de vender el 90% de la empresa AySA encendió alarmas, y lo que emergió fue una ola: transversal, popular, territorial.
Participaron personas llegadas desde los barrios, desde los ríos, desde los cerros. Isleños del Tigre con sus carteles de humedales vivos; comunidades indígenas con banderas Wiphala; referentes sindicales, artistas, estudiantes, jubiladas, niñeces con dibujos celestes y azules. Todos y todas se unieron en una consigna clara: El agua no se vende, se defiende.
Pero este abrazo fue solo una gota en el cauce de acciones que recorren el país:
— En Mendoza y Chubut, la resistencia contra las mineras.
— En el norte, los pueblos originarios que custodian los ríos y acuíferos como parte de la Pacha.
— En Tierra del Fuego, el rechazo a la salmonicultura intensiva que amenaza el Canal Beagle.
— En CABA, el rechazo a la presencia de Mekorot, empresa israelí cuestionada por prácticas de apartheid hídrico en Palestina.
La jornada se tiñó también de solidaridad internacional: entre los cantos, se exigió el fin del genocidio en Gaza y se alzó un “¡Fuera Mekorot de Argentina y Palestina!”, reconociendo que el agua, como la dignidad, no conoce fronteras.
El abrazo final, con cientos enlazando sus brazos alrededor del Palacio, fue más que una postal. Fue la semilla de una memoria nueva. Porque cuando el agua es atacada, los cuerpos resisten. Y cuando los cuerpos se juntan, nace el cauce.
La defensa del agua se condice con la defensa del territorio y de nuestra soberanía. En este sentido, la segunda privatización de AySA en Argentina se enmarca en un contexto de desmantelamiento de instituciones estatales clave en la gestión del agua y el saneamiento. Hasta el año pasado el Estado contaba con organismos como el ENOHSA, encargado de la planificación, ejecución y administración de obras de agua y saneamiento a nivel nacional, así como de la financiación de infraestructuras e investigación en la materia. A su vez, el Instituto Nacional del Agua desempeñaba un rol fundamental en el control de la calidad del agua, la modelación hidráulica, el diseño de obras hidráulicas y el manejo de sistemas de alertas hidrológicas.
En un país donde millones de habitantes carecen de acceso a agua potable y cloacas, estas medidas profundizan aún más la desigualdad territorial y afectan directamente la salud pública, contribuyen al aumento de la mortalidad infantil, de la esperanza de vida y de la carga de trabajo no remunerado de las mujeres. La privatización, lejos de solucionar estos problemas, resultó en un retroceso en la cobertura de servicios, tarifas inasequibles y servicios de baja calidad, generando además importantes pasivos ambientales que persisten en la actualidad. En lugar de priorizar la rentabilidad, el debate debería centrarse en garantizar el acceso universal y gratuito al agua potable como una prioridad fundamental para el desarrollo y el bienestar de la población.