SOBRESEIMIENTO BORDERLINE

Legisladores y militantes sociales advirtieron hoy que el fallo de Cámara que ordena el sobreseimiento del jefe de gobierno Mauricio Macri, la vicejefa María Eugenia Vidal, entre otros funcionarios por la represión en el Hospital Borda es “una continuidad de la impunidad” y aseguraron que evalúan presentar una apelación ante el Tribunal de Casación.
“Consideramos que el fallo es inconsistente, de modo que ya estamos evaluando presentar un recurso ante el tribunal de Casación”, aseguró  Luciano Fernández, dirigente de ATE agredido durante la brutal represión llevada a cabo por la policía Metropolitana y quien encabeza la querella que denunció a Macri y otros funcionarios.
Y continuó: “para nosotros no queda ninguna duda de la responsabilidad de Macri y los funcionarios durante la represión; ellos dieron las órdenes, estaban al tanto de lo que pasaba y no impidieron que se siga reprimiendo”.
El 23 de octubre de 2014, en la causa “Macri, Mauricio y otros. S/ Vejaciones y Apremios Ilegales” (Expte. Nº27.116/2013) el juez de primera instancia Adolfo López decretó el procesamiento del Comisario Inspector Horacio Alberto Giménez y el sobreseimiento “en forma arbitraria e infundada a los funcionarios políticos”.
Además de Macri y a Vidal, en la causa fueron acusados el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; los ministros de Seguridad, Guillermo Montenegro, de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, y de Salud, Graciela Reybaud, y el policía Ricardo Pedace.
El fallo fue apelado y la Sala IV de la Cámana Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ordenó en su momento al tribunal de primera instancia volver a investigar, por lo que el juez López volvió a sobreseer a los funcionarios y procesó a Giménez.
Los querellantes y el fiscal Ricardo Saénz volvieron a apelar este fallo por lo que la sala IV de la Cámara, integrada por Carlos González y Alberto Seijas, ratificó el sobreseimiento de todos los imputados, inclusive de Giménez.
Además, pidió que se investigue la responsabilidad de Chain en la demolición del Taller Protegido 19, el edificio donde funcionaban los talleres de oficios que pacientes, médicos, enfermeros, familiares, legisladores y militantes defendían cuando se desencadenó la represión.
“Cuando la Cámara indicó al tribunal de López que investigue, nosotros aportamos numerosas pruebas, entre ellas, demostramos cómo durante las seis horas que duró la represión hubo llamados en forma constante entre Montenegro, Pedace y Giménez”, describió Fernández.
Para el militante de ATE, “este fallo ratifica la necesidad de una reforma judicial que permita impedir esta connivencia entre la Justicia y el Poder Ejecutivo”.
En el mismo sentido, el legislador porteño por el MST-Nueva Izquierda, Alejandro Bodart, quien también fue víctima de golpes aquel 26 de abril y es parte de la querella, sostuvo que “este fallo sienta las bases para que un Gobierno pueda hacer cualquier cosa con total impunidad”.
“El Gobierno porteño primero violentó una medida cautelar al tirar abajo el edificio; después no siguió el protocolo que existe para los casos en los que una fuerza debe actuar en una escuela y en un hospital, no avisaron, no trasladaron paciente y por último demolieron un edificio que tenía asbesto, una sustancia altamente contaminante que estuvo allí por meses”, detalló Bodart.
Y añadió que “tampoco se entiende por qué esta misma Cámara que hace unos meses le pidió al tribunal de primera instancia que investigue mejor, hoy sobresee a todos”.
Por su parte, la Directora General de Niñez, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Elena Naddeo, quien también estuvo el día de la represión, sostuvo que “el lamentable que la Justicia no tome conciencia de los efectos de este tipo de resoluciones”.
“La represión fue una decisión política, colectiva, y por todas las circunstancias que se han demostrado es obvio que fue consultada con el jefe de Gobierno y con los ministros”, afirmó Naddeo.
Y añadió que “al actuar de esta forma, la justicia nos coloca en una situación de impunidad”.
En tanto, el Legislador porteño del Frente Progresista Popular, Fernando Muñoz, denunció la falta de justicia y la ausencia de políticas públicas en salud mental y consideró que la represión en el Hospital Borda fue una “acción criminal planificada” porque no existió ningún protocolo de represión y porque la policía disparó a quemarropa.
Tras este fallo, por la represión en el Borda sólo se encuentra procesado el comisionado de la Policía Metropolitana Martín Roth por el delito de “lesiones leves”, en tanto el mismo tribunal de primera instancia que sobreseyó a los funcionarios ya elevó a juicio oral Daniel Catalano, otro dirigente de Ate, y otros seis trabajadores del Borda por “atentado y resistencia a la autoridad”.