La Defensoría General de la Nación y la de la Ciudad convinieron trabajar de forma conjunta en la asistencia de los vecinos de la sirga del Riachuelo afectados en la la «Causa Mendoza», donde la Corte Suprema ordenó a la Nación, a la Provincia y a la Ciudad la limpieza de la cuenca del río, donde viven 8 millones de personas. Y ordena al Estado a recomponer el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las personas. El acuerdo, compromete a ambos organismos a trabajar sobre el abordaje territorial y extrajudicial de los vecinos de la zona del Riachuelo y de los conjuntos habitacionales donde sean relocalizados.
Los Ministerios Públicos de la Defensa de Nación y Ciudad se encuentran trabajando con equipos específicos destinados al abordaje institucional en los procesos de urbanización de villas y asentamientos y de relocalización de vecinos. Sin embargo, la convergencia de los objetivos institucionales y la conveniencia de una intervención conjunta de ambos organismos hizo necesario formalizar este nuevo acuerdo específico complementario del Convenio marco celebrado en 2010.
“A través de este nuevo convenio, las Defensorías se comprometen concretamente a realizar en forma conjunta el abordaje territorial y extrajudicial de los vecinos de la sirga del Riachuelo y de los vecinos de los conjuntos habitacionales donde sean relocalizados. Además, acuerdan intervenir en forma conjunta en la asistencia de los vecinos involucrados, como así también promover, intervenir y requerir en conjunto las medidas que estimen conducentes en la causa”, señalan en un comunicado de prensa.
“La Ciudad, la Nación y la Provincia han sido condenados por la Corte”, recordó Horacio Garcete, coordinador del Equipo de Trabajo Causa Riachuelo de la Defensoría General de la Nación, en diálogo con Radio Gráfica.
“La ejecución de esa condena ha superado los seis años. En el caso del Gobierno de la Ciudad esto se suma a una política habitacional claramente hostil a que los vecinos sigan en las comunas en las que viven”, añadió.
Respecto a la provincia de Buenos Aires, Garcete comentó que “quedan muy pocos territorios fiscales -ya que muchos de ellos, explicó- están afectados a la construcción de barrios cerrados. Por lo cual la resolución a la cuestión habitacional que manda el fallo muchas veces se ve impedida”.
El coordinador señaló además que “no existe quizás la voluntad política de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo para operar en la expropiación de determinada tierra para cumplir con este fallo”, finalizó.
La causa Mendoza se inició en 2004 cuando el problema que vivían los vecinos de la zona se convirtió en un expediente judicial. Cuatro años después el máximo tribunal del país responsabilizó a los tres estados demandados -el nacional, el provincial y el porteño- por el deterioro de la cuenca Matanza Riachuelo. Es una extensión que atraviesa 14 partidos del conurbano bonaerense y una gran parte de tierra porteña, habitada por más de 8 millones de personas, según los datos del último censo.
En lo referente a las relocalizaciones y urbanizaciones según el convenio marco subscripto en 2010 por todas las jurisdicciones son 17.771 las familias afectadas, de las cuales el Gobierno de la Ciudad debe relocalizar un total de 2.527 familias. A la fecha, la gestión porteña ha relocalizado sólo alrededor de 400 familias en complejos ubicados en la Comuna 8, que es la que posee los mayores problemas habitacionales y sociales dentro de la Ciudad.