SEIS AÑOS SIN RELOCALIZACION

El gobierno porteño sigue sin cumplir un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia en 2008 y 215 familias de la Villa 26, sometidas a un grave riesgo ambiental por su cercanía con el Riachuelo, todavía no fueron relocalizadas, recordó hoy el abogado Alejandro Franco.
Franco, abogado patrocinante de los habitantes de la villa 26 del barrio de Barracas, declaró que a pesar del fallo de la Corte Suprema del año 2008, el gobierno porteño aún no relocalizó a las familias de ese asentamiento, que en su mayoría muestran graves signos de contaminación.
La villa 26 se levanta a la vera del Riachuelo en el barrio porteño de Barracas y es uno de los asentamientos sujetos al plan de saneamiento de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Producto de ese plan, en 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordenó al gobierno porteño que sus habitantes sean relocalizados ya que por ese lugar debe construirse el camino de sirga.
Según el censo habitacional realizado por el Instituto de la Vivienda porteño, sobre la sirga capitalina hay asentadas algo más de 2.600 familias, entre las que se incluyen las 215 de la Villa 26.
Alejandro Franco señaló que “si bien los habitantes de los asentamientos Magaldi y algunas familias de El Pueblito ya fueron reubicadas, el total de traslados no representa más del 10 por ciento familias afectadas”. El abogado recordó que en 2010, cuando la presidencia del Instituto de la Vivienda de la Ciudad estuvo en manos de Roberto Apelbaum, “se pretendió vender todos los terrenos del organismo, incluidos aquellos que estaban asignados a la relocalización de la Villa 26”.
Si bien la venta fue frenada por la justicia, uno de los predios, el de la calle Pedro Chutro, fue reasignado para la construcción de un destacamento de la Policía Metropolitana que “fue construido en sólo 8 meses”, señaló Franco.
Actualmente, en los tres terrenos donde deben mudarse las familias se están construyendo las viviendas pero el abogado señala que difícilmente se podrán cumplir los plazos declarados ya que “las obras avanzan muy despacio”.
Según la información que el IVC le giró al juzgado federal de Morón, a cargo del monitoreo del plan de ACUMAR, las viviendas del predio de Avenida Lacarra al 2000 debían entregarse en diciembre del año pasado, las del terreno de la calle Luzuriaga al 800 en marzo de 2014 y las de San Antonio al 700 en mayo de 2014.
Franco afirmó que “ninguna de estas fechas pueden ser cumplidas; es más, el IVC ya cambió cuatro veces las fechas de entrega”.
En este sentido, las familias reclaman que la entrega de las viviendas se haga de manera simultánea ya que sospechan que de lo contrario, el Instituto de la Vivienda hará justificativos parciales ante el juzgados que le permitirán dilatar la entrega de la totalidad de las casas.
El Auditor General de Ciudad, Eduardo Epsztein, afirmó que el caso de Villa 26 “es emblemático, porque demuestra claramente la falta de decisión política para resolver los problemas habitacionales de las ciudad”.
“Tienen las tierras asignada y hay medidas judiciales vigentes, y a pesar de esto deciden incumplir todos los compromisos”, afirmó Epsztein para quien la medida “responde a una concepción de las políticas sociales que evidencia un profundo desprecio por los pobres”.
La urgencia de la demanda radica en que un muestreo sanitario realizado recientemente por el equipo sanitario de ACUMAR sobre un porcentaje de residente de Villa 26, reveló que el 17 por ciento de los niños que viven allí tiene plomo en sangre superior al valor de referencia y el 37,5% de las embarazadas presentó anemia, patología que se repite en casi dos de cada diez chicos.
Según el informe socioambiental, los problemas de salud detectados por la contaminación son “enfermedades del estómago y de la piel” y también hay casos de “retrasos madurativos”.
Ese estudio, se suma a otro trabajo del mismo organismo que indica que el 25 por ciento de los niños que viven en la villa 21-24, vecina a la 26, tienen alta cantidad de plomo en sangre.
Franco criticó el anuncio de la construcción de dos túneles bajo en la avenida 9 de julio para el Metrobus, con un presupuesto estimado en 130 millones de pesos, “cuando a 15 minutos del obelisco, hay 215 familias viviendo en un foco infeccioso sin que se les de una solución de fondo”.