SALA ALBERDI

La lucha por la defensa de la cultura popular no se toma descanso. El primer día hábil del año, el Gobierno porteño cerró por “vacaciones” el Centro Cultural General San Martín (CCGSM) y reforzó el vallado metálico con personal policial  y vigilancia privada.

¿El objetivo?: impedir el ingreso a los miembros del colectivo que autogestiona la Sala Alberdi, ubicada el sexto piso de ese edificio. Los luchadores culturales ocupan este espacio desde hace dos años para impedir su desmantelamiento. Y se sostienen realizando  talleres y festivales de teatro a la gorra. Precisamente, el día el Gobierno, cerró el lugar comenzaban los talleres de verano en la Sala.

Desde el miércoles 2 de enero un grupo de este colectivo permanece dentro de la torre central del CCGSM, a la que se le ha cortado el suministro eléctrico y el agua, mientras el resto protagoniza un acampe en la plaza seca frente al acceso del edificio. Una canasta con una soga sube agua y víveres.

La solidaridad de la comunidad artística, de las organizaciones sociales y de Derechos Humanos no se hizo esperar. El 10 de enero se llevó a cabo una inmensa movilización que culminó en las puertas de la Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad. Allí, Hernán Lombardi recibió a una delegación del colectivo de la Sala Alberdi. La entrevista resultó un fracaso. El Ministro de Cultura porteño les dijo que “por más carpas que coloquen, nada cambiará”. Los artistas resolvieron continuar con el acampe para recuperar el lugar.

Un informe emitido por la Coordinadora Contra la Represión Policial (CORREPI), indica que la táctica estatal combina el acoso y la presión represiva con intentos de seducción, con la intención de disuadir y/o desgastar a los ocupantes del CCGSM. Mientras que, por un lado, son hostigados por los vigiladores privados y por la policía, que exhibe impunemente sus pertrechos. Por otro utilizan personal de programas de asistencia a personas en situación de calle “para relevar sus necesidades”, como si los compañeros estuvieran en el acampe porque no tienen casa, y no defendiendo un lugar público de estudios artísticos.

La CORREPI, también denunció que: “El día  7 de enero, la policía detuvo  a seis de los jóvenes que se solidarizaron con el acampe. El arresto se produjo en la plaza Lavalle frente al palacio de Tribunales. Tras permanecer 48 horas  en la Comisaría 3ª, el miércoles 9 de enero,  fueron liberados, pero quedaron imputados en una causa penal con intervención del juzgado federal nº 9”.

El conflicto entre los integrantes de la Sala Alberdi y el Gobierno de la Ciudad se inició en el año 2006, cuando Silvia Fajre, por entonces ministra de Cultura de la Ciudad, dispuso el desalojo de la Sala. La reacción de la comunidad docente, de los alumnos y de Francisco Donato, su director, fue promover una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad para  evitar el desalojo y el cierre de la Sala Alberdi. El tribunal tuvo un primer pronunciamiento que el Gobierno apeló. En 2010 la jueza Fabiana Schafrik vuelve a emitir un fallo, que confirma la resolución anterior: el Ejecutivo porteño debía reparar la sala en un plazo de 30 días y trasladar transitoriamente las actividades que se venían desarrollando a un nuevo espacio.

En cinco años de conflicto, ninguna de las medidas dispuestas por la Justicia se cumplió. Por el contrario, el cambio de gestión contribuyó al deterioro y al desgaste de la Sala: Francisco Donato renunció a la dirección, la cooperadora encargada de la administración fue disuelta, se cerraron el 60% de los talleres y miles de espectadores dejaron de asistir a las actividades gratuitas allí ofrecidas. Ante esta situación, el 17 de agosto de 2010, un grupo de alumnos y ex alumnos resolvió tomar la Sala Alberdi y  autogestionarla realizando actividades teatrales y talleres a “la gorra”. La comunidad artística, intelectuales y personalidades de la cultura, se solidarizaron de inmediato con ellos. Y así resistieron dos denuncias penales por usurpación y varios intentos de desalojo.