Especialistas en violencia de género reclamaron medidas de protección más eficaces por parte del Estado para prevenir actos violentos hacia las mujeres que denunciaron haber sido amenazadas.
Los femicidios con fuego de María Karina Flamenco, su marido y sus seis hijos, a quienes la ex pareja de la mujer habría quemado a principio de mes, y el testimonio de Jorgelina Vila, golpeada reiteradamente por su ex pareja a pesar de la orden judicial de no acercamiento para el agresor, son algunas de las historias que ponen en debate estas medidas.
«¿Cuánta sangre tiene que correr entre las manos de magistrados y funcionarios judiciales y de las fuerzas de seguridad para que reconozcan que las mujeres tenemos derechos humanos que deben garantizarse plenamente?», se preguntó la ex diputada Marcela Rodríguez.
La abogada escribió junto a Silvia Chejter el libro `Homicidios conyugales y de otras parejas. La decisión judicial y el sexismo`, donde analizaron sentencias «para exhibir los fundamentos y argumentos desarrollados por los jueces para justificar la resolución de los casos».
En su análisis, las autoras identificaron «el discurso, la narrativa, las representaciones simbólicas, los prejuicios y los estereotipos ocluidos bajo un velo de neutralidad e imparcialidad», explicó la profesional del Grupo Justicia y Género del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas.
El estudio reveló que «en la abrumadora mayoría de los casos había un historial de violencia previa que no tuvo respuesta en las múltiples ocasiones que las mujeres denunciaron al agresor y en algunos se ordenaron medidas de protección que fueron violadas sin sanción alguna para el violento».
También analizaron fallos «donde existían procesos pendientes a los que no se les prestaba importancia. Aún en los casos de condenas, eran leves y no se establecían medidas de protección suficientes para las mujeres».
Los antecedentes de violencia, la tenencia de armas, las amenazas de muerte «no fueron tenidos en cuenta al evaluar el riesgo y derivaron en homicidios previsibles y evitables», aseveró Rodríguez.
«Las órdenes de restricción están demostrando su ineficacia, porque requieren un seguimiento de la persona a la que se le impone y en la práctica no dan resultado» aportó Norma Chiapparrone, secretaria general de la Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas.
La profesional recordó que «hace tiempo propongo, siguiendo los estándares internacionales, que los primeros escalones de la denuncia deben estar cubiertos por mujeres porque eso le da más confianza a las víctimas. Y además, deben crearse las fiscalías y los juzgados de violencia especializados».
En tanto, Diana Rosenhek de la ONG Shalom Bait, señaló que «existe una permanente minimización de las denuncias que realizan las víctimas y una persistencia del sistema en ignorar el riesgo en que se encuentran estas mujeres y sus hijos e hijas».
Para ella «el Estado debe poner en funcionamiento mecanismos de seguimiento en cada uno de los casos denunciados», a lo que Chiapparrone sumó que «debe también invertir en un diseño de la justicia que además actúe preventivamente, sino nos seguirán matando».