PROCESADOS

El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy como supuestos jefes de una asociación ilícita a Claudio y Mario Cirigliano y por presunto “abuso de poder e incumplimiento de deberes de funcionario público” a los ex secretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, en la causa por la tragedia del tren de Once del 22 de febrero pasado

En el mismo fallo, el juez sobreseyó al maquinista, Marcos Córdoba, entre otras consideraciones porque “se le había encomendado a un joven con dos años de experiencia, la vida y la seguridad de 2.500 personas y se le había dado una herramienta vieja”.

Bonadio dictó las prisiones preventivas de los hermanos Cirigliano y otros cinco procesados, pero todos seguirán libres porque en algunos casos ya habían sido excarcelados por la Cámara Federal porteña y ese beneficio fue mantenido, mientras que en los otros casos se les dio 24 horas para depositar una fianza de cinco millones de pesos.

Cuatro de los siete procesados con preventiva, Claudio Sergio Cirigliano, Carlo Ferrari, Claudio Tempone y Carlos Lluch, ya habían estado detenidos en el caso por supuesta ocultación de documentación y fueron excarcelados.

En cambio, Mario Cirigliano, Jorge Alvarez y Marcelo Calderón deben depositar una caución de cinco millones de pesos antes del lunes.

A Jaime y Schiavi les fijó un embargo de un millón de pesos al procesarlos sin prisión preventiva por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes” por su supuesta omisión de controlar a la ex concesionaria Trenes de Buenos Aires y el uso que daba a los subsidios girados desde el Estado Nacional.

Lo mismo resolvió para con el ex subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna, el ex titular de la CNRT Pedro Ochoa Romero, Pedro Rainieri y Francisco Pafumi.

Paralelamente estableció un embargo colectivo de 600 millones de pesos por sobre los bienes y dinero de todos.

En cuanto a los responsables de la ex concesionaria los procesó por los delitos de “descarrilamiento de un tren, agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas, asociación ilícita y defraudación a la administración pública”, con distintos grados de culpa.

A los hermanos Cirigliano y Marcelo Calderón los ubicó como jefes de la asociación y les dictó la prisión preventiva al igual que al ex presidente de TBA, Carlo Ferrari, al abogado Carlos Lluch y al gerente Sergio Tempone, a quienes encontró responsables como “organizadores”.

Sin prisión preventiva y por el mismo delito, el juez procesó como miembros de la organización ilícita al vicepresidente de TBA, Jorge de los Reyes; al vicepresidente de Cometrans, Oscar Gariboglio, y a los directores Victor Astrella, Daniel Rubio, Carlos Pont Vergez, Alejandro Lopardo y Guillermo D Abeningno.

En la resolución de 876 carillas evaluó que para que ocurriera la tragedia del 22 de febrero se puso en marcha una “trilogía siniestra de empresarios, funcionarios y sindicalistas”.

Para el juez, esta situación no puede entenderse sin “exponer y desmembrar los diversos factores que incidieron en su producción, los cuales no nacieron espontáneamente aquel fatídico día, sino que existían anteriormente y eran conocidos tanto por los operadores de la línea Sarmiento, como por aquellos funcionarios públicos encargados de controlar y ejecutar la política ferroviaria en el ámbito metropolitano y por la dirigencia sindical”.

“Claramente se privilegió la maximización del rédito económico para enriquecerse y enriquecer las empresas asociadas con total desprecio por la seguridad de los usuarios”, agregó en su resolución.

En cuanto al sobreseimiento del maquinista, el juez remarcó que “estaba al comando de un tren sobrecargado de peso” con un sistema de frenos que “respondía con dificultad” porque “carecía de dos compresores” algo que dificultaba el procedimiento de frenado y además con dos años de experiencia, conducía un “tren viejo” con siete vagones con fallas de mantenimiento.

“Se le había encomendado a un joven de 26 años, con dos de experiencia, la vida y la seguridad de 2.500 personas y se le había dado una herramienta vieja, corroída e insegura”, advirtió  el juez al desvincular definitivamente al maquinista de la causa penal, tras haber sido indagado en dos oportunidades.

En cuanto a las causas de lo ocurrido, Bonadio advirtió que la decisión de congelar tarifas en el 2003 en los servicios públicos “trajo aparejada una mutación estructural en el contrato de concesión”.

“Se empieza a generar un proceso de desfinanciación vía aumento de costos, incrementos salariales, inflación, que debe ser corregido para permitir la continuidad del servicio”, evaluó en un extenso análisis que abarcó “decisiones políticas” tomadas en los años 90 y en el 2003 que sirven para “comprender el curso de los acontecimientos”.

La situación fue “subsanada por el Estado otorgando subsidios para los gastos operativos y corrientes del concesionario”, por montos que “no debían ser confundidos ni económica ni contablemente con los fondos que se podían considerar como propios de la concesión, la tarifa”.

“La asociación ilícita organizada por los accionistas, directivos y gerentes actuantes en TBA, por medio de actos de administración infiel de los fondos públicos transferidos por el Estado Nacional generaron una cadena de felicidad destinada a enriquecer de manera ilícita y espuria a una serie de empresas vinculadas entre sí y pergeñadas alrededor” de los acusados.

Repercusiones Gremiales

En tanto, el  Sindicato de Conductores de Trenes “La Fraternidad” respaldó hoy la decisión judicial de sobreseer a Marcos Córdoba, el maquinista de la formación que protagonizó “el accidente ferroviario del 22 de febrero último en la estación Once de la ex línea Sarmiento”, señaló el gremio.

Un comunicado de prensa reseñó que “la empresa concesionaria había responsabilizado a Córdoba por el choque” en Once.

“El trabajador quedó deslindado de una responsabilidad mayor en el proceso de la causa”, expresó el titular del gremio, Omar Maturano, quien señaló su “conformidad” respecto del fallo del juez Claudio Bonadio y sostuvo que la organización continuará respaldando a Córdoba con “recursos y asesoramiento legal”.

El sindicalista remarcó el rol que tuvo el gremio desde el mismo día del accidente y subrayó que algunos medios, “con mala intención, difundieron que el respaldo sindical a Córdoba estuvo condicionado o que la entidad le había soltado la mano”.

“Con esta decisión judicial quedó evidenciado que el apoyo de la organización gremial fue y será total”, concluyó Maturano.