MARCHA CONTRA EL TRABAJO ESCLAVO

Cientos de personas marcharon por las calles del  barrio de Flores en reclamo de justicia por la muerte de dos niños en el incendio de un taller clandestino el  27 de abril pasado. Exigieron un rol activo del Estado en la regularización de la industria, horas después de que la Legislatura elevara un pedido de informes que el Ejecutivo macrista deberá responder en 30 días acerca de la situación del inmueble incendiado.
Organizaciones sociales, políticas y sindicales se concentraron en la plaza de Páez y Terrada, frente al taller donde la semana pasada fallecieron Rolando y Rodrigo Mur, de cinco y diez años, y desde allí marcharon primero hasta la escuela primaria donde ambos estudiaban, para finalizar frente al taller clandestino de la calle Viale, que se incendió en 2006 causando la muerte de seis personas.
Esteban Mur, padre de los chicos muertos, dijo que “no hay palabras para explicar el vacío que deja la muerte de dos hijos, cuesta mucho encontrar excusas para salir adelante después de algo así”.
Frente a las ruinas del taller siniestrado, una vieja casa que todavía acumula en sus veredas los restos del incendio, Esteban contó que “en este lugar trabajábamos cinco adultos; mis hijos nunca trabajaron, es más, jugaban en esta misma placita”.
“Nosotros por este inmueble pagábamos un alquiler mensual de 8.500 pesos más servicios e impuestos; teníamos un acuerdo con un comerciante coreano que nos proveía de los materiales y le cobrábamos la costura por unidad; él después lo vendía en la calle Avellaneda”, señaló.
“Nuestra familia está destruida, mis otros dos hijos sobrevivieron porque estaban en la casa que alquilamos en Villa Celina, porque acá en el taller solo vivíamos durante la semana; no sabemos cómo vamos a seguir adelante”, apuntó.
Esteban destacó que “ver en este acto la solidaridad de tanta gente es algo que reconforta y que uno agradece mucho, porque no se trata sólo de que haya justicia para nuestros hijos, sino de que nunca vuelva a pasar”.
“Hace falta que las autoridades resuelvan el problema de los talleres; hay muchos hermanos costureros que no son libres de salir de donde trabajan, y muchos que sí somos libres, pero que así como se hizo con las empleadas domésticas necesitamos una ley que regule la actividad para garantizar nuestros derechos”, concluyó.
Más temprano, la Legislatura porteña aprobó en sesión ordinaria un pedido de informes que el Ejecutivo deberá responder en 30 días acerca de la situación del inmueble, mientras que la oposición manifestó su intención de interpelar a funcionarios de las áreas de fiscalización y trabajo sobre el tema.
El pedido a la gestión macrista, que unificó siete proyectos de legisladores de la oposición, fue aprobado en coincidencia con la decisión del juez de instrucción Manuel Gorostiaga de remitir al fuero federal la causa en la que se investiga el fallecimiento de los dos niños, al determinar que esas muertes fueron “consecuencia del delito de trata de personas”.
Gorostiaga detalló que “quedó demostrado que en el sitio donde perdieron la vida los menores Aidar Rolando Mur Menchaca y Rodrigo Menchaca funcionaba un taller textil clandestino y en dicho lugar vivía en condiciones de hacinamiento e insalubridad, por lo menos siete personas de nacionalidad boliviana”, detalló el juez.
Sobre ese extremo apuntó que los trabajadores hacían las tareas “bajo las órdenes de terceros hasta el momento no individualizados, quienes los explotaban laboralmente” por lo que “nos encontramos en presencia de una consecuencia directa –muerte de personas- del delito de trata de personas con fines de explotación laboral”.
En el expediente -que ahora investigará el juez federal Rodolfo Canicoba Corral- el magistrado de instrucción tuvo por acreditado que cuando ambos niños “perdieron la vida se encontraban dentro de un sótano, sin conexión con el exterior, sin otra abertura que una escalera, y al producirse el foco ígneo el ambiente mismo operó como una suerte de jaula”.