Ayer por la tarde, tras una audiencia pública convocada por el juez porteño Roberto Gallardo, celebrada en la Asociación de Abogados de la Ciudad de calle Uruguay 485, el magistrado determinó suspender definitivamente la obra de cocheras subterráneas que el Gobierno porteño había emprendido debajo del Parque Las Heras.
Esta determinación fue adoptada en el marco del recurso de amparo presentado por los vecinos que generó la suspensión de la construcción por parte del Juez Gallardo ante la necesidad de evaluar el impacto ambiental que podría generar la construcción.
A la audiencia, asistieron un nutrido grupo de vecinos del Parque, abogados de la empresa y su arqueóloga Celina María Madero (encargada de responder las preguntas), la legisladora María José Lubertino quien actuó como “Amicus curiae”, el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, el titular de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, y otros integrantes de estas áreas gubernamentales.
Los representantes del Gobierno encargados de responder las preguntas del juez Gallardo fueron Liliana Barela (directora de Patrimonio Histórico), y su asesor, el director de Arqueología Urbana, Daniel Schavelzon, quien confirmó que no tuvieron conocimiento de la obra hasta que ésta se inició.
Luego de la audiencia pública convocada por el juez para escuchar a la empresa constructora, y a funcionarios del Gobierno de la Ciudad, el magistrado ordenó parar por completo las obras.
Asimismo, el juez determinó: “mantener en todos sus términos la medida precautelar; ordenar al GCBA y a la empresa constructora retirar el vallado colocado en las inmediaciones del Parque, realizar la limpieza del mismo, y realizar las obras necesarias a efectos de que la zona del Parque que linda con la Avenida Coronel Díaz y la calle Salguero de acceso de automóviles sea reacondicionada a fin de encontrarse en idénticas condiciones a las que se hallaba previo, antes del lunes 6 de septiembre de 2010 a las 11”.
Para el caso que el Gobierno porteño o la empresa constructora Vialco S.A no cumplan con lo pedido, el magistrado resolvió que “se impondrán apercibimientos personales en cabeza del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y del Presidente de la empresa Vialco S.A y se efectuará la pertinente denuncia penal contra los precitados ciudadanos”
La decisión de Gallardo se debe a que detectó una serie de irregularidades como el “incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de una presentación de estudio de impacto ambiental comprensivo de todos los elementos que constituyen el medio ambiente, la falta de análisis y estudio del propio GCBA de las cuestiones de patrimonio arqueológico y paleontológico que pudieran suscitarse, el incumplimiento de lo previsto en el artículo 13 de la ley nº 1.227 en tanto requiere la intervención de la Secretaría de Cultura del GCBA y del artículo 50 de la ley nº 25.743, así como las cuestiones sin resolver que se desprenderían del plan de rescate arqueológico presentado por Vialco S.A”.
En tanto el procurador General de la Ciudad, Ramiro Monner, opinó que la “resolución del juez Gallardo no tiene fundamento”, ya que el Gobierno realizó todos los estudios que estaban a su cargo tomando además intervención la Secretaría de Cultura del GCBA
Por otra parte, el procurador General informó que una vez analizada la versión videográfica de la audiencia, el gobierno presentará los recursos necesarios.