LA SALUD EN LA CIUDAD

El Área de Derecho a la Salud de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad expuso las falencias del Sistema de Salud porteño en un Informe que compendia 340 actuaciones tramitadas durante 2012.

A la hora de atender a la población, el sistema de salud porteño -que abarca tanto a los hospitales públicos y los centros de salud, como a las obras sociales y la medicina prepaga-, exhibe notorias falencias. Los usuarios y usuarias, claro está, se quejan; y el Área de Derecho a la Salud de la Defensoría del Pueblo de la CABA toma nota de los reclamos e interviene para promover, proteger y defender este derecho humano fundamental. Así surge del Informe Anual 2012 en el que da cuenta del asesoramiento que brindó a los afectados, de las gestiones administrativas e inspecciones técnicas que realizó y de sus entrevistas con funcionarios, entre tantas otras tareas.

Según el documento, los reclamos predominantes (20%) de quienes  concurren a hospitales corresponden a las dificultades para acceder a medicamentos que debe proveer el Ministerio de Salud local. Los más afectados por esta carencia son aquellos que padecen patologías crónicas (diabetes, epilepsia, hipertensión) o enfermedades que, como las oncológicas o la hepatitis C, requieren medicación de alto costo. La falta de estos fármacos o la demora en su entrega suele derivar en la interrupción o discontinuidad de los tratamientos, con las consecuencias que ello conlleva.  Poco más abajo en el ranking, con el 16%, figuran las quejas por demoras en la asignación de turnos para estudios diagnósticos y cirugías, mientras que el 12% de los reclamos proviene de quienes padecen demoras para obtener insumos y prótesis o directamente no logran conseguirlas.

Además, el Área intervino ante distintos conflictos que surgieron en el subsector; entre ellos, el cierre de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Durand debido a su déficit de recursos humanos y físicos, la falta de camas disponibles en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Argerich o de personal de enfermería en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, la escasez de anestesistas en el Hospital de Quemados, las dificultades en servicios de hemodiálisis, el insuficiente mantenimiento de la aparatología y las dificultades de los migrantes carentes de DNI argentino, tanto para acceder a los servicios como para inscribirse en la lista de los que esperan un trasplante.

 

Otra dificultad denunciada por el Área como un problema del subsector público fue la falta de funcionamiento en red y de derivaciones institucionalizadas cuando los efectores no se encuentran en condiciones de brindar las prácticas indicadas a los usuarios del sistema. Por ello, mediante la resolución 955/12 se recomendó al Ministerio de Salud porteño el desarrollo de normas de procedimiento para estos casos que garanticen el funcionamiento en red de los servicios de diagnóstico y tratamiento -especialmente los de mediana y alta complejidad- y, en consecuencia, la atención oportuna de los pacientes. Asimismo, se indicó la intensificación de los controles y el mantenimiento de la aparatología y el nombramiento del personal necesario para el funcionamiento pleno de esos servicios en horario matutino y vespertino.

Pero los reclamos también provienen de afiliados a obras sociales. En su mayoría, denuncian la falta de cobertura de medicamentos por parte de las entidades (27%), el incumplimiento de las prestaciones especiales del Programa Médico Obligatorio, tales como internación domiciliaria y rehabilitación (17%) y las demoras para cirugías (11%).

El Área también debió intervenir ante instituciones de este subsector que se negaron a brindar coberturas fuera del Programa Médico Obligatorio, aún cuando habían sido requeridas por sus propios profesionales a raíz de las necesidades de tratamiento de esos afiliados; que no otorgaron cobertura en medicamentos de alto costo o interrumpieron las prestaciones médico-asistenciales por modificación de la cartilla.

 Un caso especial fue el de la Obra Social Bancaria Argentina que incumplió de modo reiterado con la provisión de medicamentos e insumos para sus beneficiarios y llegó a provocar un corte casi total de sus prestaciones. Ante esta problemática, miembros del Área se reunieron con las nuevas autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo nacional que regula a obras sociales y empresas de medicina prepaga, con el objeto de establecer un mecanismo para resolver con rapidez las quejas receptadas por la Defensoría.

 En cuanto a los reclamos de usuarios del subsector privado (empresas de medicina prepaga), la mayoría se vinculan con las negativas empresarias a otorgar prestaciones especiales (32%) y con la falta de entrega o cobertura de medicamentos (28%).

 Menos masivos, pero no por eso menos importantes, fueron algunos hechos ocurridos en ese subsector que requirieron  la intervención del Área. Entre ellos, la negativa a cubrir cirugías no convencionales (aunque debidamente justificadas) o a proveer ciertas drogas como el Thyrogen, un coadyuvante para tratar el cáncer de tiroides, a pacientes a quienes les habían extirpado esa glándula tras un diagnóstico oncológico; el incumplimiento de una resolución del Ministerio de Salud de la Nación que obliga a conceder a los pacientes celíacos una mensualidad de $215 para la compra de harinas y premezclas libres de gluten. Por otra parte, profesionales de la Defensoría participaron en una mediación entre un reclamante y su prepaga que se resistía a reintegrarle lo abonado por un implante de stent. 

Pero lo actuado por el área no se agota en su intervención ante quejas y reclamos. Abarca –además- otras tareas fundamentales como la realización de ateneos en los que se consensúan criterios para resolver casos complejos o el desarrollo de estudios técnicos; entre éstos, una investigación sobre el presunto aumento porcentual de la mortalidad infantil en 2011 que concluyó con una recomendación elevada al Ministerio de Salud local, y otro trabajo en el que se relevó la accesibilidad en el primer nivel de atención en hospitales públicos generales de agudos, centros de salud y plan Cobertura Porteña de Salud para identificar los obstáculos que en ellos existen.

 Asimismo, miembros del Área participaron en actividades docentes de promoción de derechos en salud dirigidas a los trabajadores del sector y a los usuarios del sistema, y organizadas por la propia Defensoría, dependencias del Gobierno de la Ciudad, asociaciones de profesionales u ONGs.

 Además, se inauguró una nueva herramienta comunicacional; el blog Salud y Derechos que difunde las realizaciones del Área de Derecho a la Salud,  noticias temáticas, artículos de interés y comentarios de los lectores; todo ello brinda la doble posibilidad de compartir el trabajo cotidiano del equipo que conforma el Área e incorporar opiniones e ideas de trabajadores, investigadores, integrantes de organizaciones sociales y usuarios.