LA CIUDAD CONTRAE MÁS DEUDA

La Legislatura porteña autorizó hoy al Ejecutivo la Ciudad a contraer  empréstitos públicos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto máximo de hasta 100 millones de dólares o su equivalente en pesos, por un plazo de amortización mínimo de un año. Según la normativa aprobada por el cuerpo legislativo, el destino de las operaciones de crédito público se aplicarán a la  la provisión de infraestructura social y desarrollo comunitario del Barrio 31 y a  la mejora en la equidad educativa, de acuerdo a lo planteado en el  programa Integración Urbana e Inclusión Social y Educativa de la Ciudad.

“Este programa se desarrolla en el contexto de las medidas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires propuso llevar a cabo para la mejora en las condiciones de vida en las villas y barrios más vulnerables, mediante la participación comunitaria para la generación de las condiciones de habitabilidad que permitan el desarrollo de una vida digna, plena y con igualdad de oportunidades para todos sus habitantes”, explican los fundamentos de la iniciativa, que tuvo despacho de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria.

“Con el objeto de promover los procesos de urbanización e integración social y urbana del Barrio 31, se prevé la ejecución de obras de infraestructura y equipamientos sociales de calidad, con destino a la construcción del Nuevo Polo de Educación, que albergará la nueva sede del Ministerio de Educación y escuelas de distintos niveles educativos; el desarrollo y mejora de los espacios públicos y la intervención en viviendas y comercios; entre otras acciones comprendidas en el mencionado programa”, agrega el proyecto.

El financiamiento propuesto se enmarca en la contratación de uno o más empréstitos públicos con el BID, a través de la modalidad denominada Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP). Se trata de un instrumento estándar del BID, el cual presenta como ventaja la mayor eficacia y rapidez en el proceso de preparación y aprobación de los proyectos, y esencialmente la reducción de costos del financiamiento.

La norma fue sancionada con 32 votos positivos del Pro y sus aliados de CP y CC-ARI; 11 negativos del FpV y el Sindical Peronista y monobloques de izquierda, y 13 abstenciones.