LA AGENCIA DE MALES

La Ciudad tendrá una Agencia de Bienes que manejará y administrará unos 2.400 inmuebles que son del Estado de CABA, sobre los cuales podrá ejecutar nuevas obras e impulsar su venta, según una ley sancionada por la Legislatura porteña que incluyó la enajenación del predio del Tiro Federal, en Núñez, para la construcción de un parque educativo universitario.
La ley fue aprobada por 42 votos positivos, 16 negativos y dos abstenciones, tras una extensa sesión en la Legislatura de la Ciudad donde un grupo de vecinos se hizo presente para manifestar su oposición al proyecto que el Ejecutivo presentó el año pasado ante el Parlamento, el cual ya contaba con una media sanción legislativa del 2015.
La norma, que finalmente quedó aprobada, registró modificaciones al texto original redactado a fin del año pasado, que fueron pedidas desde los bloques de la oposición que exigieron esos cambios como condición para acompañar el proyecto.
La vicepresidenta de la Legislatura, Carmen Polledo, consideró que “es un proyecto que requirió del consenso de distintas fuerzas políticas y además se introdujeron varios cambios planteados por los vecinos en las audiencias públicas, por lo que funcionaron todas las instancias de participación ciudadana”.
Puntualmente, la Agencia de Bienes tendrá como funciones administrar y disponer de los bienes inmuebles que pertenecen al Estado, pero que son de dominio privado, los cuales fueron calculados en 2.400 aproximadamente por fuentes parlamentarias, aunque la cifra no fue consignada en la ley.
Asimismo, el directorio del flamante organismo estará compuesto por siete integrantes: el presidente, el vicepresidente y tres vocales que serán designados por el Poder Ejecutivo, mientras que los dos miembros restantes serán destinados por la Legislatura con la mayoría absoluta de su conformación, en representación de los bloques políticos opositores.
También tendrá tres síndicos, uno propuesto también por el Ejecutivo y los dos restantes por el Parlamento; en tanto que la Agencia será auditada por los órganos de control interno y externo del Gobierno de la Ciudad.
Por último, la Agencia estará obligada a que toda vez que realice cualquier acto sobre algún inmueble debe hacerlo siguiendo el procedimiento fijado el artículo 82 de la Constitución local, donde se establece que la Legislatura debe aprobar transacciones del dominio público y la disposición de bienes inmuebles de la Ciudad con la mayoría absoluta de sus miembros, es decir, 40 de los 60 diputados.
Este punto de la ley fue el que generó críticas desde la oposición entre diciembre pasado, cuando se llevó a cabo la primera votación, y esta nueva sesión, dado que en su texto original no incluía a la Legislatura como el lugar a donde la Agencia debía enviar el plan de acciones que encararía anualmente para su tratamiento y aprobación.
Esa omisión fue cuestionada fuertemente por el arco opositor que consideró que la medida le quitaba a la Legislatura alguna de sus facultades, lo que transformaba al proyecto de “inconstitucional”.
Esa acusación derivó en una reforma por parte del PRO a fin de conseguir el apoyo de algunos bloques de la oposición para alcanzar los votos necesarios para la sanción del proyecto.
Puntualmente, la ley habilita al flamante organismo a disponer de los inmuebles públicos de dominio privado para su venta o para la ejecución de proyectos de obras en terrenos distribuidos en la Ciudad y propone la enajenación del que comprende al Tiro Federal en la zona de Núñez.
A la entidad se le permitirá la conservación de tres de las 16 hectáreas con que contaba la asociación y en las que está situado el edificio central y el correspondiente polígono de tiro, en tanto que se ofrecerá la posibilidad de una relocalización de las parcelas enajenadas en otra zona de la Ciudad.
También fueron afectados a la nueva Agencia los terrenos delimitados por Leopoldo Lugones, Guillermo Udaondo y Del Libertador, para la creación de un Parque de la Innovación que, según proyecciones del oficialismo, sería como un “Silicon Valley” porteño.
De la venta de ese espacio, según se desprende de la ley, el 20 por ciento de lo producido será destinado a la urbanización de las villas 31 y 31 Bis, otra parte a políticas de las áreas de Educación y Salud y lo restante al desarrollo del Parque de la Innovación.
Este nuevo emprendimiento, en tanto, deberá contar con los estudios de impacto ambiental, vehicular, de tránsito y de pre factibilidad de servicios públicos, los cuales serán remitidos a la Legislatura, y además se hará a través de un Concurso Público de iniciativas y proyectos, de carácter nacional.
Por último, el proyecto establece que el Parque de la Innovación servirá para “posicionarse como centro urbano que impulse la ciencia y la tecnología, la generación, atracción y desarrollo de la innovación, del conocimiento y del talento de la Ciudad”, además de “promover la radicación, de las personas físicas y jurídicas, y los empresarios individuales”.