ES ILEGAL EL CIERRE DE LOS PROGRAMAS DEL SAME

A raíz de la Resolución 1657/13 dictada por la ministra de Salud, Dra. Graciela Reybaud, que despidió a 1500 trabajadores de la salud y desarticuló al SAME, la jueza Patricia López Vergara dictó una medida cautelar de no innovar, que el GCBA no está cumpliendo.
Dicho fallo ordena al gobierno porteño “que mantenga o reponga, en todos los centros de salud (…) la cantidad de horas de suplencias de guardia que disponían antes de la sanción de la referida resolución”.
La jueza del Juzgado Número 2, argumentó que esta resolución publicada el 31 de octubre en el boletín oficial, restringe “las prestaciones médicas, sin establecer un mecanismo de cobertura que permita brindar el servicio”.
La 1657 eliminó las suplencias de guardia y distintos programas del SAME. “Las suplencias de guardia son cargos que hacen al funcionamiento habitual del hospital, como tener un cardiólogo infantil, un infectólogo infantil, alguien que haga ecografías pediátricas, tareas que se necesitan en un hospital y que se cubren mediante cargos que no son de planta real. Son cargos que ya están precarizados, que no tienen vacaciones, ni aguinaldo, ni licencias. La entrada a esos cargos es por concurso publico pero no son cargos de planta, sino de ‘suplencia de guardia en planta’. El hospital está estructurado de una forma muy perversa en la que su funcionamiento depende en gran medida de esos cargos. Servicios enteros funcionan con personas con este tipo de nombramiento”, explicó Ana Shlindler, médica del Hospital Alvarez en una entrevista televisiva. La resolución produjo así el cierre de distintos servicios en varios hospitales de la Ciudad.
Distintas movilizaciones han llevado a cabo los trabajadores de la salud durante diciembre y enero para exigir su derogación. El fallo de la jueza Vergara, responde a un amparo presentado por dos psicólogas con el patrocinio del Dr. Ramiro Dos Santos Freire y el Dr. Mario Kestelboin, en su carácter de Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires.

En primera persona: experiencia de una paciente en un servicio de Diagnóstico por Imágenes
Comparto una reciente experiencia que tuve para agendar un turno para un estudio de radiología seriada de EGD. Soy usuaria del Hospital Durand y paciente del servicio de Cardiología donde, por razones de mi hipótesis diagnóstica, me derivaron para el sector de Gastroenterología para estudios complementarios. Al pasar por la médica que me solicitó el estudio, salí con una solicitación de tal radiología que, según sus palabras ”no era posible hacer en el Durand porque está el equipo pero no el personal para realizar ese tipo de examen”. No obstante, me sugirió hacer el estudio en una clínica privada ya que ”la calidad de los estudios de esos equipos que andan en los hospitales públicos es muy inferior”. Además, me dijo que con apenas 300 pesos sería posible hacer el estudio.
Me fui a la oficina de la administración del hospital averiguar cuál sería el trámite necesario para concurrir a otro hospital. La jefe del servicio me dijo que tal equipo radiológico estaba roto en la mayoría de los hospitales – incluso el de Oncología Marie Curie! – y, por lo tanto, necesitaba buscar el sector de Diagnóstico por Imágenes del Durand para obtener una declaración que afirmara la imposibilidad de hacer el estudio en tal hospital. Salí del sector con un sello que decía: ”No se realiza el estudio por falta de equipo”. Me puse a visitar hospitales como el Ramos Mejía y el Fernández donde escuché diversos reclamos por parte de los enfermeros: ”Macri está más preocupado en construir bicisendas que invertir en la salud” o ”Hace mucho que la salud está en decadencia” y así, la complejidad del tema va mucho más allá de los 300 pesos.
La experiencia muestra una realidad que ha acompañado las últimas decisiones tomadas por el gobierno de Mauricio Macri y que, despacio, conduce a una privatización del sector de salud (como ya pasa con la salud mental y la consecuente derivación de los pacientes internados a clínicas privadas con la excusa de la ley 448). La crisis de los hospitales públicos denuncia un gobierno que no ofrece mucho más allá de la atención primaria y que, todo lo que trascienda un simple análisis clínico, ya no es soportado por el Estado.
En el Durand ya es común encontrar carteles que dicen ”turnos suspendidos por falta de equipo” y es posible leer eso para estudios básicos como un electroencefalograma y ecocardiograma (eco-doppler). Está bueno acordar que los estudios más específicos son muy necesarios en diagnósticos complejos y agudos, donde hace falta una profundización mayor para seguir con el tratamiento adecuado. La situación se vuelve más triste aun cuando la deficiencia está presente incluso en los hospitales oncológicos que atienden, en su gran mayoría, a pacientes terminales. Sea por falta de equipo o de personal, hay que resistir contra la salud decadente que se brinda todos los días a adultos, niños y ancianos.

Acto y Audiencia Pública por la salud

Mañana miércoles 19 de febrero a las 11hs, se realizará un gran acto en la puerta del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” (Bustamante entre Paraguay y Mansilla) con la consigna “Unidos por la Educación y la Salud Públicas”. La realización del acto se acordó el 13 de febrero en una reunión Interhospitalaria junto a padres, docentes, gremios docentes y representantes de legisladores. El recorte de lo público es parte central de la política macrista donde el cierre de cursos y la falta de vacantes en las escuelas se suma al vaciamiento de los hospitales, todo parte de un plan sistemático y privatizador.
Y el viernes 21 habrá una Audiencia Pública convocada por el Juez Gallardo por el incumplimiento por parte del gobierno porteño de la medida cautelar que ordenó el 27 de diciembre pasado la suspensión de la resolución 1657/13. El GCBA deberá explicar “porqué el recorte no afecta la atención a las personas”. Será a las 11hs en el Cabildo Histórico frente a la Casa de Gobierno de la Ciudad.