INCONSTITUCIONAL

El presidente del Centro de Estudios para la Inclusión Social (CEIS), Juan Gallardo, aseguró hoy que el aumento de la tarifa de subterráneos ordenado por el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, fue decidido para administrar más fondos públicos “sin control alguno”.

Gallardo indicó que esa determinación fue adoptada sin convocar a audiencia pública y puntualizó que el “tarifazo” es “violatorio de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la normativa vigente, que fijan para este tipo de medidas la realización de una audiencia pública” de forma previa.

El titular del CEIS señaló que “la historia demuestra que Macri no se lleva bien con los subterráneos, ya que prometió primero construir 10 kilómetros de servicio por año y no cumplió”.

“También afirmó que tenía equipos técnicos para mejorar el servicio y nunca los presentó. Luego exigió el traspaso al gobierno nacional, pero cuando se le otorgó se excusó para no hacerse cargo. Por último, lo aceptó sin presentar un plan integral de continuidad de las obras ni propuestas para mejorar su calidad y aplicó un tarifazo del 127 por ciento”, puntualizó.

Gallardo explicó que todo ello conforma “un cóctel explosivo y, los únicos perjudicados, son los usuarios y los ciudadanos”.

“La Constitución porteña, a diferencia de la Nacional, determina el principio de democracia participativa y no representativa. En orden con esa perspectiva, la audiencia pública es un instituto que permite la participación de los interesados, como los vecinos o las asociaciones de consumidores, para que emitan su opinión en relación con las medidas de gobierno que los perjudiquen”, afirmó.

Gallardo reseñó que el artículo 46 de la Carta Magna porteña garantiza “la defensa de los consumidores de bienes y servicios y especifica que el Ente Regulador de los Servicios Públicos debe promover mecanismos para su participación, de acuerdo con lo que reglamenta la norma 210”.

Esta última ley aclara que el Ente tiene la obligatoriedad de convocar a una audiencia pública en caso de modificación de las tarifas de los servicios de transporte público, concluyó.