Los trabajadores de la cooperativa de trabajo que lo mantiene en convocaron a las puertas del edificio de Callao al 300 para festejar una década de «lucha, trabajo y cultura», al tiempo que la denuncia por la presunta estafa al Estado de parte de los antiguos dueños del inmueble podría comenzar a ser investigada penalmente.
Los diez años indican que los trabajadores autogestionados asociados en cooperativas son una verdadera alternativa para el mantenimiento y creación de puestos laborales, y una alternativa de gestión empresarial de carácter solidario, participativo y democrático, en clara contraposición con las empresas de capital que priorizan siempre la máxima tasa de ganancia», destacó el referente de la Cooperativa de Trabajo Bauen Hotel, Federico Tonarelli, sobre los festejos por la primera década de autogestión.
El 21 de marzo de 2003, los trabajadores del emblemático hotel porteño se agruparon para salvaguardar sus puestos de trabajo. Diez años después, lo conmemorarán a partir de las 16 horas en el frente del inmueble (Callao al 300, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Lo harán con números artísticos en vivo y presencia de muchas personas que respaldaron su proyecto en todo este tiempo.
«Lo que fue inicialmente un reclamo por el cumplimiento de nuestros derechos laborales se transformó con la práctica cotidiana de nuestra cooperativa en una referencia internacional de trabajo sin patrón», informó la cooperativa. Los trabajadores consideraron que se trata de una década regida por «los principios de lucha, trabajo y cultura».
En cuanto a la causa judicial, Tonarelli informó que pasó al fuero penal, después de que la cooperativa sostuviera durante años que muy probablemente hubiese un delito de ese tipo detrás del cierre del hotel. «La jueza Paula Hualde, del juzgado 9 del fuero Comercial, entendió que era posible que esto fuera así y giró el expediente al fuero penal. Luego de ser sorteada, la causa está en el juzgado 7, de Sebastian Casanello.»
En diciembre la cooperativa confirmó la denuncia a los antiguos dueños del inmueble por sus vínculos con las Fuerzas Armadas durante la última Dictadura. Este giro en la causa deja en suspenso la amenaza de desalojo que recaía anteriormente sobre los trabajadores y apunta hacia los responsables del cierre, no de la reapertura, de las más de 100 fuentes laborales que genera el hotel.
«Lo que evidenciamos fue la trama por la cual los Iurcovich obtuvieron un crédito del Banco Nacional de Desarrollo (Banade) a través de la estrecha relación con la Armada; crédito que al día de hoy no saldaron y cuya deuda, con los intereses, asciende a varias veces el valor actual del edificio. Estamos a la expectativa de que se empiece a investigar si hubo delito penal, esto significa saber si efectivamente hubo estafa contra Estado en complicidad con el gobierno de facto», explicó este mediodía Tonarelli.
«Ahora que ya se ha establecido en la sociedad la idea de que hubo una dictadura cívico-militar, posiblemente acá tengamos un claro ejemplo de empresarios y genocidas juntos para la comisión de delitos. Hoy, 37 años después, existe un marco social y político que permite que en aquellos mismos lugares donde esa complicidad cívico-militar realizara tales negociados, los trabajadores asociados en cooperativas generen riqueza y la distribuyan equitativamente.»
Fuente: Agencia Ansol