DESAPARICIÓN FORZADA

En base a las pruebas que constan en la investigación judicial, la Fiscalía Federal de Esquel consiguió que se cambie la carátula de la causa Santiago Maldonado a desaparición forzada. La decisión del Ministerio Público Fiscal reconoce que la principal hipótesis de la investigación apunta a la responsabilidad de Gendarmería Nacional en la desaparición de Santiago Maldonado tras la represión que realizó 1 de agosto a la Lof Resistencia Departamento Cushamen. A este hecho se suman conductas disvaliosas en perjuicio de miembros de la comunidad mapuche que ocupa el predio en conflicto territorial desde el 15 de marzo de 2015.

El comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal confirma que “se continúa investigando la  desaparición forzada de Santiago Andrés Maldonado ocurrida el 1º de agosto”. Y agrega: “La gravedad del caso relativo a la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por  una fuerza federal, es que se impulsaron medidas tendientes no sólo a determinar las circunstancias concomitantes a su desaparición sino también a la atribución de responsabilidad de las personas que pudieran ser responsables de su desaparición el pasado 1 de agosto. En este contexto, se han ordenado medidas de georreferencia tendientes a ubicar a la víctima y a cada uno de los vehículos que pertenecen a la fuerza preventora”.

Santiago Maldonado fue desaparecido tras la brutal represión de Gendarmería en la Lof de Cushamen; los testigos afirman que Santiago fue golpeado por gendarmes y trasladado en una camioneta de esa fuerza federal. Desde el primer momento, la CPM denunció la responsabilidad de la Gendarmería en el hecho y, a las pocas horas, presentó un habeas corpus por desaparición forzada, que dio origen a la investigación judicial que, se había iniciado con la carátula de “averiguación de delito”. La resolución de la fiscal Silvina Ávila reconoce que, las pruebas que constan en el expediente, apuntan hacia la desaparición forzada como única hipótesis.

Se obtuvieron diversas declaraciones tanto en el predio ocupado –distante a aproximadamente 100 km de la sede de esta Fiscalía Federal- y testimoniales en esta dependencia. También se han solicitado medidas irreproducibles al Juzgado Federal que, por razones de lógica investigativa, no pueden ser informadas. Se encuentran cooperando de forma coordinada diversas dependencias de la Procuración General de la Nación. En efecto, actualmente se cuenta con la activa participación del Fiscal General Felix Crous, de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y de la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC), que ha iniciado su intervención de asistencia a los familiares de Santiago Andrés Maldonado. En el marco de esta causa, los familiares, como víctimas, se han constituido como parte querellante, han sido informados en forma personal y a través de sus asesores letrados sobre las diligencias impulsadas.

Corresponde destacar que la mediatización de datos sensibles como la publicidad de las medidas dispuestas motivó que este Ministerio Público Fiscal solicitara al Juez Federal de Esquel que ordenara, en esta causa, el secreto del sumario, lo que fue concedido mediante resolución fundada el 14 de agosto pasado, toda vez que las circunstancias señaladas por esta parte se circunscribían al presupuesto previsto en el artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación. Dicha medida, si bien limita a las partes a tener acceso a la tarea investigativa, tiene como principal objetivo minimizar cualquier riesgo que pudiera ocasionar la publicidad de la misma, tanto en su producción como en su resultado. Por último, sin perjuicio de ser la hipótesis delictiva inicial de la causa, se solicitó al Juzgado Federal la recaratulación de la causa, que ha quedado registrada como EXPTE FCR 8232/2017 “N.N. s/ desaparición forzada de personas Art. 124 ter del Código Penal”.

En esa misma línea, las Organizaciones de Derechos Humanos reclaman nuevamente se avance en la identificación, secuestro, y peritaje de las armas que fueron utilizadas en la represión del 1º de agosto, en las pericias sobre la totalidad de los sistemas de comunicación de Gendarmería y que se investiguen las cámaras de seguridad y videos filmaciones de la zona.