DERECHOS DEL NIÑO

Chicas y chicos de todo el mundo fueron reconocidos como sujetos de derecho y con voz propia hace 25 años cuando se sancionó la Convención de los Derechos del Niño, un hito que marcó un cambio de paradigma que en Argentina se plasmó en grandes logros en salud y educación, aunque quedan retos por cumplir como la implementación del Defensor de los Derechos del Niño.
“La Convención de los Derechos del Niño se sancionó en un contexto difícil, en pleno auge de las políticas neoliberales, y marcó un cambio ideológico porque abandonó al sistema tutelar, esto es la idea de que los niños son objetos y los adultos debemos decidir por ellos, para pasar a un sistema que le reconoce todos sus derechos y les da voz”, indicó Nora Schulman, directora ejecutiva de la Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN).
Este cambio de mirada “implicó entender a los niños como personas con derechos humanos, como los adultos, pero con algunos más específicos por sus edades y dejó atrás la mirada asistencialista sobre los chicos”, explicó Florence Bauer, responsable de UNICEF Argentina.
Para Bauer, otro de los conceptos centrales que introdujo el tratado internacional fue el “bien superior del niño”, que “a nivel micro se puede aplicar en un divorcio, por ejemplo, ver qué es lo más conveniente para el chico; pero a nivel más general se traduce en aumento de presupuesto para políticas públicas destinadas a la infancia”.
La Convención, sancionada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), es un tratado internacional que reconoció derechos económicos, sociales y culturales a niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ninguna índole.
“Se trata de una herramienta vinculante, esto significa que los países que suscriben tienen que cumplir con la letra y que, en caso contrario, pueden ser sancionados”, explicó Bauer.
En 1990 Argentina adhirió a la Convención y en 1994 se le dio rango constitucional al incorporarla en la reforma de la Constitución Nacional.
“Durante más de 15 años las organizaciones trabajamos incansablemente para poder ‘bajar’ los conceptos de la Convención a una ley que permitiera su aplicación, y esto lo conseguimos recién en 2005, con la sanción de la Ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, detalló Schulman.
Un año antes de la sanción de la ley nacional, las organizaciones que venían trabajando en forma conjunta por la aplicación del tratado internacional lanzaron oficialmente el CASACIDN, integrado por unas 25 ONG’s independientes del Estado argentino y de los organismos internacionales.
“Elaboramos un primer informe en 1994 y la situación en Argentina era un desastre pero, además, las instancias de diálogo con el Estado eran nulas. Los avances que se hicieron en estos años en cuanto a la creación de una institucionalidad acorde a la Convención fueron enormes”, sostuvo Schulman y añadió: “Hoy nos faltan ajustar muchas cosas, pero existe una posibilidad de diálogo y esto es fundamental para la sociedad civil”.
Para Alejandra Perineti, directora de la filial Argentina de Aldeas Infantiles, una organización que trabaja con niños y adolescentes desde hace 65 años en el mundo y 35 en el país, la Convención también fue “un hito” y representó el “tratado más importante de derechos humanos que existe en la historia de la humanidad”.
“Durante más de 100 años cuando había conflicto de cualquier índole en una familia lo primero que se hacía era separar al niño. Aldeas surgió en el mundo en respuesta a esto, creando centros de acogimiento familiar y cuestionando que la única medida de protección posible sea la separación familiar”, describió Perineti.
Y continuó: “En Argentina desde el inicio de la democracia que se comenzó a cuestionar el sistema tutelar y, en ese camino, la adhesión primero a la Convención y después la sanción de la Ley de Protección Integral pusieron de relieve la necesidad de aggiornar las prácticas”.
El “aggiornamiento” de las prácticas significó en lo concreto que muchas organizaciones tuvieran que reorientar sus programas: “En Aldeas, por ejemplo, a partir de 2007 creamos programas de fortalecimiento familiar y desarrollo comunitario, esto es, lejos de la idea de ‘sacar al chico de la familia’ lo que se busca es ver cuáles son las necesidades de esa familia cuyo hijo o hija está en situación de riesgo y tratar de contener y brindar herramientas de cuidado”.
“Éste es el cambio: las organizaciones que tenemos hogares con niños estábamos acostumbradas a tener a los chicos allí durante años sin trabajar con las familias; hoy esto resulta imposible”, aseveró.
Pero más allá de los avances en la sociedad civil, Schulman reconoció que “hoy existe una política pública de reconocimiento de los derechos de los chicos, de creación de los organismos correspondientes a lo que requiere la Convención y la Ley 26.061, incluso en los diseños de programas por parte del Ministerio de Desarrollo Social, y de su Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).”
Al hacer una lectura global, la representante de Unicef elogió al país a través de algunos indicadores: “En estos 25 años el gasto nacional destinado a la infancia aumentó un 80 por ciento; Argentina destina hoy el 6,7 de su PBI a los niños, porcentaje similar a Brasil y México y superior a Uruguay; hubo una reducción del 57 por ciento en la Mortalidad Infantil; hubo un aumento en las inmunizaciones de vacunas, entre otros aspectos”.
“También -continuó- en el ámbito de la educación han habido avances: la universalización de la primaria y un aumento en la población secundaria, aunque aquí hay que lograr una mayor retención, porque todavía hay un porcentaje alto que no se recibe”.
Las tres referentes coincidieron en que existe un avance importante en referencia a la baja en la institucionalización de chicos, un claro objetivo de la Convención y la ley aunque, advirtieron, “hay que seguir trabajando para que lleguemos a cero”.
Bauer remarcó, además, algunos temas pendientes en Argentina que son comunes al resto del mundo como la violencia, tanto en las casas como en las escuelas, la obesidad infantil, y las grandes brechas que se ven dentro del mismo país: “La mortalidad materna en Formosa es de 15 por 100 mil cuando la media del país es de 3.3 por 100 mil, entonces hay que tener cuidado con los promedios”.
Por su parte, Schulman mencionó entre ‘los pendientes’ la necesidad de crear “la institución del Defensor de los Derechos del Niño, que sería clave en cuanto al resguardo de derechos en forma colectiva. También falta una Ley Penal Juvenil que nos permita evitar el encierro de tantos jóvenes y, fundamentalmente, queda todavía pendiente un gran cambio cultural”.
“Este cambio cultural es necesario en toda la sociedad, pero fundamentalmente en la Justicia, donde vemos que todavía existe resistencia a escuchar al chico, o bien se los obliga a revincularse con sus padres denunciados de abuso”, concluyó.

Fuente: Télam