En lo que considera “un procedimiento ilegal”, la legisladora María Rosa Muiños, jefa del Bloque Peronista, elevó un pedido de informes a la Legislatura porteña, para que el Ejecutivo de la Ciudad de cuentas de qué forma y con qué criterios, está llevando se están llevando adelante procesos para definir los nombres de algunas comunas.
Hace dos semanas, exactamente en la sesión el jueves 9 de marzo, este pedido contó con la suficiente anuencia de ediles. Por esto días, se está a la espera de la respuesta del Ejecutivo porteño, que deberá explicar entre otras cosas, las razones por las que la Secretaria de Participación Ciudadana está adelante procesos para definir la el nombre de algunas comunas, a través de mecanismos que violan la Constitución de la Ciudad y la Ley de Comunas.
“En el mes de febrero la Secretaría de Participación Ciudadana, organismo que depende de la Jefatura de Gobierno porteña, publicó a través de las redes sociales de Facebook y Twitter una encuesta para ponerle nombre a la Comuna 1”, señaló la legisladora que elevó el pedido de informes al cuerpo parlamentario, en un comunicado de prensa, y consideró además que: “Esta forma de proceder es ilegal, dado que ignora la instancia de consulta popular que establece la 1.777 (Ley de Comunas)”. “Por Ley, la consulta popular debe ser convocada por la Junta Comunal y solamente pueden votar los vecinos de los barrios que la integran. Luego, la Legislatura debe dar su aprobación en doble lectura”.
“El primer antecedente de este tipo de procedimiento fue la elección del nombre de un puente de la Comuna 15, donde, a través de medios electrónicos, votaron más personas que las que conforman esa comuna, sin ningún tipo de fiscalización y sin transparencia”, señaló Muiños y añadió: “Como este es un año electoral, se pueden realizar consultas populares en todas las comunas para que elijan su nombre sin que conlleve gastos adicionales, tal como ocurrió en 2015 en la Comuna ‘Lisandro de la Torre’ (ex Comuna 9), cuya nueva denominación obtuvo el 80% de aprobación, es decir, que 66.051 vecinos acompañaron la iniciativa de sus comuneros”.
“Gracias a aquella exitosa experiencia, los 105 comuneros electos en la Ciudad saben que con el voto de tan sólo cuatro integrantes de la Junta, pueden llamar a consulta popular para decidir no sólo el nombre de su comuna, sino cualquier otra cuestión que los afecte directamente”, añadió.
También, Muiños denunció que «El Gobierno de la Ciudad otorga 70 millones de pesos a un programa que se dedica a publicar encuestas por Twitter para ponerle nombre a las comunas a través de maniobras ilegales que arrasan con el derecho de sus habitantes a participar en las cuestiones que los afectan directamente».